Mano dura

Mientras que los académicos de lo que podría llamarse el ala progresista del kirchnerismo propenden a atribuir el delito violento a la falta de justicia social, dando a entender así que, pensándolo bien, los criminales son víctimas y deberían ser tratados como tales, quienes forman parte de otra franja de la corriente liderada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no quieren saber nada del “garantismo”. Parecería que, a raíz del impacto de las primarias de agosto, hasta nuevo aviso estos partidarios de la mano dura fijarán la política oficial cuando de la seguridad ciudadana se trata. La decisión del gobernador bonaerense Daniel Scioli de poner al intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, a cargo de lo que no ha vacilado en calificar de “una guerra” a muerte contra el delito en su extensa jurisdicción se ha visto interpretada como una señal del cambio abrupto de clima que se ha producido. A sabiendas de que no sólo los bonaerenses sino también los demás habitantes del país sientan que los delincuentes están ganando “la guerra” contra el resto de la sociedad y temen que, a menos que haya una reacción muy fuerte, el futuro nacional se parezca más a la actualidad venezolana que a la de Australia o Canadá, el gobierno provincial, respaldado por el nacional, ha optado por iniciar una contraofensiva. Granados espera casi duplicar el número de agentes de la Policía Bonaerense y que hagan sentir su presencia en las calles. Por lo demás, no brinda la impresión de estar preocupado por la proliferación previsible de casos de gatillo fácil. Como afirmó en una oportunidad, quisiera “comer crudos” a los malhechores violentos. Asimismo, por ser tan frecuentes los delitos perpetrados por menores, integrantes del gobierno de Cristina se han propuesto bajar la edad de imputabilidad hasta los 14 años, rompiendo así un tabú garantista, ya que, en su etapa progresista, tanto la presidenta como sus simpatizantes más locuaces se oponían a lo que tomaban por una medida reaccionaria destinada a criminalizar al joven. No cabe duda de que la política de mano dura puede resultar eficaz. Es reducido el índice de criminalidad común en países como Corea del Norte donde el Estado monopoliza la violencia. Y aunque en Estados Unidos todavía abundan los delincuentes, parecería que las autoridades han logrado impedir que la situación sea peor manteniendo entre rejas a más de dos millones de personas, 780 por cada 100.000 habitantes. En la Argentina, la cifra correspondiente es 146, de suerte que para ponerse a la altura de Estados Unidos en este ámbito truculento tendría que encarcelar a cinco veces más, lo que, huelga decirlo, no está en los cálculos de nadie. Sea como fuere, de aplicarse la clase de estrategia favorecida por Granados y, es de suponer, Scioli y aquellos integrantes del gobierno nacional que creen que su actitud un tanto permisiva frente al aumento del delito ha costado al Frente para la Victoria millones de votos, sería necesario gastar muchísimo dinero para pagar, entrenar y equipar adecuadamente a los miles de agentes adicionales, además de construir nuevos complejos carcelarios para los delincuentes capturados. ¿Contarán las autoridades provinciales y nacionales con los recursos financieros precisos para asegurar que la fase próxima de la lucha interminable contra el delito sea algo más que una cacería feroz de lumpen de apariencia sospechosa? A juzgar por las penurias sufridas por los gendarmes que el gobierno nacional ha movilizado a fin de combatir el delito en las zonas más conflictivas y más insalubres del conurbano bonaerense, no hay suficientes como para permitir que las fuerzas existentes cumplan sus tareas con eficacia. Es que no hay soluciones fáciles o rápidas para los problemas provocados por el crimen que se han visto agravados en los años últimos por el fracaso de los programas sociales ensayados por el gobierno, una profunda crisis educativa y por lo tanto cultural, la sensación de que la corrupción es ubicua en todas las reparticiones gubernamentales, la presencia cada vez más ominosa del narcotráfico y, desde luego, la escasez creciente de los recursos económicos que serían necesarios para que una estrategia antidelictiva, que tendría forzosamente que ser de largo plazo, brindara los resultados deseados.