Lenguaje “inclusivo” en la Justicia

El Bolsón

Nuestra legislación impone el uso del “idioma nacional” (sic) en todos los instrumentos públicos. Los expedientes judiciales son de esa clase.

La República Argentina adoptó como idioma nacional -por obvias razones históricas- el castellano, lengua oficial del reino español.

Nos guste o no, los idiomas son monitoreados por asociaciones de lingüistas, que procuran evitar deformaciones, inconsistencias o ambigüedades. En el caso del castellano que se habla en Argentina, se ocupan de él la Real Academia Española y su correspondiente asociada, la Academia Argentina de Letras.

Por supuesto, no es que los miembros de esas corporaciones puedan decirnos cómo debemos hablar o escribir en la vida cotidiana. Pero cuando de instrumentos públicos se trata, un mínimo de congruencia es conveniente, para evitar falsas interpretaciones; que en el caso particular de los expedientes judiciales podrían afectar los derechos (y obligaciones) que de ellos surgen.

Por eso, resulta cuando menos curioso que, desde hace un tiempo, algunas sentencias incluyan términos como “niñes”, “protegides”, etc. O sea: ¡ el propio Poder Judicial viola la ley!

Todos tenemos derecho a hablar y escribir como nos plazca (corriendo el riesgo de malentendidos), en especial los adolescentes, tan necesitados de ir afirmando su personalidad con novedades y modas. Pero los funcionarios públicos tienen la obligación de ajustarse a las normas que regulan su actividad -de lo contrario, incurren en delito de incumplimiento de deberes-, y por tanto de redactar sus instrumentos en idioma oficial. El cual, por el momento, no incluye neologismos como los citados.

Mucho daño ya han hecho a la imagen de la Justicia aventuras de redacción como la de esa magistrada neuquina que, en reciente fallo, eligió cuidadosamente la primera letra de cada renglón, para que leídas todas verticalmente formaran una frase dirigida contra otro funcionario judicial (”Típico de machirulo”, decía el anagrama). Ni siquiera se le aplicó un llamado de atención…

Sugiero reaccionar contra estas ridiculeces judiciales, que siguen deteriorando la credibilidad de la población en la legalidad del accionar de los jueces.

Hugo Ansaldi (abogado)

DNI 11.266.618


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