La ruta de la denuncia en la Línea Sur de Río Negro: un largo camino para salir de la violencia
En las localidades de la zona, no hay casas refugio ni Servicio de Atención Territorial. El caso Nahiara en el paraje Las Mochas reabrió el debate sobre las respuestas que brindan los dispositivos estatales. Funcionarias y activistas opinan sobre el tema.
Los juzgados de Paz son lugares en los que se recepcionan denuncias.
Con 203.013 km cuadrados de superficie y una baja densidad poblacional, la provincia de Río Negro es parte de una realidad que se profundizó en las vidas y los cuerpos de las mujeres en el aislamiento que impuso la pandemia. El aumento de las denuncias, situaciones de riesgo y emergencia por casos de violencia de género, durante el confinamiento, se visibilizó en las estadísticas oficiales y no solo allí. Se materializó en lugares como la Línea Sur rionegrina, donde el aislamiento por las distancias es moneda corriente.
La región sur abarca un territorio más extenso que el de la provincia de Tucumán. Con unos 14.000 habitantes dispersos en una superficie mayor a 27.106 km cuadrados, esta zona nuclea a unas 12 localidades y comisiones de fomento, la mayoría del departamento 25 de Mayo. Para llegar a esta región desde cualquier lugar de la provincia, se deben transitar caminos como los de la Ruta Nacional 23, de ripio y sinuosos. ¿Así también es la ruta para denunciar?
“En cada territorio se articula respecto a las estructuras que hay”, explicó a Río Negro Luz Val Heredia, secretaria de coordinación de Políticas Públicas de Género, quien preside el Comité Provincial para el Abordaje Integral de Políticas Públicas con Perspectiva de Género y Diversidad, creado hace casi un año.
Lo cierto es que en las localidades de la Línea Sur los dispositivos se acortan respecto de las grandes ciudades. Para denunciar o abordar situaciones de violencia de género hay comisarías, juzgados de Paz en siete de las doce localidades, solo tres comisarías de la familia en toda la región (en Valcheta, Los Menucos y Sierra Colorada) y unos nueve hospitales y centros sanitarios, que dependen del hospital zonal cabecera Francisco López Lima. No hay Servicio de Atención Territorial (SAT) ni tampoco casas refugio por el momento.
Aún así, durante la pandemia hubo un crecimiento de las denuncias por hechos de violencia de género y los organismos dependientes del ministerio de Desarrollo Humano de la provincia han realizado traslados en casos en los que una mujer quedaba encerrada con su agresor , así como también pagos de alojamientos. En lo que va del 2021, de enero a julio, hubo 22 intervenciones en situaciones de violencia hacia mujeres en la delegación de ese ministerio en la zona sur.
“Las denuncias se duplicaron al 100% en pandemia”, sostuvo una de las voceras de la Campaña por la Emergencia en Violencia contra las mujeres de Maquinchao.
Amanda Almirón, subsecretaria de Atención integral a personas en situación de violencia de género, dependiente de Desarrollo, señaló que el mes pasado se llevó adelante la primera mesa regional de género en la zona sur (en Los Menucos) donde se realizó un diagnóstico de problemáticas comunes y líneas de trabajo. Almirón habló del rol fundamental de la prevención y la promoción desde el Estado y las políticas públicas. Uno de los lugares desde donde se piensa trabajar para fortalecer a la Linea Sur es en espacios de prácticas deportivas, que es una de sus fortalezas. “Tenemos que hacer conocer a las personas que tienen derechos y que uno de ellos es llevar adelante una denuncia”, aseguró.
La funcionaria comentó que es un territorio donde hay pocas denuncias, pero no son pocas porque no hay situaciones de violencia, sino porque cuesta más, según lo que se observa en las reuniones en articulación. “Tal vez no se toma conciencia de que se puede denunciar y es más difícil poner en palabras lo transitado. Hay muchos ingresos de situaciones por centros de salud, donde el operador/a de la salud, médico o médica, observa y denuncia (por ser su deber)”, rescató la funcionaria. “La realidad es que justamente la Línea Sur es una zona donde tal vez históricamente no se ha llegado con tanto con el Estado”, afirmó.
Las organizaciones sociales, como la “Campaña por la Emergencia en Violencia contra las Mujeres” o “Autoconvocadas” -que trabajan allí donde el Estado no llega- señalaron que poder denunciar no es solo un problema de tener una institución donde hacerlo, sino el cómo actúa y cómo está preparado ese dispositivo. Aseguraron que una de las principales trabas a la hora de avanzar con la denuncia tiene que ver con el acompañamiento a la mujer a una situación difícil de abordar en soledad.
“Muchas mujeres nos piden acompañamiento por no sentirse seguras al ir a realizar la denuncia”, comentaron desde la campaña de Jacobacci, quienes en contexto de pandemia acompañaron en total a unas 21 mujeres en situación de violencia; ocho denunciaron y 13 no lo hicieron.
Para las referentes, otro de los obstáculos con los que se encuentran a la hora de hacer efectiva la denuncia es que algunos funcionarios policiales no han querido tomarlas y destratan a las mujeres.
Desde Maquinchao, comentaron que a la hora de denunciar “se dificulta el procedimiento por falta de información de las mismas instituciones. Las denuncias quedan a cargo de la burocracia y las leyes siguen apoyando a los victimarios”, opinó la referente.
