Mercados escépticos

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Hablar pestes de los mercados, tratándolos como si constituyeran un ejército feroz de saqueadores que suelen aprovechar sin piedad las dificultades de gobiernos bienintencionados, es uno de los deportes favoritos de los políticos de todos los países. Si bien puede comprenderse el fastidio que a menudo sienten los jefes de gobierno y ministros de Economía por la resistencia de los inversores a confiar más en sus palabras que en las advertencias formuladas por personas como los técnicos de las agencias crediticias, la mayoría las toma lo bastante en serio como para esforzarse por merecer su aprobación, ya que entienden que distan de ser tan caprichosos como les gusta afirmar. Con todo, hay excepciones, entre ellas el gobierno kirchnerista que, por motivos ideológicos o porque son reacios a pagar costos políticos, están resueltos a hacer pensar que no les importa en absoluto el juicio de los mercados. Así, pues, convencidos como están de que la conducta del aglomerado de inversores que los conforma se debe a nada más que prejuicios políticos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus asesores más influyentes, como el viceministro de Economía Axel Kicillof, no parecen sentir preocupación alguna por el hecho, a su juicio meramente anecdótico, de que la Argentina siga con un índice riesgo país que es más del doble de los ostentados por España e Italia que se encuentran en el epicentro de la crisis sísmica que está convulsionando la Eurozona. Ahora bien, puede que los mercados sean “irracionales”, pero nadie los ha acusado de dejarse influir por sentimientos. Si en opinión de los responsables de los fondos de inversión y otras fuentes de créditos la Argentina fuera un buen lugar en el que hacer negocios, ya hubieran olvidado por completo el default, pasarían por alto las excentricidades gubernamentales y lo sinuoso que podría resultar ser aquel “camino diferente” del que habla el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Sin embargo, con razón o sin ella, los mercados dan por descontado que las perspectivas frente a la economía nacional son tan inciertas que a los inversores les convendría más arriesgarse en países que, para citar a Cristina, “se están derrumbando”. Una consecuencia de esta actitud es que nos es imposible conseguir créditos a tasas de interés que no sean usureras. Lejos de impresionar a quienes están en condiciones de otorgarlos, la voluntad del gobierno de sacrificar el crecimiento industrial a fin de mantener el valor oficial del peso, demorando así una devaluación que a esta altura parece inevitable, la consideran otra manifestación de arbitrariedad, comparable en cierto modo con las supuestas por la intervención del Indec y la expropiación del grueso del paquete accionario de Repsol en YPF. También motiva dudas la negativa “principista” de los kirchneristas a prestar atención a los fallos de tribunales como el Ciadi, un organismo del Banco Mundial formado a fin de resolver conflictos entre los gobiernos nacionales y ciudadanos de otros países. Así las cosas, aun cuando la Argentina lograra tener “los fundamentales” más envidiables del planeta, el país no dejaría de ser considerado sumamente riesgoso, juicio que, desde luego, se ve compartido no sólo por extranjeros incapaces de apreciar las bondades de la estrategia kirchnerista sino también por los empresarios nacionales que, lo mismo que sus equivalentes foráneos, se sienten más impresionados por el deterioro del clima de negocios que por la reducción notable de la deuda pública y otros cambios que, en teoría, deberían haber servido para restaurar la confianza en el futuro económico. En la actualidad, ninguna economía, ni siquiera la china, puede brindarles a los inversores la previsibilidad que quisieran tener pero, a pesar de todo lo ocurrido últimamente, hay pocas en las que se ha difundido tanta incertidumbre como en la argentina. El panorama sería distinto si el país contara con una administración económica coherente, pero sucede que demasiado depende del estado de ánimo de la presidenta y de las vicisitudes de una interna oficial protagonizada por Kicillof, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno; el ministro de Planificación, Julio De Vido, y otros funcionarios que parecen estar mucho más interesados en conquistar o defender “espacios” de poder que en manejar la economía con solvencia.