Mensajes y resguardos

El Poder Judicial bajo fluctuación permanente, temprana y dañina.



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RÍO NEGRO

adrián pecollo adrianpecollo@rionegro.com.ar

Nunca quedó definido el contenido del modelo que estructura al gobierno. Todo se amolda al proyecto de Weretilneck. Él impone la iniciativa. Pero, ya no vale un vacío mensaje por las redes sociales, tampoco alcanza con su personal ajetreo por cada rincón de la provincia. No bastan las reacciones solitarias, carentes de políticas y de acciones. El relato actual ubica la prioridad en la renovación de los contratos petroleros, que podrían llegar a media docena. El plazo para sus concreciones está delimitado por la futura ley de hidrocarburos y no pasará de la primera quincena de enero. Otra vez todo se apiña en el andar del ministro de Obras Pública, Guillermo Gesualdo, con la guía de Weretilneck. La reposición petrolera podría ofrecer dinamismo y abrirá expectativas de recursos, esencialmente para obras en el próximo período electoral. La fijada lejanía con Nación genera desolación, como los atascados trámites para nuevas viviendas. Otro ejercicio ideado reside en neutralizar los focos de trastornos múltiples. Allí se mueven el vicegobernador Pesatti y el legislador Facundo López, ambos hoy conforman el círculo más influyente, más allá de otros diputados –como su presidenta, Roxana Fernández– y pocos ministros, como Luis Di Giacomo. López transparentó su pertenencia institucional al oficialismo: la bancada del FpV lo integró al Consejo de la Magistratura. El legislador ya era el empalme de Weretilneck en el Poder Judicial y en la última sesión se cambió la delegación oficialista en aquel cuerpo, sumando a López y Fernández, desplazando a los críticos Ariel Rivero y Martín Doñate. Hay una curiosa duplicidad. Pesatti no avaló reconocimientos a otros bloques. Desbarató los conformados por Ana Piccinini, Martín Doñate y López. Así, para el titular de la Legislatura no hay desvíos institucionales, más allá de posturas políticas. Aun así, la bancada del FpV sumó a un diputado “ajeno” al Consejo por su mayoría mientras, además, López conserva la vicepresidencia segunda del Poder, a la que llegó por la Concertación. Pesatti detectó esa extraña interpretación y la resistió, pero fue Weretilneck quien impuso ese arribo. Veladas disputas de poder. El oficialismo sí confluye en rebelarse frente a las embestidas del Tribunal de Cuentas. Ese órgano no cede en su ofensiva. Enemistados, los controladores están dedicados a desempolvar expedientes irregulares y el gobierno exhumó una vieja transgresión para desestabilizarlos. Ese órgano históricamente se propasó en sus facultades y se autoasignaba sus haberes, a pesar de que la ley 2747 prevé una “remuneración equivalente a la de legislador”. A fines del 2011 se autorreformuló su esquema salarial y esa norma la firmaron Erika Acosta y los radicales Pedro Casariego y Carlos Malaspina. En el 2012, la continuidad de esas excentricidades se sabía, pero a la política entonces no le molestó. El recelo institucional llegó recién cuando afloraron las inquietudes molestas del Tribunal, proyectadas esencialmente en los juicios administrativos por los gastos reservados. Esta turbación cruza múltiples sectores. Pero la inquietud de Weretilneck no alcanza a su vocal en el Tribunal, Dolores Cardell, a quien no se le conoce reacción y, en algunos casos, vota con los críticos Acosta y Juan Huentelaf. Va y viene la operación de un juicio político. El recuento arroja que no hay votos suficientes y la idea se desactiva. Bautista Mendioroz –jaqueado por la causa de los gastos reservados– ofrece votos radicales pero, en cambio, el pichettismo no avala esa ofensiva. El núcleo disponible, en el mejor de los casos, serviría para una suspensión por parte de la Sala Acusadora, pero la Juzgadora la rechazaría y los repondría en sus cargos. Un intento menor: lanzar el proceso en noviembre y lograr una suspensión algo mayor en sus cargos al usar el final del Período Ordinario, considerando que los plazos son parlamentarios. Igual, son imágenes que requieren de ejecución. Nada sencillo para un gobierno negado a la política, con decisiones ligadas a los humores y la eventualidad. Por eso, no sorprendió