Mantas petroleras: la Justicia federal avanza tras investigación de “Río Negro”

La Justicia Federal da nuevos pasos en la investigación sobre los negocios cercanos al dirigente gremial petrolero y senador Guillermo Pereyra y su entorno, investigados por “Río Negro”.

Requirió al gobierno y la Legislatura del Neuquén, al Concejo de Plaza Huincul y a la Inspección General de Justicia informes y datos específicos referidos a las mantas oleofílicas (absorbentes de derrames de crudo), tanto en lo referido a su millonario negocio atado a YPF como a la contaminación ambiental del producto.

Este diario reveló en junio de 2017 que YPF pagó a Real Work (firma productora de las mantas apadrinada por Pereyra) más de 2.000 millones de pesos por un sistema que la misma petrolera consideró ineficiente y contaminante. También la investigación de los periodistas Ítalo Pisani y Javier Lojo documentó la quema a cielo abierto de mantas empetroladas por parte de esa empresa y denunció la inacción de las autoridades ambientales.

Este caso, junto a las evidencias de múltiples sociedades creadas por familiares de Pereyra orientadas al nicho petrolero, así como vínculos del sindicalista con empresarios clave del sector hidrocarburífero, generaron una denuncia penal del diputado nacional neuquino Leandro López (PRO), que hoy investiga el fiscal federal Carlos Rivolo. La causa recayó por sorteo en el juez federal Luis Osvaldo Rodríguez, cuestionado hoy tras denuncias de cobro de coimas formuladas por Carolina Pochetti, la viuda del fallecido secretario de Néstor Kirchner.

Semanas atrás, el Juzgado Federal 9 de Comodoro Py remitió una batería de oficios de requerimiento de información:

• al subsecretario de Ambiente del Neuquén Juan Lucchelli, al titular de la Legislatura Rolando Figueroa y al presidente del Concejo de Huincul Nelson Dolso, para que brinden detalles de las denuncias y eventuales actuaciones realizadas con motivo de los reclamos ambientales por el uso de las mantas de Real Work. Le pregunta concretamente a Luchetti si hubo sanciones administrativas a la empresa.

• al Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, Ramiro González, le requiere registros de posibles investigaciones referidas al uso de tales absorbentes de derrames.

• a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, le pide que remita copias certificadas de todas las declaraciones juradas de Guillermo Pereyra.

• a la Inspección General de Justicia (IGJ) le solicita informes sobre dos empresas de saneamiento ambiental que se vincularon con Real Work.

En torno de esta causa ya se produjeron allanamientos a las oficinas de YPF en Puerto Madero, donde se retiró documentación relacionada con los contratos exorbitantes y prácticamente exclusivos con Real Work durante la gestión kirchnerista.

La denuncia de Leandro López no sólo pide investigar a Pereyra y los negocios que se les atribuye a sus familiares y a firmas cercanas, sino también a los empresarios Claudio Urcera, Jorge Cárdenas Negro (titular de Real Work), Miguel Schvartzbaum (Mas Energía, también investigada por “Río Negro”) y Guillermo Coco (ex ministro de Jorge Sapag, asesor de Pereyra en el Senado, y empresario en el negocio de arenas de fracking que reveló este diario).