Lenta reacción fiscal dejó a funcionario cerca del sobreseimiento

Lenta reacción fiscal dejó a funcionario cerca del sobreseimiento

En la transición del viejo al nuevo sistema procesal penal de la provincia, en vigencia desde el 1 de agosto del año pasado, quedaron decenas de expedientes. Se trataba de causas que el Ministerio Público Fiscal tenía que ajustar a las reglas del nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, pasó el tiempo y una de esas causas quedó a punto de caer y los imputados a un paso del sobreseimiento por la extinción de la acción penal.

Hoy martes al mediodía se hizo la audiencia de formulación de cargos y la fiscal Alejandra Bartolomé acusó a Alejandro Nahuelquin, que es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y Walter Cornejo por el delito de usurpación.

Bartolomé les atribuyó haber sido los supuestos autores del hecho que ocurrió entre la noche del 11 de agosto de 2014 y las 8 del 12 de agosto de 2014, cuando irrumpieron presuntamente en tres lotes, ubicados entre la calle Michay y la avenida Cerro Ventana.

La fiscal dijo que los acusados aprovecharon que los moradores estaban durmiendo y entraron tras, forzar los cercos, con un grupo de personas que nunca lograron identificar.

Señaló que Nahuelquin y Cornejo, junto al grupo de desconocidos, se instalaron en las construcciones que había en los lotes 11, 12 y 13 de esa manzana. Bartolomé sostuvo que de esa forma despojaron a la denunciante de la posesión de los terrenos, donde estaban instalados desde 1999.

Acusó a los sospechosos como coautores del delito de usurpación, que el Código Penal reprime con una pena que va desde los seis meses hasta los tres años de prisión. Ofreció testigos y solicitó al juez de garantías tres meses de plazo para la investigación preparatoria.

La defensa de los acusados no se opuso a la formulación de cargos, pero instó el sobreseimiento de los acusados porque alegó que se extinguió la acción penal.

Bartolomé se opuso, en principio, al sobreseimiento. Explicó que necesitaba contar con los antecedentes de la causa para definir si está prescrita o no por el vencimiento de los plazos procesales. Sólo indicó que el llamado a indagatoria de los sospechosos se hizo el 6 de julio de 2015. Desde entonces pasaron 3 años y casi dos meses.

Calcagno admitió, en principio, la formulación de cargos, pero postergó la resolución del pedido de sobreseimiento a una nueva audiencia donde la fiscal se comprometió a informar los antecedentes de la causa.