“Las secuelas del decreto 7/97”



En marzo del 2009 los docentes de las once cajas previsionales transferidas a la Anses recibían con beneplácito la reparación histórica de volver a ser incluidos en la ley de Servicios Especiales, no de privilegio, 24016, para la cual se hacían aportes superiores a los del resto de los contribuyentes. Se ponía fin así a una etapa de restricción de derechos laborales y previsionales a través de la resolución 14/2009, en la que el Ministerio de Trabajo de la Nación (SSS), la Anses y Ctera (por los trabajadores) acordaron incluir a los docentes en su ley y en el decreto 137/2005 para la liquidación de sus haberes jubilatorios. Hubo una exclusión explícita: los docentes “jubilados” por una norma del Estado rionegrino conocida como decreto 7/97, que dejó a 1.600 trabajadores de la provincia sin derechos jubilatorios, en un “especie de limbo” donde no eran pasivos ni activos: eran simples “desaparecidos” del sistema. Todo esto, fundamentado en la interminable emergencia económica y los sucesivos déficits de la administración pública. Esta legislación que no favoreció a nadie perjudicó especialmente a más de cuatrocientos maestros frente a alumnos que de buena fe aceptaron “jubilarse”; las penurias que devinieron a partir del abandono y la discriminación desde el Estado tuvieron su correlato en el ámbito gremial, donde la información y el apoyo resultaron, por lo menos, cuestionables. Los castigados docentes del exdecreto 7 tuvieron una lucha de más de diez años para lograr su encuadramiento como jubilados dentro de la Anses; luego hubo que recuperar la identidad docente, después de muchísimas gestiones y desde todos los ámbitos posibles. Finalmente, el 13 de diciembre de 2010 tuvieron una respuesta que ponía fin a tantos años de sufrimiento: Ctera, SSS y Anses refrendaron un acta en la que se incluía, sin restricción alguna, a los docentes de Río Negro del exdecreto 7/97 en la resolución Nº 14/09, en igualdad con el resto de los maestros jubilados de las once provincias transferidas a la jurisdicción nacional. La alegría, pese a los años transcurridos, tuvo un final abrupto: a fines del 2011 tomaron conocimiento de un acta de julio de ese mismo año que excluía explícitamente a los docentes de Río Negro jubilados por el decreto 7 del mismo pago que se había hecho efectivo desde marzo del 2009 a todos los docentes jubilados con la expresa exclusión de quienes portan el estigma rionegrino del decreto 7. Nuevamente se hacía responsables del perjuicio y el daño producido a los más vulnerables y no, por una decisión del Estado rionegrino. Los afectados tomaron conocimiento mucho después, ya que la “mala noticia” no tuvo difusión pública siendo que borraba arbitrariamente dos acuerdos previos, sin ninguna razón atendible y con la firma y convalidación de un representante gremial que no opuso ni la más mínima objeción a esta nueva desigualdad y discriminación. Esto es lo que refleja el acta textualmente. Finalmente los perjudicados volvíamos a vivir la misma confusión y malestar de muchos años: ¿a quién recurrir o consultar? ¿Por qué se firma un acta que deja sin efecto un derecho que se otorgó a todos previamente? ¿Cómo pueden informarse los ciudadanos de la Patagonia si las decisiones se toman en Buenos Aires y ni siquiera se comunican a los afectados? ¿Por qué no hubo una clara explicación del espacio natural de los docentes, su gremio? Aún hoy, después de más de 15 años de padecimientos, esperamos aunque sea una explicación convincente sobre lo sucedido y, sobre todo, una respuesta de quienes sí pueden ser escuchados y atendidos, cuestión nada sencilla para los ciudadanos comunes y de a pie. Susana Bartorelli, DNI 10.044.866 Nilda Sabbadini, LC 5.409.038 Siguen otras cuatro firmas Roca

Susana Bartorelli, DNI 10.044.866 Nilda Sabbadini, LC 5.409.038 Siguen otras cuatro firmas Roca


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