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Los dobles discursos son siempre perniciosos y en la función pública ni hablar. Quien dicta las normas debe poner cuidado especial en que resulten simples y aplicables. Pero sobre quien las ejecuta pesa la exigencia de ser eficaz, para que todo el sistema no se vaya al diablo. En materia de fiscalización y control el municipio hace agua por varios lados y los concejales en el último tiempo han tomado nota de ese déficit. En más de un debate se los ha escuchado decir que aquella regulación o tal otra parece muy útil, pero el área de Inspección General no tendrá manera realista de llevarla a la práctica. “Cuidemos de no sobrecargar a los inspectores y de no aumentar la frustración”, fue lo que sugirió algún edil para sofrenar el entusiasmo reglamentarista. En la última sesión el Concejo aprobó por estrecha mayoría una ordenanza regulatoria de grafitis y murales. Para ejercer ese modo de expresión habrá que pedir autorización y presentar un diseño que debe ser aprobado por la secretaría de Cultura. El artículo más polémico es el que prohíbe la venta de pintura en aerosol a menores de 18 años y obliga a los comerciantes del rubro a pedir documento, llevar un registro de compradores y archivar las boletas cada vez que vendan tan peligroso producto. Es posible que muchos cumplan, disuadidos por las multas que pueden llegar a los 1.600 pesos y clausura de diez días para los reincidentes. Pero visto desde el Estado sin duda que será un problema y una carga más para los inspectores, que deberán sumar a la vigilancia de la venta de alcohol, de pegamento, de energizantes y de pirotecnia ahora también el expendio de aerosoles. Eso sin contar la cartelería, la venta ambulante no autorizada, los ruidos molestos… La permisividad histórica permite vaticinar que difícilmente el escritorio del juez de Faltas vaya a llenarse de infracciones a pinturerías que le venden a menores. Pero el problema de fondo parece ser de otro tipo: un puñado de inspectores encomendados a contener un torrente de transgresiones con una simple cuchara. Agujereada, encima. Además de legislar, con la mejor intención, sobre cada aspecto de la vida cotidiana, el Estado debería atender otros frentes sin descuidar el que tal vez sea el principal: la docencia y la comunicación. Claro que no es posible insistir con lo que está prohibido, machacar con cuáles son las conductas que el Estado considera antisociales y después que las sanciones no lleguen nunca. El ejemplo más a mano, sin duda, es del tránsito. Hace algunas semanas el municipio reestrenó el estacionamiento medido. El arancelamiento y la venta de tiempo es –hasta nuevo aviso– el único mecanismo útil para asignar el escaso espacio disponible para aparcar vehículos en el microcentro. El Ejecutivo señala que el propósito es “ordenar”, aunque no reniega del afán recaudatorio (a pesar de la “solidaridad” invocada con el nuevo estacionamiento). Pero esa medida aislada provocó el obvio desborde de los lugares que todavía son gratuitos, como la calle Elflein, la San Martín y la avenida Costanera. El municipio controla la veintena de cuadras con “medido y pago” pero en la periferia deja que la gente estacione en cualquier lado, por ejemplo, en el Centro Cívico o en la avenida Costanera. Cientos de infracciones a la vista de todos sin sanción alguna. El municipio prohíbe el estacionamiento sobre mano derecha pero no tiene una grúa para remover a los que se desentienden del asunto. El municipio pregona la responsabilidad para que los conductores no beban alcohol, pero los controles nocturnos desaparecieron hace varios meses. Las razones tienen que ver con la falta de inspectores (apenas ocho por turno), el atraso de meses en el pago de horas extra y la deuda con la policía, que se niega a acompañar los operativos de alcoholemia. Una inspectora dijo ayer que el intendente Omar Goye les prometió saldar progresivamente las horas adeudadas, pero días atrás “cobraron todos los sectores menos Tránsito”. Bariloche en materia de tránsito colecciona una insólita lista de rarezas: la grúa “hombre de la bolsa” llegó a circular por el centro sin autos cargados porque el aparejo estaba roto, en el ingenuo afán de intimidar a los infractores. Hay también vecinos que pintan su cordón de amarillo o colocan conos para autoadjudicarse una reserva de estacionamiento, ante la pasividad bovina de la autoridad, que nunca sancionó a nadie. En la dirección de Tránsito aseguran que desde hace años existe un “plan integral” y que no se aplica por falta de presupuesto. A esta altura, el plan que defina y ordene la circulación de vehículos en toda la ciudad debería ser evaluado por la Unidad de Planeamiento Estratégico. Claro que ese organismo previsto desde hace más de cinco años en la nueva Carta Orgánica todavía es pura teoría. Por falta de presupuesto.

daniel marzal dmarzal@rionegro.com.ar

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