La politización de la Justicia
COLUMNISTAS
Desde algunos círculos intelectuales afines al kirchnerismo se cuestiona el paradigma liberal del Derecho, entendiendo por tal el que ofrece una visión aséptica, neutral y formal del espacio jurídico. Supuestamente esta visión entraría en conflicto con una concepción “emancipatoria” del Derecho, que se diferenciaría de la liberal por no ocultar el conflicto político subyacente. Desde esta última concepción, por ejemplo, la decisión del juez Griesa de Nueva York nunca podría ser autónoma y de últimas estaría respondiendo al entramado de intereses que conforman el sistema financiero internacional. Por consiguiente, resulta comprensible que desde esta perspectiva se formule una convocatoria exaltada a “dar batalla contra quienes se sirven de las normas para disfrazar la voluntad de los poderosos”.
El rechazo de los intelectuales kirchneristas a los postulados del liberalismo jurídico va en la dirección contraria a los esfuerzos que se demandan actualmente, en las sociedades democráticas, para que el Poder Judicial adquiera mayores niveles de profesionalidad, rigor, imparcialidad e independencia. Como se ha comprobado recientemente, todo el esfuerzo realizado por el gobierno de CFK para “democratizar la Justicia” ha derivado en el intento desembozado por politizarla, es decir someterla al dictado del ocupante del poder. Esta vulgarización del rol de la Justicia se verifica en el discurso esquizofrénico del ministro Axel Kicillof, que un día le imputa a Obama no haber disciplinado al juez Griesa y al siguiente acusa al juez de plegarse al establishment financiero.
Fácil es deducir que para esta concepción el juez es siempre una marioneta. O responde a los poderosos grupos financieros o se pliega a las demandas de los gobiernos populares. Desde este particular punto de vista el juez independiente, intérprete riguroso de la ley, es una entelequia, una falsedad que oculta el rol instrumental que siempre juega. Como se percibe, lejos de ser una visión moderna y “emancipadora” del Derecho, estamos ante el más ramplón intento de vencer la independencia del Poder Judicial para colocarlo, al igual que el resto de los poderes del Estado, en condiciones de servidumbre.
El ejercicio de prestidigitación intelectual consistente en invocar la falta de independencia de los jueces para, a continuación, reclamarles la subordinación al poder no es novedoso. Forma parte de la tradición intelectual del leninismo, que primero impugnaba y denostaba a la democracia por ser meramente “formal” y a continuación, sin solución de continuidad, pasaba a defender la “dictadura del proletariado”. Esa concepción ha sido recuperada, en una versión más atenuada, aceptando a regañadientes la democracia formal pero renegando de sus fundamentos, por el socialismo bolivariano de Hugo Chávez e impregna la visión que tienen algunos intelectuales que apoyan al kirchnerismo.
También se percibe claramente esta conceptualización en la versión del populismo posmarxista de Laclau, para quien las instituciones no pueden tener independencia alguna y siempre son utilizadas instrumentalmente por los poderosos o por los gobiernos populares cuando logran ocuparlas. Toda actuación política aparece significada por la lucha emancipatoria que libra el pueblo contra las fuerzas de la opresión y del mal que en su discurrir van adoptando cambiantes expresiones. De este modo los enemigos del pueblo van variando: desde la oligarquía tradicional hasta las grandes corporaciones económicas, los medios de prensa hegemónicos o, esporádicamente, algún sujeto especialmente malvado, como es el caso singular de Héctor Magnetto.
Desde una perspectiva republicana, en cambio, la independencia de la Justicia es la garantía de la imparcialidad del juez, esencia de la función jurisdiccional. El juez debe actuar sin coacción externa y venciendo sus propios prejuicios, otorgando al justiciable lo que en Derecho le corresponde. Es lo que sin duda los ciudadanos esperan del juez: que actúe en forma desinteresada, sin favoritismo ni apasionamientos, adoptando una posición equidistante y ecuánime, garantías que nunca podría ofrecer un juez político.
En realidad, quienes dicen superar el paradigma liberal del Derecho en el fondo están siendo arrastrados por una visión teológica de la política, siguiendo la dirección marcada por Carl Schmitt. La idea del conflicto político como esencia que permea las instituciones tiene una indudable matriz religiosa. Fue el sociólogo francés Émile Durkheim quien en 1912 exploró por vez primera los estrechos vínculos entre el pensamiento político y el religioso al indagar las formas elementales de la vida religiosa. Afirmaba que todas las creencias religiosas conocidas, sean simples o complejas, suponen la clasificación de las cosas, reales o irreales, en dos géneros opuestos que traducen las palabras profano -fuera del templo- y sagrado. Se trata de dos mundos entre lo que no hay nada en común y, “aunque las formas de oposición son variables, el hecho mismo de la oposición es universal”.
Para Durkheim incluso la distinción entre la derecha y la izquierda es producto de representaciones religiosas. Desde su perspectiva, lo religioso es social y lo social es religioso. De modo que la representación de un espacio de izquierda puro e incontaminado que enfrenta a una derecha inescrupulosa y vil está atravesada por un claro maniqueísmo religioso. Es notable que un pensamiento que fue expuesto para entender el fenómeno religioso hace exactamente cien años goce de plena actualidad para darnos las claves interpretativas del peculiar fenómeno kirchnerista que nos interpela.
ALEARDO F. LARÍA
aleardolaria@rionegro.com.ar
ALEARDO F. LARÍA
