Los estudiantes chilenos no se rinden

Catalina Ruiz DPA

Miles de jóvenes mantienen vivas las protestas estudiantiles más largas en la historia de Chile. Exigen reformas estructurales que mejoren el actual sistema educativo, soluciones ante la proliferación de centros con fines de lucro y el endeudamiento de los alumnos en la educación superior. Ahora, 16 meses después, llaman a “un nuevo estallido social”. En Chile la educación está regulada por la Ley General de Educación (LGE), que en el 2009 derogó sin cambios sustanciales a su antecesora la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) promulgada en 1990 durante los últimos días de la dictadura militar del fallecido Augusto Pinochet (1973-1990). Ambas legislaciones, LGE y LOCE, establecen “la libertad de enseñanza” sin asegurar el derecho al acceso a una educación garantizada por el Estado. Éste, como indica la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debe implementar políticas públicas hacia la instauración de la gratuidad a nivel secundario y superior. Chile posee la educación universitaria más cara del mundo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con un valor anual de sus aranceles de 3.400 dólares, equivalentes al 22,7% del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Una cifra superior a la de países como Estados Unidos, Inglaterra, Australia o Japón. “Para el que tiene privilegio, el sistema educacional chileno es el mejor mundo posible. La ley se pone enteramente a disposición de los ricos”, denuncia el académico Fernando Atria, de la Universidad Adolfo Ibáñez, experto en el derecho social a la educación. La “educación como derecho y no como privilegio” junto con “educación pública, gratuita y de calidad” han sido los lemas con mayor presencia en las marchas durante estos más de 16 meses de protestas. Estas consignas que reflejan las peticiones de detener el endeudamiento a raíz de los altos aranceles cobrados en la educación superior, de fortalecimiento de la educación pública con la disminución del financiamiento compartido y de una enseñanza pública que alcance los estándares de calidad de los colegios privados. Los establecimientos públicos chilenos son minoría en las mediciones de estándares de calidad educativa. Dentro de los 100 con mayores puntuaciones en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 2011 dos son públicos, mientras que de los 100 con mejor rendimiento en el Sistema Nacional de Evaluación (Simce), 99 son privadas y sólo una es pública. El movimiento estudiantil exige cambios estructurales en el sistema educativo chileno, demandas a las que el ministro de Educación, Harald Beyer, ha respondido proponiendo “becas para el 60% más pobre y crédito hasta el 90% de la población; fortalecimiento de la educación pública desde una elección más profesional de los directores hasta recursos que antes no existían; y la prohibición efectiva del lucro con una superintendencia que enfrente este problema de verdad”. Para la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), organización que agrupa a las federaciones de alumnos universitarios, las medidas gubernamentales no son suficientes, pues las autoridades sólo han planteado “tímidas aspirinas en lugar de hacerse cargo del problema central”. La insatisfacción estudiantil hacia el sistema educacional comenzó expresándose con tres marchas en todo Chile entre abril y mayo del 2011, llegando a su punto más álgido cuando tras el paro nacional del 1 de junio de ese año, la Confech dejó en libertad de acción a las federaciones con respecto a las medidas de protesta que cada universidad decidiera tomar. Ya el 3 de junio, 17 casas de estudio se encontraban movilizadas con ocupación a sus dependencias. Paralelamente, colegios secundarios comenzaron a ser tomados por sus alumnos. Entre el 7 y el 9 de junio del 2011 las ocupaciones se quintuplicaron desde 5 a 26, para registrarse unas 600 a finales de ese mes. Lejos de terminar, el movimiento estudiantil está retomando poco a poco la importancia que tuvo en el 2011 con nuevas ocupaciones a colegios secundarios, pese a la inmediata reacción de las autoridades para desalojarlos, y con nuevas convocatorias a manifestarse a lo largo de todo Chile. “El año pasado nos decían ‘bajen las tomas y vamos a dialogar’. ¿Qué pasó? No hubo diálogo. El año pasado nos dijeron ‘vamos a solucionar todo’, y ¿en qué estamos?”, declara el vocero de la Confederación de Estudiantes Secundarios (Cones), Cristofer Sarabia, frente al resurgimiento del movimiento estudiantil a raíz de las respuestas que ha dado el gobierno a las demandas de gratuidad, calidad y fin al lucro. Las autoridades los han calificado de “intransigentes”, de “minoría”, de querer “todo o nada” y de “atentar contra la educación pública” con las ocupaciones. Pero los estudiantes no se rinden.