«Las retenciones amenazan la sobrevivencia de miles de pequeños y medianos productores»

Los abajo firmantes, docentes, graduados, estudiantes y trabajadores no docentes de la facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar nuestro apoyo a la lucha emprendida por los pequeños y medianos productores agropecuarios frente al esquema de retenciones móviles decidido por el Poder Ejecutivo el 11 de marzo.

Este aumento de las retenciones, que no hace diferenciación alguna entre los distintos tipos de productores y tampoco contempla la coparticipación federal de los recursos recaudados, agrava la situación de los mismos. Además perjudica la economía y el desarrollo social de una enorme cantidad de pueblos y ciudades del interior del país, cuyas actividades están directamente ligadas al quehacer agropecuario.

En nuestro país ya desaparecieron más de 100 mil pequeños y medianos productores agrarios, producto de la política aplicada durante los últimos años. Se profundiza actualmente el modelo de concentración y extranjerización de la tierra y se promueve una política agropecuaria de sojización, que tiene como consecuencia la exclusión de la pequeña y mediana producción agraria regional. Ahora, el aumento de las retenciones amenaza la sobrevivencia de miles de productores.

El propio Poder Ejecutivo Nacional reconoce públicamente que el 80% de la producción de soja está en manos de apenas el 20% de los productores, esto es, los pooles de siembra y de «amigos del gobierno». Un reducido grupo de grandes terratenientes gana más de U$S 6.000 millones solamente por la renta de la tierra. Sólo el 4% más rico de los productores concentra más del 60% de la producción de esa oleaginosa en Argentina.

No son los productores agropecuarios los causantes, ni del alza de los precios de los alimentos (pues no son formadores de precios), ni de la creciente inflación. Las verdaderas causas de estos hechos se encuentran en la intermediación que existe en la cadena comercial y el aumento de la base monetaria, producto de la política del gobierno nacional de mantener el dólar alto.

Entendemos que no es el aumento indiscriminado y regresivo de las retenciones el mecanismo distributivo que, según el Poder Ejecutivo, permite la justicia social. La capacitación de esos recursos por el gobierno central, sin ningún tipo de coparticipación, se constituye en un instrumento de sometimiento y disciplinamiento social. Esto es así porque, de hecho, se deja sin efecto al federalismo y se le quita poder de decisión y autonomía a los pueblos, municipios, provincias y economías regionales, obligándolos a mendigar recursos ante el gobierno central.

Es necesario que esta situación sea revertida, que el Poder Ejecutivo deje sin efecto la decisión del 11 de marzo y que se establezca una verdadera política agropecuaria que favorezca a los trabajadores del campo, a los pequeños y medianos productores, y apunte al desarrollo nacional independiente y soberano.

Marcelo G. Ruiz (docente), DNI 10.746.512

Mabel Yacopini (no docente) DNI. 16.295.109

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