La querella también acusaría a Fernández de encubrimiento

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José Cusit

Castañeda desistiría de una imputación más grave al hijo del intendente de San Martín.

SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- La querella en la causa por el asesinato del policía José Aigo desistiría de pedir la imputación de Marcos Fernández como partícipe necesario del crimen, y podría coincidir con la fiscalía en solicitar al juez de Instrucción la elevación a juicio por falso testimonio y encubrimiento agravado. Si bien la querella se pronunciará probablemente después de la feria de invierno, el abogado Saúl Castañeda, representante de la viuda Graciela Soto, dio a entender ayer que habría un cambio en la estrategia que venía sosteniendo en esta parte del proceso, con varios pedidos de prueba y testimoniales orientados hacia la presunta responsabilidad del hijo del intendente de San Martín de los Andes en el homicidio triplemente calificado del policía. De hecho, la querella había solicitado en mayo pasado al juez Andrés Luchino el llamado de un nuevo testigo que conocería detalles de la ruta seguida por el joven Marcos Fernández desde Mallín Ahogado a Pilolil, junto con los ciudadanos chilenos Salazar Oporto y Cortés Torres. A la postre, ambos están prófugos por el asesinato de Aigo, tras aquel fatal desenlace ocurrido durante un procedimiento rutinario de la Brigada de Tránsito Rural. Fernández, quien no se resistió a la detención, era el propietario y conductor de la camioneta aquella madrugada del 7 de marzo de 2012, cuando Salazar Oporto disparó a matar contra el sargento al momento en que éste le solicitaba su documentación identificatoria. Luego se conocería que Salazar Oporto y Cortes Torres son sindicados como miembros de organizaciones políticas clandestinas que reivindican la lucha armada. Luchino no contestó en su momento aquel planteo por un nuevo testigo, y corrió vista a la fiscalía de Manuel González, quien finalmente dio por cerrada la instrucción para el ministerio público y solicitó a Luchino la elevación a juicio por falso testimonio y encubrimiento agravado. En ese sentido Castañeda dijo que estaba abocado al análisis del pronunciamiento del fiscal, conocido el martes, pero de momento deslizó que la querella podría inclinarse finalmente también hacia la imputación por falso testimonio y encubrimiento agravado. Esa doble figura implicaría una pena máxima de seis años en caso de condena en firme, mientras que por participación necesaria el castigo sería equivalente al del homicida material. Para la fiscalía, Fernández mintió para encubrir a Salazar Oporto o para desviar la atención de los investigadores.