esta semana que asomara la colisión con la Fiscalía de Estado. El fiscal Pablo Bergonzi desarticuló otro propósito gubernamental. Su más conocida objeción técnica fue el contrato con Petrobras. Ahora censuró un reajuste de valores a las constructoras, cuando Weretilneck está inquieto por la reactivación de las obras. Más allá de los motivos técnicos, la relación con Bergonzi se dañó después de la denuncia del gobernador contra el intendente Martín Soria que concluyó en la investigación de Favio Igoldi por los pagos de Horizonte y el IAPS por el seguro de Carlos Soria. Esa causa derivó en procesamientos a funcionarios y subsisten las imputaciones al fiscal y al ministro Alejandro Palmieri, hoy amparados en sus fueros. En su defensa, Bergonzi adoptó su estrategia y desoyó toda otra recomendación oficial. Sus dictámenes replicaban igual autonomía. Pero el quiebre se produjo esta semana con el reparo legal a la readecuación de costos, en forma retroactiva. Weretilneck reaccionó y bombardeó con mensajes a Bergonzi. Esos escritos traerán problemas. Ellos, además, preveían las remociones de los adjuntos, Milton Dumrauf y Juan Justo. Posiblemente no se concreten pero, para eso, el gobernador sólo debe firmar decretos. En cambio, el desplazamiento de un fiscal requiere otro juicio político. Bergonzi no parece dispuesto a irse y liberar a Weretilneck cuando cree que éste está ocupado en erosionarlo en forma pública. Pero ambos seguirán –por ahora– cohabitando. No hay una razón lógica de enjuiciamiento cuando se cumplió con una revisión técnica. Es cierto que están quienes reavivan el desafuero que pidió Igoldi por la causa Soria. El fiscal tiene un refugio. Está en capilla, pero no está solo: Palmieri está con igual requerimiento del juez. Esta situación sí podría cambiar. La Cámara Penal evalúa las apelaciones y, en ese marco, el fiscal Hernán Trejo cuestionó el fallo por los procedimientos a los funcionarios de Economía en los pagos del IAPS. Si el tribunal comparte ese criterio y revoca los procesos de Economía, Palmieri saldría favorecido. No hay inocencia cuando el gobierno actúa. El próximo lunes 6 el Consejo de la Magistratura nombrará a un juez penal de Viedma como reemplazo de Guillermo Bustamante, que ascendió a camarista. Allí quedan causas sensibles a políticos. Figuran el expediente Limardo (el director, por ahora solitario, que nombró y abonó salarios por “funcionarios fantasmas”) y, entre otros, la demorada causa de los gastos reservados. Carlos Mussi será el elegido, único candidato y con buen puntaje. El apunte dañino está en la fluctuación permanente, atentando contra la lógica creación de un mínimo equipo sólido y experimentado. El Consejo designó a Mussi como fiscal en abril y, cinco meses después, lo nombrará juez. Semejantes, con meses también en sus puestos, están inscriptos para ascender. ¿La reformulación y mejoramiento de la Justicia no merecería que el Consejo fijará un criterio institucional? Parece que las prioridades son otras. Además, los concursos siempre conllevan que los expedientes estén en un estado de suspensión por las expectativas de los aspirantes por acceder al respaldo de los consejeros. Tampoco la renovación –por sí misma– mejoró la Justicia. Ya se cumplió un año de que Río Negro tiene una Corte de cinco miembros. Y hay males reinstalados, como las pugnas entre el STJ y la Procuración General. La última controversia está en los reclamos de la procuradora Silvia Baquero Lazcano de personal, incluso con cargos concursados en su estructura pero con funciones en áreas extrañas. Existe un contrapunto con su antecesora, la ahora vocal del STJ, Liliana Piccinini, que se permitiría excursiones indebidas en suelo ajeno. Por caso, la fiscalía abrió una causa para investigar si alguien había fotografiado el domicilio de la jueza Piccinini. A pesar de su relevancia, la procuradora desconocía el trámite en su organismo. No fue informada. Lo peor es que el mismo se habría iniciado por inquietud de Piccinini, a través de un requerimiento al fiscal general, Marcelo Álvarez. Renovadas trifulcas del Poder. Otra disputa más. El conjunto de esas discordancias que lleva a los que mandan a perder el tiempo y distraer la atención.


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