Mascardi: un diálogo entre el miedo y la impunidad

Un Estado que con sus máximas autoridades nacionales y provinciales resigna sus deberes y responsabilidades de garantizar el imperio de la Constitución.

“Nos usaron a todos para decir que son fuertes y que tenemos que tenerles miedo para que no desalojen a los que están en la toma del Mascardi”.

“Ellos imponen, dicen y ponen condiciones nada más, no vi en ningún momento oportunidad de dialogar”. “Somos poderosos, no nos importa nada, detengan el desalojo”.

Quizás no haya una mejor descripción de lo que ocurre en Villa Mascardi, como en varios lugares de la Patagonia, que el relato del cura párroco de Nuestra Señora de Luján en El Bolsón sobre el brutal ataque padecido el pasado viernes 6 de noviembre y que estuvo preparado y dirigido directamente a impedir la confirmación del desalojo ordenado por la Justicia provincial.

Si se asumiera la definición de poder como la posibilidad de obtener impunidad, como alguna vez se dijo, paradójicamente el poder en Río Negro reside en Villa Mascardi en manos de un grupo de delincuentes encapuchados que lo ejercen en base al miedo, al terror y a la amenaza constante, todo ello como un método y camino de violencia que tiene un manifiesto objetivo político de escisión territorial, autodeterminación legal y separatismo del Estado argentino. La propia gobernadora lo vivió en carne propia en la ruta 40.

“Ellos imponen, dicen y ponen condiciones”, sometido bajo estas premisas el gobierno de Río Negro junto al gobierno nacional abren, una vez más, una mesa de “diálogo” para abordar un problema que han definido de antemano como un conflicto de “tierras”, desconociendo o simulando desconocer que no se trata de un conflicto de tierras, sino de un conflicto territorial y que le disputan el poder legítimo al Estado, desde un grupo insurgente de corte indígena, instado, dirigido y alimentado ideológicamente por el activismo mapuche de la Araucanía chilena, sin olvidar el apoyo local de una izquierda radicalizada anarco-trotskista y del kirchnerismo radical.

Todo esto es de conocimiento público y no es más que la continuidad del accionar de la RAM de Cushamen, con más de 100 ataques, sabotajes y actos de violencia desde 2015 para acá, a los que se suman ahora los del clan Colhuan-Nahuel que arrasa con lo que encuentra a su paso desde hace tres años, llegando al punto más álgido con el ataque a pedradas del vehículo de la gobernadora.

Con los antecedentes de violencia y delito, y con las manifestaciones de resistencia del Lof Lafken Winkul Mapu, la mesa de diálogo plagada de funcionarios, muchos de los cuales no funcionan, y sin la presencia de las víctimas y de los vecinos damnificados, es una apuesta segura al fracaso o lo que es peor y que todos sospechamos: que concluya como la toma de la parroquia de El Bolsón y que definiera el padre Cittadini donde los encapuchados imponen las condiciones porque se sienten fuertes.

Lo ocurrido en Foyel quedó como una anécdota perdida en el contexto de impunidad que se vive en la zona.

Porque la mesa de diálogo nace débil e inclinada a validar un “mapuchismo” radicalizado, entonces será simplemente una escribanía para consolidar la ocupación, el despojo y el dominio despótico y violento de este grupo, vergonzosa claudicación de quienes tienen el monopolio de la fuerza y la responsabilidad de cumplir las órdenes judiciales.

Un Estado que con sus máximas autoridades, tanto nacionales como provinciales, resigna sus deberes y responsabilidades fundamentales de garantizar el imperio de la Constitución y de la ley, que se niega a proteger y defender a los ciudadanos comunes que viven en Mascardi o que simplemente transitan por la ruta 40 o que buscan disfrutar de la naturaleza en los lagos y montañas del Parque Nacional.

Un Estado que no quiere pagar el costo político que pudiera significar hacer cumplir la ley y el derecho y que prefiere que ese costo lo paguen, en sus bienes e integridad física, los vecinos y pobladores es un Estado fallido, y las autoridades deberán responder por ello.

Todos, absolutamente todos estos funcionarios, desde el más alto cargo al más bajo serán responsables de lo que ocurra con los vecinos de Mascardi y de Bariloche, y se los haremos saber y sentir.

De ahora en más las violencias y delitos que ocurran en Mascardi o en cualquier otro punto de la provincia serán responsabilidad exclusiva del gobierno provincial y nacional.

* Abogado MRN 2433