Los salarios pierden en la carrera con los impuestos

Por Redacción

La reciente movilización de Hugo Moyano a Plaza de Mayo y la defensa por parte de la presidenta de la vigencia del Impuesto a las Ganancias a quienes cobran salarios altos abrieron el debate en torno del real impacto que tiene este gravamen del Estado y su utilidad. Para algunos expertos, gran parte de los aumentos de salarios logrados en los últimos años por los sindicatos fueron absorbidos ya por Ganancias, por la no actualización del mínimo no imponible. La cantidad de trabajadores a quienes alcanza este impuesto no es clara, dada la variación de fuentes sobre las que se estima. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) publicado recientemente por “La Gaceta” de Tucumán reveló esta tendencia. Según la entidad conducida por el economista Nadin Argañaraz, en la actualidad el 19% de los trabajadores ya sufre retenciones en concepto de Ganancias y si no se ajustan los valores el porcentaje seguirá aumentando. “Hoy tributan quienes tienen ingresos mensuales superiores a 5.782 pesos para el caso de solteros sin hijos y mayores a 7.998 pesos para un casado con dos hijos cuyo cónyuge no perciba otros ingresos”, acotó. Otros estudios indican que sobre 6,3 millones de trabajadores registrados en el sector privado se cuentan unos 700.000 que se desempeñan en actividades con remuneraciones de 8.000 pesos. Para estos expertos, no es casual que la ofensiva sea liderada por el gremio de los camioneros. Cuenta, sumando a los trabajadores en el transporte ferroviario, con poco más de 140.000 empleados y con el ajuste recién acordado del 25,5% el salario medio se elevará a 7.780 pesos desde julio y a 8.305 a partir de noviembre, con lo que, de no actualizarse el mínimo no imponible, crecerá la legión de contribuyentes. Sin embargo, otros sectores también masivos, como el de los bancarios y el de las telecomunicaciones, también sobresalen por contar con miles de trabajadores aportantes: 102.500 el primero y 76.900 el segundo, que registran salarios netos de 8.821 y 7.149 pesos en promedio respectivamente. Pero, además de los empleados en relación de dependencia, también se ven sometidos a esta presión tributaria creciente pequeños comerciantes, pequeños productores agropecuarios, profesionales independientes y todos aquellos contribuyentes que obtengan cualquier tipo de ingresos gravados por el tributo, con el agregado de que los mínimos y las deducciones para estos contribuyentes son muy inferiores. “A tal punto que un soltero sin hijos comienza a tributar a partir de ingresos mensuales de 2.160 pesos y un casado con dos hijos, desde los 4.560 mensuales, además de hacer su correspondiente aporte al sistema jubilatorio mediante el pago de autónomos”, sostuvo el diagnóstico del Iaraf. Para otros analistas, como el Instituto para el Desarrollo Social (Idesa), “la justificación para solicitar el aumento del mínimo no imponible es que para muchos asalariados el impuesto implica una reducción de su remuneración real ya que, con incrementos de salarios nominales que apenas compensan la inflación, una mayor incidencia del impuesto trae aparejada una reducción del salario de bolsillo”. Desde el punto de vista individual, señala, el razonamiento es correcto. “Mientras que en el 2000 el Impuesto a las Ganancias alcanzaba a un asalariado que ganaba tres veces el salario promedio, en la actualidad comienza a afectar a gente que está cerca del salario promedio”, sostiene. Sin embargo, Idesa agrega un elemento polémico. Sostiene que el Estado no actualiza Ganancias debido a su creciente necesidad de financiamiento por el explosivo crecimiento del gasto público. Y las causas de los desequilibrios fiscales “son decisiones que gozan de amplios consensos”, como “las estatizaciones de empresas (Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, YPF), de jubilaciones otorgadas sin aportes con las moratorias, del no ajuste de tarifas de servicios públicos o del nombramiento masivo de empleados públicos”, que necesariamente requieren un aumento en la presión tributaria. Por ello, “carece de lógica apoyar las decisiones oficiales y simultáneamente rechazar los aumentos de impuestos para sostener el incremento de gasto público. Salvo que se incurra en la hipocresía de pretender que sean los más pobres (por la vía del impuesto inflacionario) los que se hagan cargo de financiar el manejo dispendioso del sector público”, dice respecto del reclamo de Camioneros. (Redacción Central)