Los desahucios, el gran drama social de España

Theo Peters DPA Features

José Miguel Domingo decidió poner fin a su vida el 25 de octubre de 2012. Poco antes de la llegada de una comisión judicial que lo iba a desalojar de su casa por impago de su hipoteca, el vendedor de periódicos, de 53 años, se ahorcó en el patio de su casa en la ciudad andaluza de Granada, en el sur de España. Menos de 24 horas después del suicidio de Domingo, un hombre de la localidad valenciana de Burjassot que iba a sufrir el mismo destino saltó del balcón de su casa pero sin lograr su objetivo: sobrevivió, gravemente herido, a su intento de suicidio. El 9 de noviembre, una exconcejal socialista de la población vasca de Barakaldo, también de 53 años, tampoco soportó su desesperación al ver llegar a los policías que la iban a desahuciar. Amaia Egaña abrió la puerta, pero antes de que los policías pudieran subir al cuarto piso donde vivía la mujer se lanzó desde una silla por la ventana al vacío y murió en el acto. El suicidio de Amaia Egaña desató una ola de protestas contra los desahucios en España. Miles de personas se congregaron en Barakaldo para manifestar su repudio a la inclemencia de los bancos. En las fachadas de algunas entidades crediticias aparecieron pintadas con las palabras “bancos asesinos”. El sindicato de policías SUP se comprometió a ofrecer asesoría jurídica a los agentes que se nieguen a participar en los desahucios. El de Egaña no era el más típico de los desahucios: la mujer tenía un trabajo, al igual que su esposo, pero la familia no podía pagar el crédito bancario por la compra de la casa, de más de 200.000 euros. En la mayoría de los casos los desahucios afectan a personas que se han quedado sin trabajo a causa de la crisis. En España, actualmente más del 25% de la población activa –una de cada cuatro personas– está desempleado. Según expertos en Derecho, desde el estallido de la crisis económica en España, en el 2008, unas 350.000 viviendas han sido desalojadas porque sus propietarios ya no podían pagar los créditos que los bancos les habían concedido, en condiciones favorables, durante el boom inmobiliario. La indignación en la población por los desahucios ordenados por unos bancos que reciben del Estado español miles de millones de euros para su saneamiento forzó a algunas entidades crediticias a suspender provisionalmente los desalojos, aunque sólo en “casos extremos”. También el gobierno español se vio obligado a reaccionar. El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó “por razones humanitarias” un decreto urgente que paraliza los desahucios durante los dos próximos años y anunció la creación de un “fondo social de viviendas” que podrán ser alquiladas a bajo precio por aquellas personas que han perdido su casa por no haber podido pagar la hipoteca. Sin embargo, el decreto del gobierno fue duramente criticado por organizaciones de consumidores, sindicatos y fuerzas políticas como el Partido Socialista (PSOE), que consideran que la moratoria legal es “muy restrictiva” y “un parche”, además de que exigen una reforma de la legislación hipotecaria, que data del año 1909. Las críticas se centran en que el decreto sólo beneficia, entre otras restricciones, a familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, y a personas con una discapacidad superior al 33%. La suspensión de los desahucios también exige que los afectados tengan una renta anual no mayor de 19.164 euros. Los detractores del decreto también están indignados porque la suspensión de los desalojos no significa que los propietarios se libren de su obligación de seguir pagando sus deudas. Pero lo que más se lamenta es que el decreto no se hubiera emitido años antes, cuando el drama de los desahucios ya había adquirido una dimensión preocupante. Lo que está claro, evidentemente, es que la medida llegó demasiado tarde para los más desesperados: de haberse adoptado antes, José Miguel Domingo y Amaia Egaña estarían hoy con vida.