La política del látigo y los gobiernos provinciales
El gobierno de Río Negro anunció la “emisión de bonos con un fuerte ajuste” y estima un próximo escenario de conflictos salariales en el primer semestre del año. Pareciera que la actitud del gobernador de Corrientes que irritó tanto al propio Capitanich, de anunciar emisión de bonos y “cuasi monedas” ante la crisis que vive esa provincia, sigue su derrotero en Río Negro. En ámbitos oficiales se conoce que Río Negro estaría cediendo sólo en el año 2013 a la Nación la friolera de $ 2.609 millones, por algunos conceptos, a los cuales hay que sumar los diez puntos de coparticipación que nos corresponde por ley. El impacto en las finanzas provinciales de este monto equivaldría al 133% de la recaudación propia y al 41% del gasto en personal (fuente “Río Negro”). Asimismo, y al igual que el resto de las provincias, hace escasos días Río Negro logró la prórroga del pago de los intereses y capitales de su abultada deuda, pero sólo por tres meses. La reforma constitucional del año 1994 previó en su cláusula transitoria sexta que un nuevo régimen de coparticipación, conforme a las facultades establecidas en el inciso 2 del artículo 75, debería ser sancionado antes de finalizado el 1996. Tras 17 años del vencimiento de esta importante manda constitucional, es hora de empezar a trazar el camino del diálogo político e institucional para saldar esta gran deuda de nuestra democracia. La falta de una nueva ley de Coparticipación Federal que incorpore criterios objetivos y solidarios de distribución de los recursos tributarios entre las provincias es una de las principales deudas estructurales de nuestro sistema federal. Los porcentajes de distribución entre las provincias datan del año 1988 y, aun con el régimen actual, a las provincias se les debe casi 10 puntos de coparticipación. Incluso éstas han visto mermados sustancialmente sus recursos para financiar el traspaso del sistema jubilatorio de reparto al sistema de Administradoras de Fondos de Pensión (AFJP). Por este traspaso la Anses se queda hoy con el 15% de la masa coparticipable, pese a que desde el 2008 se ha vuelto al sistema de reparto. Al día de la fecha los recursos acumulados únicamente, por la detracción del 15% de la coparticipación, suman un pasivo (a precios actuales) de $ 152.000 millones de pesos. Sólo en el 2013 esta detracción representa más de $ 31.000 millones de pesos. A la provincia de Río Negro, por ejemplo, se le adeudan 800 millones por los recursos retenidos durante este período. Asimismo, las numerosas asignaciones específicas en los impuestos han desviado sustanciales recursos que son propios de las provincias, como el caso de la asignación específica del impuesto al cheque que destina el 70% al Tesoro Nacional. La prórroga de la deuda: como en diciembre del 2011 vencía el período de gracia de capital e intereses, se sancionó la resolución 33/2011 que extendía el plazo hasta el 31 de diciembre de este año. Ante el escenario de crisis producida por saqueos y reclamos salariales a lo largo y ancho del país, el 27 de diciembre el gobierno nacional se vio obligado a convocar a los gobernadores y firmar un acuerdo, mediante el cual se extiende el período de gracia de capital e intereses solamente hasta el 31 de marzo de 2014. A diferencia de los últimos dos acuerdos que eran por dos años, este acuerdo es sólo por un trimestre. De los $ 4.671 millones de deuda al 31/12/2012 (última información oficial disponible), casi 75% son con la Nación. De la deuda de Río Negro a diciembre del 2012, $ 3.362 millones corresponden a una deuda con el Ministerio de Economía de la Nación (Bogar 18 y Programas de Asistencia 2010, 2011 y 2012) y 80 millones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Resumiendo, podemos afirmar que, si no se renueva el acuerdo, desde abril de este año la Provincia debería pagarle a la Nación 29 millones de pesos mensuales y desde la instrumentación de este acuerdo la Provincia reduciría su deuda con la Nación en $ 469 millones de pesos. El plazo del acuerdo es muy corto, sólo tres meses de prórroga y con condicionalidades que parecen muy discrecionales para lograr la prórroga. Desde que apareció el decreto 660/2010, nuestra posición es que los fondos de ATN tendrían que coparticiparse a fin de cada año acorde a los coeficientes de coparticipación que el decreto establece y que discrimina a las siete provincias sin deudas, beneficiando sólo a las provincias que tienen deudas con la Nación. En virtud del escenario planteado, Río Negro debe debatirse ante un profundo dilema: asumir una posición soberana de defensa de sus recursos genuinos y, en definitiva, defender los derechos constitucionales de sus ciudadanos, o seguir arrodillado ante su majestad, el gobierno nacional, poniendo en riesgo la institucionalidad. La política del látigo empieza a perder fuerza en las provincias y ponerse de rodillas ante el poder central se ha convertido en una actitud indigna que ya resulta imposible de sostener aun para los propios gobernadores que no desean enojar a la presidenta bajo ningún aspecto. (*) Senadora nacional por Río Negro FAP-Unen-CC-ARI
MAGDALENA ODARDA (*)
