“Liporaci tuvo un aumento injustificado y mintió”

Así reza un dictamen acusatorio del Consejo de la Magistratura. El martes se iniciaría el proceso de remoción del polémico magistrado.

El juez federal Carlos Liporaci tuvo “un aumento patrimonial injustificado” y mintió para tratar de explicar ese crecimiento, al tiempo que mostró una conducta “inmoral” al gestionar una pensión graciable para una hija, según consta en el texto de un dictamen acusatorio contra el magistrado elaborado en el Consejo de la Magistratura.

Este texto, al que tuvo acceso, fue redactado por el consejero-abogado Fermín Garrote y será elevado la semana que viene a los restantes miembros de la Comisión de Acusación del Consejo. Esos consejeros deben tratarlo en un plenario, previsto para el martes, donde se votaría favorablemente y así comenzaría de manera concreta el proceso de remoción del magistrado que investiga los supuestos sobornos en el Senado.

Ahora, el dictamen de Garrote acusa a Liporaci de mal desempeño de sus funciones, “delito configurado por un aumento patrimonial injustificado que surge de las declaraciones juradas presentadas” en los años 1996 y 2000.

Y se indica que el magistrado apeló a testimonios “mendaces” para tratar de justificar su patrimonio, con el fin de que los miembros del Consejo sufrieran “omisiones”.

Garrote hizo hincapié en que, a partir del 99, el juez tuvo “gastos suntuarios” al adquirir una lujosa casa en Vicente López, el alquiler de una casa en un country y la exteriorización de un supuesto ahorro no declarado. Para el consejero, también generó sospechas un crédito pedido a una cooperativa de regular desenvolvimiento, con intereses muy bajos. Y rechazó los números presentados por su contadora, porque “no eran más que estudios hechos por encargo y a medida” para “ocultar el origen de los fondos” del magistrado.

El dictamen de Garrote también denuncia la “inmoralidad” del juez federal por aceptar y gestionar una pensión graciable de 500 pesos para su hija de 15 años. (DyN)

Branda y su viaje gratis a Alemania

El senador nacional Ricardo Branda (PJ-Formosa) negó ayer ante el juez Bagnasco haber cometido delito al aceptar que el Colegio Público de Escribanos financiara el viaje que realizó en 1996 a Europa.

Branda reconoció haber asistido al Congreso Internacional del Notariado Latino que se realizó en Berlín, a mediados de 1996. Las sospechas contra el justicialista se basan en que estuvo involucrado en el affaire por las presuntas coimas y que fue uno de los autores de un proyecto sobre la práctica profesional del Notariado, convertido en ley.

Genoud quedó imputado en la causa

El senador radical José Genoud quedó finalmente imputado ayer por presunto cohecho y el próximo 16 de marzo será indagado por el juez Liporaci, quien fijó para el 20 de febrero la audiencia en que interrogará como acusado al ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y convocó para el martes 27 al ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes.

Tanto Flamarique como De Santibañes serán interrogados por Liporaci y los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado como presuntos responsables del reparto de coimas a senadores que habrían posibilitado la sanción de la ley de reforma laboral.

Genoud, en tanto, será indagado bajo el cargo de cohecho pasivo. El radical fue imputado por la fiscalía, que lo sindicó como uno de los principales responsables de las supuestas maniobras, y ahora el juez ha compartido el criterio. Así, suman doce los senadores nacionales acusados de haber cobrado coimas para votar la ley de reforma laboral.

Por otra parte el juez Liporaci suspendió los careos que debía afrontar, la semana próxima, el senador Antonio Cafiero con sus pares Horacio Usandizaga, Silvia Sapag.

Además el magistrado, que paralelamente es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, dispuso librar oficios a la Policía Federal para agilizar una serie de trámites entre los que figuran los encomendados a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los viajes de los senadores bajo sospecha.

Para los fiscales, Flamarique y De Santibañes fueron los “operadores” del gobierno en la trama de los supuestos sobornos. Flamarique fue, para la fiscalía, “el operador político debido al cargo de Ministro de Trabajo que detentaba, y Fernando de Santibañes (actuó) en calidad de representante de los sectores económico financiero, que le otorgaban alcances inusitados a la reforma (laboral), de cara a la reactivación de la economía”.


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