Menem senador…

No se equivocaba Eduardo Duhalde, un hombre al que nadie acusaría de sentir aprecio por Carlos Menem, al calificar de una «jugada inteligente» la decisión del ex presidente convertido en reo de presentarse como candidato a senador suplente por el PJ en su provincia, La Rioja. Gane o pierda Menem en el intento de reciclarse en senador, las cuestiones planteadas por la iniciativa ya le han brindado algunas ventajas, ampliando el debate confuso en torno de su situación, al permitir a sus simpatizantes asumir la postura de defensores de la legalidad internacionalmente aprobada amenazada por jueces criollos tan perversos como extravagantes. Debido a que el texto del Pacto de San José de Costa Rica no coincide con aquel del Código Electoral Nacional, Menem cuenta con argumentos de peso para convalidar sus pretensiones y por lo tanto le sería fácil tomar un fallo judicial que lo proscribiera por un episodio más de una campaña política urdida por enemigos inescrupulosos. Irónicamente, el ex presidente podría resultar ser el más beneficiado por los intentos, que fueron emprendidos en 1999 por una organización considerada progresista, en favor de un preso de signo político muy diferente del suyo de aprovechar la distinción que hace el Pacto mencionado, que se ha visto incorporado a la Constitución, entre los procesados por la Justicia por un lado y los efectivamente condenados por el otro. En vista de que toda la estratégica defensiva de Menem se basa en la idea de que es un «preso político», víctima de una caza de brujas «sin precedentes» en el mundo civilizado, cuyos problemas se deben exclusivamente a la saña persecutoria de sus adversarios, cualquier maniobra que contribuya a consolidar dicha impresión no puede sino resultarle provechosa.

Por supuesto que en opinión de muchos el que Menem haya optado por apostar tanto a la política significa que sabe muy bien que su posición legal es precaria y que si no se tratara de un ex presidente que, para colmo, es el líder actual del principal partido opositor, le esperarían algunos años entre rejas en una cárcel menos lujosa que la quinta en Don Torcuato en la cual está hospedado. Sin embargo, por ahora cuando menos, la convicción generalizada de que en el curso de su gestión Menem se enriqueció de forma espectacular no parece haber perjudicado su «imagen». Si bien ésta dista de ser buena, su deterioro a partir de fines de 1995 ha sido consecuencia de la larga crisis económica, no de la corrupción ostentosa que conforme a sus muchos críticos caracterizaba a su gobierno. Asimismo, no cabe duda de que en La Rioja por lo menos sigue siendo una figura bastante popular, de suerte que si logra participar en las elecciones previstas para octubre tendría una buena posibilidad de cosechar una cantidad nada desdeñable de votos, lo cual le permitiría restaurar una parte de su capital político.

Otro factor que juega en favor de Menem consiste en la crisis económica, que ha hecho de la Argentina el eslabón más débil de la cadena financiera internacional. Aunque no existe motivo alguno para suponer que hay una conexión entre su detención y el virtual colapso de la confianza en la capacidad de la nación de cumplir con sus obligaciones, sus partidarios, que incluyen a algunos economistas respetados, no han dejado de machacar sobre el tema en un esfuerzo por convencer a los demás de que los «mercados» tomarían la liberación de Menem por una señal de que por fin la Argentina estuviera transformándose en un «país serio». Puede que esta tesis carezca de sentido, pero no sorprendería que un gobierno tan fascinado como el encabezado por el presidente Fernando de la Rúa por la noción de que la solución para los problemas nacionales sería fruto de un «consenso» tratara de apaciguar a los menemistas ofreciéndole a su jefe una salida decorosa. En tal caso, el país en su conjunto perdería, sobre todo si Menem, a pesar del aura de corrupción que le es inseparable, se las ingeniara para continuar desempeñando un papel político destacado, pero aun así su detención habrá servido para que en el futuro todos los dirigentes entiendan que ninguno de ellos, por poderoso y popular que se sienta, tenga garantizada la impunidad.