Más libre, mejor

Era de prever que Telecom y Telefónica, las empresas mayormente europeas que han compartido buena parte de mercado de telecomunicaciones local desde que a comienzos de su gestión el presidente Carlos Menem puso fin al reinado desastroso de Entel, harían lo posible por perpetuar sus «conquistas», aprovechando a pleno los vínculos políticos formados en el curso de los diez años últimos, en un esfuerzo por convencer a las autoridades de que no les convendría en absoluto la desregulación programada. También lo era que el hecho de que los más interesados en que la apertura sea muy amplia resultaran ser empresas estadounidenses agregaría una dimensión «geopolítica» al conflicto así desatado. Como es sabido, en el gobierno de la Alianza son muchos los deseosos de que la influencia europea sea lo suficientemente fuerte como para reducir la norteamericana, la cual, durante la década menemista, llegó a ser casi hegemónica.

Aunque el «acercamiento» a Europa no necesariamente supondría el «alejamiento» de los Estados Unidos, son tantos los que piensan en tales términos que era inevitable que sus sentimientos incidieran en el debate en torno de la desregulación telefónica, pero es de esperar que en esta ocasión por lo menos el presidente Fernando de la Rúa no se deje confundir por el canto de sirena de los «europeístas». En efecto, tanto el gobierno norteamericano como los funcionarios de la Unión Europea han estado procurando presionar a De la Rúa, afirmando ya que la desregulación abriría las puertas a un torrente de capitales, ya que sería tan mal recibida por las empresas europeas que optarían por llevar sus inversiones a países menos caprichosos. Si bien el gobierno ha de tomar en cuenta tales planteos, el país no puede darse el lujo de comprometerse con un régimen demasiado restrictivo que frenase el desarrollo de un sector en el que podría ubicarse a la cabeza de toda América Latina. Otro factor, que podría ser decisivo para De la Rúa, consiste en su necesidad apremiante de ver reducidos los costos de las telecomunicaciones para que su proyecto de conectar a virtualmente todos los habitantes del país con Internet antes de que finalice su gestión, empresa que, obvio es decirlo, no prosperará si se mantiene por mucho tiempo más el «duopolio» vigente.

De todos modos, en la actualidad es tan vertiginosa la evolución de las telecomunicaciones de todo tipo que cualquier intento de regular el mercado, obligando a las empresas participantes a conformarse con cuotas o a limitarse a desempeñar funciones determinadas sin invadir territorios reservados para otras, no podrá sino resultar contraproducente. Para que la Argentina aproveche al máximo los avances que están sucediéndose en este ámbito con rapidez desconcertante, tendrá que asegurar que su mercado se encuentre entre los más competitivos del planeta. Está en condiciones de lograrlo en buena medida porque no hay grandes empresas telefónicas nacionales cuyos «lobbistas» podrían convencer a los políticos de que la patria sufriría pérdidas irremediables a menos que el gobierno impidiera el ingreso de rivales foráneos, y sería un grave error de su parte adoptar a Telecom y Telefónica, tratándolas como si sus propios intereses comerciales coincidieran con los del país en su conjunto.

Los contrarios a la desregulación se ven beneficiados por el prejuicio generalizado en favor del orden previsible, lo cual les permite insinuar que a menos que haya reglas firmes el resultado sería un estado de caos en el que todos perderían. Asimismo, entienden que el gobierno aliancista está resuelto a no repetir los errores atribuidos a su antecesor menemista, el cual, señalan, no supo prever las consecuencias a mediano plazo de las privatizaciones que se concretaron con apuro excesivo. Tales actitudes son comprensibles, pero en un ámbito tan dinámico como el supuesto por las comunicaciones electrónicas, donde los cambios están produciéndose a un ritmo tan frenético, cuanto más complicadas sean las regulaciones destinadas a proteger a los diversos grupos, sean éstos conformados por los responsables de brindar servicios o por los consumidores, tanto más costosos podrían resultar.