La propiedad, el suelo y los profesionales

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Omar Reggiani (*)

Con el pasar de los años, el déficit habitacional se profundiza y su solución se complejiza, lo que hace cincuenta (50) años se manifestaba como un problema con soluciones que sólo apuntaban a la construcción de viviendas nuevas y esa única forma de atacar el problema hoy parece que no conforma ni resuelve, en su totalidad, un tema tan complejo como el hábitat popular. Hace décadas la solución habitacional pasaba sólo por el Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda), a diferencia de los últimos años cuando se ha implementado una serie de programas para dar respuesta a una variada demanda con diversidad de ingresos; por ello, el Programa de Crédito Argentino, el Programa Federal de Construcción de Viviendas, el Programa Federal Mejor Vivir, el Emergencia Habitacional, el Programa de Villas y Asentamientos, entre otros, forman parte de un menú esencial para abarcar y solucionar no sólo el déficit sino el deterioro habitacional de los hogares. La solución para los sectores marginados no puede estar ajena de la intervención directa del Estado, pero además debe integrar la mirada solidaria de toda la sociedad, una que hoy mira de costado a los sectores más vulnerables, claramente, marginándolos. Por esto es que podemos decir que la marginalidad de un grupo enorme de ciudadanos no es sólo económica, sino social, y el incumplimiento de los derechos ciudadanos es un hecho no contemplado por una clase social más pudiente que ignora desde el egoísmo “al otro”. Revertir esta mirada o, mejor expresado, esta “no mirada” es un desafío enorme para aquellos que tienen responsabilidades formativas en la sociedad. La educación en sus diferentes instancias debe ocuparse de crear una mirada solidaria que incluya, que no margine y que contrarreste el discurso de los sectores referentes del mercado económico, sector que más se beneficia con el individualismo, la marginalidad y la exclusión. Párrafo aparte, dentro de las instituciones educativas, es el que merece la universidad pública y en particular las facultades de Arquitectura. Éstas deben poner acento (más que en la formalidad del lenguaje arquitectónico) en el rol social que ocupan los profesionales formados en sus aulas. Deben dejar de lado la mirada liberal de la arquitectura, la que margina a los sectores populares y que sólo “apunta al éxito de una arquitectura elitista”, para comenzar a contemplar y reflexionar sobre las realidades urbanas regionales (contenedoras de lo económico, lo social, lo político; un todo que puja, tensiona y sintetiza el entramado territorial) y de esa manera lograr arquitectos comprometidos con los sectores populares. Reiteradamente oímos hablar de “lo social” en múltiples facetas del discurso cotidiano y sin lugar a dudas que “la cosa social” es la “cosa” de todos. Para definirlo con claridad, “lo social” es “lo inherente a la sociedad en su conjunto” y en este caso está muy relacionado con la igualdad de oportunidades que tienen todos los ciudadanos sobre la “cosa pública”. Ahora bien, cuando se desliza el vocablo “social” como adjetivo calificativo de un sustantivo, por ejemplo “vivienda”, comienza a ocultarse lo que realmente quiere decirse con la expresión “vivienda social”… o acaso hay una vivienda “no social” o “antisocial”; claro que no, todas tienen y son de carácter social (como bien se escucha decir permanentemente), pero el trasfondo de ese discurso es el que, cuando se dice vivienda de carácter social, en realidad quiere decirse casa para pobres, lo que desde un criterio clasista los urbanistas clásicos llamaron vivienda obrera y que hoy podemos llamar, sin temor al error, como populares. Aquí es donde retomaremos el concepto de arquitectura popular y del profesional comprometido (sin demagogia) con las clases populares, uno que esté al servicio de éstas, para que la ciudad sea inclusiva y para que el derecho a la propiedad también esté dirigido a los que menos tienen. Las unidades académicas donde se forman los futuros arquitectos no pueden permanecer al margen de una discusión central en materia urbano-territorial, como lo es el mercado inmobiliario, la tenencia y el valor urbano del suelo. Es necesario recordar que durante más de una década el Banco Mundial sostuvo expresiones tales como: “Los programas de viviendas de alquiler son el talón de Aquiles de la práctica habitacional del Banco. Durante muchos años, el supuesto tácito de los gobiernos y del Banco ha sido que la tenencia de una vivienda es una aspiración universal. Esto dista de ser verdad. Existen muchas personas (incluyendo grupos altamente vulnerables) que no pueden o no quieren ser propietarias y que, por ende, preferirían arrendar una vivienda. En forma similar y en general, la gente joven en economías en vías de desarrollo alquila, ya que se traslada entre trabajos y ciudades y encuentra que alquilar una vivienda es la forma más rentable de poder aprovechar mejores oportunidades”. Nada que agregar, los organismos que financiaron la política habitacional en la década de los 90 lo expresaban con mucha claridad: la “no propiedad” hace a una persona, “ciudadano itinerante” y el derecho universal al hábitat una mentira, ya que según el Banco el sector popular de la población “no quiere” “ni le es conveniente ser propietario”, pero además y sin ponerse colorados, expresaban en sus documentos que “Las políticas gubernamentales, por otro lado, han sido hostiles al alquiler de viviendas y esto se refleja en los tratamientos fiscales, las leyes de control del alquiler, etc. Existe la necesidad de comprender mejor este mercado en términos de su tamaño actual (al menos en los principales centros urbanos), composición social de los inquilinos, alquiler que realmente se cobra en los diferentes submercados, tasas estimadas de desocupación y participación no declarada/informal en el mercado”. Queda muy claro que lejos está de este discurso la socialización de la propiedad del suelo. Para decirlo en términos más simples, que cada hogar sea titular de su vivienda y con ello que sus miembros se sientan ciudadanos y no simplemente habitantes, y es la propiedad del suelo una de las variables que reafirman ese concepto de ciudadanía. Los resortes del mercado inmobiliario ejercidos por los “dueños” de un producto finito, como lo es el suelo, imponen reglas y establecen precios inaccesibles para las mayorías populares y los sectores marginados de la población; en ese lugar es donde debe escucharse la voz de los profesionales denunciando el negocio y donde las universidades tienen la obligación de esclarecer una realidad oscurecida por la especulación inmobiliaria. Las herramientas para evitar desigualdades de este tipo existen y están al alcance de los gobiernos, sean éstos municipales, provinciales o el gobierno nacional. La solución a estas desigualdades se nutre, por un lado, de la voluntad política de enfrentarse con los capitales especulativos, algo no muy frecuente y que sucede al movilizar recursos; por ejemplo, con el Procrear se colocan tierras fiscales a competir en una plaza mayoritaria de tierras privadas, esto sin dudas “desbalancea” y corrige precios de un mercado captado por el sector empresarial. Otro factor fundamental que posee el Estado para regular el mercado es volcar elementos técnicos y legales sobre la renta urbana, suelo ocioso, renta diferencial del suelo y sus variables legislativas, jurídicas, financieras y políticas. En este último punto las universidades, sus planes de estudios, los alumnos y finalmente los profesionales son el recurso técnico básico, formado para darle más equidad al sistema inmobiliario, brindarle una mirada menos mercantilista y más humana y que debe inyectarse para sopesar una balanza que en materia habitacional –como en otros temas– hoy se inclina del lado de la especulación. (*) Arquitecto – oreggiani20@yahoo.com.ar