Las reformas laborales tensan la relación del gobierno con la CGT

El ministro de Trabajo defendió los cambios y señala que buscan reducir la informalidad. Para los sindicalistas, no es la vía y anticipan protestas.



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Cómo generar empleos y reducir la informalidad está en el centro del debate de principios de año con las centrales obreras. (Foto: archivo )

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El fuerte impulso que dio en los últimos días el gobierno a varios aspectos de la legisdlación laboral, con la promesa de promover la creación de empleos, puso en alerta a una importante porción del gremialismo, que sin dejar el perfil dialoguista realizó advertencias contra medidas que afecten derechos de los trabajadores.

Según informaron varios medios porteños, el gobierno publicaría esta semana un Decreto de Necesidad y Urgencia para modificar la Ley de ART con el objetivo de “reducir la litigiosidad del sistema de riesgos de trabajo” en relación a las indemnizaciones por enfermedad e incapacidad. Además, lanzó una fuerte campaña para demostrar a propios y extraños la necesidad de reconvertir los convenios colectivos; reducir costos y aportes patronales para generar empleo y atraer inversiones; producir un blanqueo o regularización laboral e instalar un nuevo sistema de pasantías, entre otros temas que causan escozor en el mundo obrero.

El primer encuentro de consejo directivo de la CGT del año “se realizará casi con seguridad el jueves 2 de febrero” próximo, admitieron a Télam varios dirigentes gremiales, quienes señalaron que “habrá algunos debates escabrosos, en especial respecto del incumplimiento total del sector empresario a los acuerdos antidespidos firmados en la Mesa del Diálogo”.

La conducción obrera que representa el triunvirato integrado por Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña mira de reojo la propuesta oficial de producir cambios en los convenios colectivos y, en general, estudia desconfiada toda la estrategia que el Ejecutivo lanzó con firmeza para reconvertir el mercado laboral.

El gobierno acaba de informar, a través del ahora supuestamente confiable Indec, que en un año se destruyeron unos 100 mil puestos de trabajo en el sector privado, cifra cuestionada por los gremios, que estiman que podrían ser hasta 30.000 más, sin contar al sector informal.

Ayer, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, volvió a defender la estrategia oficial. Dijo que hoy hay “datos fiables” sobre el nivel de desocupación, y diferenció al gobierno de Mauricio Macri de la gestión kichnerista al remarcar que “reconocemos los números, no decimos que estamos mejor que en Alemania” . “Por supuesto que la desocupación para nosotros es un problema, pero nos preocupa muchísimo la informalidad laboral”, señaló. En ese marco, Triaca indicó que “hay casi 4,5 millones de trabajadores” que están en la informalidad, y destacó que “hay que generar condiciones para que muchos empresarios puedan blanquear a sus trabajadores pero también hay que fiscalizar y controlar”.

Para la CGT, las perspectivas para el año que se inició “no son positivas, si se tiene en cuenta la realidad del empleo y la política patronal de despidos, que no cesa y que el gobierno tampoco frena, pero la CGT extremará la posibilidad de diálogo hasta la última instancia porque tampoco está dispuesta a convertir el país en una caldera sin salida”, puntualizó un encumbrado referente .

La central obrera machaca de forma insistente en la defensa de los convenios colectivos y la libre discusión paritaria ante un proceso inflacionario que también evalúa con desconfianza, y rechaza y critica los despidos y las iniciativas laborales oficiales, pero no parece dispuesta a decidir “quemar las naves”.

Los sectores de las tres ex CGT que integraron el consejo directivo a partir del 22 de agosto último debaten a fondo y proponen estrategias para negociar con el Ejecutivo iniciativas que contemplen al movimiento obrero en las decisiones nacionales; se oponen a consagrar sin discusiones de fondo lo que consideran “antisindical” y evalúan pasos a seguir que no descartan medidas de fuerza. Los petroleros se avinieron a modificar o sumar a su convenio colectivo condiciones laborales de explotación del crudo en el sector no convencional; existen perspectivas de continuar esos pasos en los sectores metalmecánico, de computación y construcción y ya comenzó ese diálogo también con los capitanes de ultramar.

Respecto de la modificación por DNU, de la ley de ART la CGT adelantó que el decreto será “inconstitucional” porque “no están las condiciones ni de necesidad ni de urgencia”, según señaló a Infobae el secretario de Prensa y Comunicación de la central obrera, Jorge Sola. “Se necesita que haya empleo, estamos en pleno proceso de retroceso del empleo y de las fuentes de trabajo”, indicó el dirigente gremial. En este sentido, aseguró que “para que los trabajadores pasen a estar registrados tiene que haber un fuerte acomodamiento de la situación económica que no está pasando”. “Se necesitan empresarios comprometidos con la suerte del país, y no vemos que eso suceda”, afirmó.

Iniciativas por decreto

en temas sensibles

El gobierno publicaría hoy o mañana un DNU para modificar la Ley de ART .

Otro decreto sería para eliminar los feriados “puente”.

Un tercer DNU reformaría la ley de Migraciones para restringir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y, al mismo tiempo, acelerar su salida si dlinquen.

Según las aseguradoras de Riesgos del Trabajo, las demandas por accidentes laborales crecieron 19% en 2016, acumulando 102.000 juicios en total.

“Hay 4,5 millones de trabajadores no registrados, sin cobertura de seguridad social ni de salud y ahí está puesto nuestro foco”

Jorge Triaca, ministro de Trabajo, sobre los planes para cambiar el sistema.

“El decreto será inconstitucional porque no están las condiciones ni de necesidad ni de urgencia, quieren hacerlo sí o sí”.

Secretario de Prensa y Comunicación de la CGT Jorge Sola.

Datos

Según las aseguradoras de Riesgos del Trabajo, las demandas por accidentes laborales crecieron 19% en 2016, acumulando 102.000 juicios en total.
“Hay 4,5 millones de trabajadores no registrados, sin cobertura de seguridad social ni de salud y ahí está puesto nuestro foco”
“El decreto será inconstitucional porque no están las condiciones ni de necesidad ni de urgencia, quieren hacerlo sí o sí”.

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