La SIP denunció presiones y ataques a la prensa

«En un país que lentamente se va recuperando de la crisis social y económica más profunda que se recuerda, los medios de comunicación están aún muy lejos de mostrar alguna mejoría. Ante todo, se registra un grave atentado a la libertad de prensa cuando desde la Presidencia de la República algunos funcionarios presionan a través de llamadas telefónicas a medios de comunicación y periodistas que critican al gobierno». Con estas palabras, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció las presiones y ataques bajo los que deben trabajar los medios y periodistas argentinos, aunque también hace mención de un incremento de los peligros que enfrentan las libertades de expresión y de prensa en la mayor parte de los países de las Américas.

«En estos últimos años, la prensa ha visto caer en forma alarmante su circulación de ejemplares y su venta publicitaria, mientras los costos se han encarecido a raíz del aumento de insumos y equipos importados por efecto de la devaluación que triplicó el valor del dólar estadounidense. Las distintas administraciones que rigieron al país en este período implementaron medidas que no sólo no interpretaron esta realidad para revertirla, sino que impusieron condiciones cada vez más rigurosas y acrecentaron la ya agobiante presión impositiva», señala la SIP en las conclusiones de su cita semestral en Los Cabos (México).

Al referirse a la grave situación económica de diversos medios, la entidad señala que «algunas empresas periodísticas arrastran deudas fiscales que han resultado en embargos judiciales o intervenciones en sus cajas».

Los asesinos de Cabezas

Asegura la entidad que «desde la recuperación de la democracia argentina en 1983, el asesinato del reportero gráfico de la revista Noticias José Luis cabezas, ocurrido en la ciudad balnearia de Pinamar el 25 de enero de 1997, fue un atentado grave contra la libertad de prensa. En un juicio ejemplar, los principales responsables del crimen fueron condenados y se les aplicaron severas penas de reclusión. Lamentablemente, el 13 de noviembre pasado, la Sala I de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió reducir las penas a quienes fueron condenados como asesinos del fotógrafo. De acuerdo con la legislación que computa doble los años pasados en prisión sin un fallo firme, algunos de los encarcelados podrían quedar libres a fines de este año».

En diversos tramos del pronunciamiento, la SIP recuerda los últimos casos de agresiones a periodistas de todo el país y se refiere a lo sucedido con José María Delloro, reportero gráfico de la agencia Télam, que resultó agredido durante un enfrentamiento entre desocupados y policías en la ciudad de Neuquén. Delloro recibió un impacto de granada lacrimógena en su cabeza y debió ser trasladado a un centro asistencial.

No es un caso aislado. Entre los casos citados por la SIP también figura lo ocurrido en diciembre del 2003, cuando el camarógrafo Federico Torres y el cronista Alejandro Vargas, corresponsales de Canal 9, de Resistencia, que fueron alcanzados por balas de goma mientras cubrían una manifestación de trabajadores municipales en la ciudad de Corrientes. Por esos días, en la ciudad de San Cosme, Corrientes, sujetos que intentaban copar un establecimiento ganadero arrojaron a un zanjón un móvil del diario Época y obligaron a retirarse al fotógrafo Miguel Fleitas ante la pasividad de los efectivos policiales.