La política esquiva el ajuste

El gobierno consiguió esta semana aprobar su ley ómnibus de emergencia económica, que le dará amplias facultades para modificar tributos, renegociar deudas, definir salarios y actualizar jubilaciones, en una nueva delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo, casi una costumbre desde la crisis del 2001. Además, mantiene inalterable una premisa respetada por todos los partidos: la clase política eludirá cualquier recorte de gastos, mientras exige a distintos sectores sociales un “esfuerzo” para poder sacar al país de la crisis.

La premisa del paquete económico avalado por el Congreso es que hay sectores sociales que ya sufrieron demasiado y a quienes se busca beneficiar con una redistribución para alentar el consumo: asalariados, jubilados de la mínima, beneficiarios de la AUH. Por otra parte, se busca desalentar la compra de dólares para ahorro, viajes y compras al exterior con un aumento del 30% en los impuestos a las transacciones cambiarias. La moratoria impositiva, congelamiento de tarifas y la baja de tasas prevé aliviar a pymes, mientras se renegocia la deuda con el FMI y privados.

En este esquema, a quienes se pide “un mayor aporte” será a la clase media, con las subas a bienes personales, los impuestos al dólar, la probable suba de Ingresos Brutos y la suspensión de la movilidad jubilatoria, ya que las sumas por decreto priorizarán a las categorías más bajas. Al agro se le carga con la suba de retenciones y a las firmas energéticas con el congelamiento tarifario.

Sin embargo, la clase política se cuidó prolijamente de realizar cualquier contribución al “esfuerzo” colectivo para paliar el hambre y la pobreza. Los haberes de expresidentes, funcionarios de alto rango, diplomáticos, jueces y otros regímenes de privilegio mantendrán actualizados sus haberes por inflación. Se trata de jubilaciones promedio de entre $ 335.000 (diplomáticos) y $ 230.000 (jueces) mientras se ralentiza a quienes perciben más de $ 29.000. Tras el escándalo, el presidente prometió suprimir estos regímenes de privilegio por ley, algo que todavía está por verse: ya fue anunciado otras veces y siempre fue postergado.

Por otra parte, los gastos y viáticos de legisladores y funcionarios que viajen al exterior quedarán exentos del impuesto a la compra de dólares. “Apple Store, allá van nuestros representantes”, fue el irónico comentario de un opositor en el Congreso.

También se pactó con los gobernadores el fin del Consenso Fiscal, que incluía la baja de impuestos provinciales distorsivos, como Ingresos Brutos, a la producción.

En el Ejecutivo, mientras el gobierno de Fernández fustigaba a su antecesor Macri por intentar dejar “atornillados” a funcionarios políticos nombrándolos en planta permanente, al mismo tiempo derogaba el decreto que impedía el nombramiento de familiares en ministerios y subsecretarías. De inmediato se denunciaron casos de nepotismo en el PAMI, Defensa y Cancillería, entre otros.

Resulta elocuente que mientras los legisladores pedían a viva voz un “esfuerzo” por la mayor presión impositiva a la economía en blanco, mantuvieran riguroso silencio ante propuestas de congelar dietas o recortar gastos como gesto político.

En un país con casi el 40% de pobreza y donde un 60% de los trabajadores gana menos de 30.000 pesos, los sueldos de un ministro llegan a 280.000 pesos y los legisladores en promedio a 200.000. Cada senador tiene en promedio 24 asesores, con algunos récords de 60, según la propia web de la Cámara Alta. Verdaderas pymes pobladas de familiares, amigos y operadores que cobran excelentes salarios para hacer política.

En medio de la crisis, nuestra clase política, además de pedir esfuerzos, debiera dejar actitudes corporativas y dar muestras de austeridad y transparencia en sus gastos y la designación de personal. Y buscar soluciones de fondo para estabilizar de manera consistente la economía, como un régimen jubilatorio unificado y sin privilegios, que permita reforzar ingresos a los más vulnerables sin castigar a quienes operaron en blanco y aportaron toda su vida.