“En muchas instituciones nos encontramos con falencias por falta de conocimiento y capacitación en la problemática y muchas también falta de ética y secreto profesional”, aportó Fany Llanque, de Autoconvocadas Sierra Colorada.
El recorrido postdenuncia
El tránsito en una situación de violencia es largo y está lleno de obstáculos y tiempos. Pero para quien decide y puede hacer una denuncia, hay otros pasos más.
“Muchas de las situaciones que se viven en nuestra comunidad quedan cajoneadas. O no prosperan porque contamos con una Justicia lenta y tampoco hay apoyo de las instituciones”, dijo Llanque desde Autoconvocadas.
Si el caso llega a la órbita judicial, hay otros tantos kilómetros más que debe recorrer una mujer de la región sur respecto a la ciudad cabecera de la segunda circunscripción, General Roca.
“Para declarar se debe viajar a Roca. Esto se logra si la denunciante tiene los recursos y la persistencia necesaria”, aclararon desde Maquinchao. “En época de pandemia, se dificulta aún más llegar a Roca por falta de movilidad y transporte público”, sumaron desde Sierra Colorada.
Desde el Ministerio Público Fiscal, aseguraron a Río Negro que trabajan conjuntamente con los juzgados de Paz. En algunos casos y en plena restricción de circulación por la pandemia han realizado instancias de forma remota, por ejemplo, declaraciones en juicio.
Sobre la ruta de la denuncia y el acceso a la justicia, aseguraron que los juzgados de Paz y de Familia son los primeros que intervienen tras una denuncia, con medidas cautelares en el marco de la Ley 3.040. En el caso de que haya delito, interviene la fiscalía, que da instrucciones a la comisaría y establece comunicación con la denunciante. A veces se refuerzan las medidas cautelares. Luego, interviene la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) que la asiste con un equipo interdisciplinario y se trabaja en red con hospitales si se requiere la atención de otros profesionales. Si hay niños, se da intervención a la Senaf.
“El primer femicidio oficial en la Línea Sur marcó un antes y un después en nuestras vidas”, aseguró la referente de la Campaña por la Emergencia en Violencia de Maquinchao. Hablan del caso de Nahiara, una nena de tres años asesinada por su padrastro Carlos Erbin el 7 de abril del 2020 en plena pandemia, cuyo juicio se desarrolló esta semana en Roca.
Sin dudas, el caso sentó un precedente en la vida de muchas mujeres que habitan la Línea Sur y las motivó a salir a la calle en la primera movilización que hubo en Río Negro durante la cuarentena estricta. “El Estado es cómplice por la inoperancia de las instituciones (…) Este femicidio se pudo haber evitado, los organismos no actuaron con perspectiva de género en el tiempo correspondiente”, afirmaron desde la organización.
Meses después, Graciela Huenchuman (31) falleció en Jacobacci por “violencia obstétrica y “mala praxis, vulnerando sus derechos y dejando interrogantes en el caso, reflejando el desamparo que sufrimos en la Línea Sur”, cerraron desde Maquinchao.
En Río Negro, ¿cómo es el acceso a las instituciones del Estado para garantizar el derecho a denunciar? ¿Cuántas instituciones hay en el mapa para pedir ayuda y tratamiento? Luz Val Heredia, secretaria de coordinación de Políticas Públicas de Género, explicó que las comisarías, las fiscalías y comisarías de la Familia son lugares donde radicar denuncias por violencia de género, al igual que los juzgados de Paz. Para el abordaje y atención específica de situaciones de violencia de género, existen las comisarías de la Familia con equipos interdisciplinarios para asistir y asesorar y los Servicios de Atención Territorial (SAT). Su función es acompañar a través de la línea 144.
También los hospitales y los municipios reciben situaciones de violencia. La línea 911 de emergencias siempre está abierta para recibir emergencias desde cualquier lugar. La provincia cuenta con el Área de Género dentro del Programa RN Emergencia y desde 2016 hay dispositivos electrónicos de seguridad personal (tanto botones antipánico como el sistema dual) monitoreados por el programa.
No obstante, según un recursero oficial, de 47 localidades solo siete tienen juzgados de Familia desde donde se tramitan los procesos y se dictan las medidas cautelares. En seis de todas esas localidades hay defensorías de pobres y ausentes, donde se puede pedir asesoramiento y representación de un abogado sin costo. Hay 13 comisarías de la Familia dispersas en 47 localidades del territorio provincial y solo ocho SAT.
Por otro lado, Val Heredia informó que el gobierno provincial está en vías de firmar el convenio marco de colaboración y asistencia en materia de género con los intendentes, como parte del Programa ConsolidarNos (decreto N° 521/21). Esta iniciativa busca “fortalecer las áreas de género y diversidad de cada municipio, a través de capacitación, asistencia técnica y financiamiento”.
Para eso se destinará un presupuesto de $700.000 para cada comuna y un total de 27 millones presupuestados para este año.
Además, trabajan en las mesas regionales de género y diversidad por región, con las áreas de género municipales y los organismos provinciales para coordinar de manera más eficiente las intervenciones.
“En la Línea Sur ya se firmaron todos los convenios entre la gobernadora y los intendentes y están designados todos los referentes, con los que ya estamos articulando el trabajo”, aseguró la funcionaria.
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