Los poderosos ponen límites a la «justicia global»

Un serio revés sufrió ayer la «justicia global». La negativa de Henry Kissinger a declarar en Francia sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile plantea los límites que están encontrando quienes buscan penalizar en cualquier sitio del planeta a los autores de crímenes contra la humanidad.

El «Caso Pinochet» ha sido emblemático en este aspecto. Cuando a fines de 1998 el juez español Baltasar Garzón logró la detención en Londres del ex dictador chileno, la noticia sacudió al mundo: uno de los tiranos latinoamericanos más emblemáticos podía ser enjuiciado en España por las violaciones a los derechos humanos, pese a que en su tierra natal había logrado eludir a la Justicia. Finalmente Gran Bretaña lo dejó volver a Chile por «razones humanitarias». Pero Pinochet fue luego procesado en Chile, algo hasta entonces ni soñado por sus peores enemigos. Muchos consideran que, sin el el arresto en Londres, esto jamás hubiera ocurrido.

La investigación de Garzón estimuló la aparición de causas similares contra ex represores latinoamericanos y africanos. En tanto, los tribunales especiales de La Haya para la ex Yugoslavia, Ruanda y Burundi han encerrado a varios genocidas.

La pregunta latente era ¿qué sucederá cuando se juzgue a miembros de países europeos o de EE.UU.?

La respuesta podría haber llegado. Pocos dudan del rol que tuvo Washington en el sostenimiento de algunos regímenes militares de América Latina o en operaciones «non sanctas» en todo el mundo, en el contexto de la «Guerra Fría»contra la URSS. Muchas han sido reconocidas y justificadas por «razones de Estado» que EE.UU. se opone a debatir en una corte internacional.

Esta es a razón por la cual la Casa Blanca también ha bloqueado los esfuerzos por crear un Tribunal Penal Internacional (CPI) totalmente independiente.

La administración estadounidense condiciona esta iniciativa a que ésta quede bajo la órbita del Consejo de Seguridad de la ONU, donde tiene poder de veto.

Esta reticencia a la internacionalización de los derechos humanos no es nueva en EE.UU. Cuando el 3 de mayo Washington perdió su asiento en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, muchos organismos humanitarios recordaron las «faltas» norteamericanas en esta materia. Entre ellas están un intento por bloquear la Convención contra la Desaparición de Personas, su oposición al Tratado para la Abolición de las Minas Terrestres y el ya mencionado caso del TPI, entre otras.

La fallida citación a Kissinger desnuda la debilidad de esta «justicia global» frente a los países poderosos. Resta ver si, una vez más, la fuerza y la tenacidad de los defensores de los derechos humanos logran derribar esta barrera. Con Pinochet lo lograron.

Leonardo Herreros