Mi Bus enfrenta un nuevo conflicto sindical

Mi Bus enfrenta un nuevo conflicto sindical

La concesionaria del transporte urbano en esta ciudad lleva apenas un semestre a cargo del servicio y ya tuvo el primer cruce con el gremio UTA, que denunció “situaciones de maltrato y persecución continua sobre el personal”, atraso en el pago de salarios y “cambios injustificados en las condiciones de trabajo”.

La UTA hizo conocer su malestar a la empresa Amancay SRL (que presta el servicio bajo el nombre comercial Mi Bus) y ante la falta de respuesta acudió el lunes a la secretaría provincial de Trabajo.

La autoridad laboral convocó a una audiencia de partes para el próximo viernes y desde el gremio se negaron a brindar otros detalles antes de ese cónclave. “No hay nada que explicar por ahora, vamos a esperar el resultado del viernes” dijo ayer el secretario gremial de UTA Bariloche Luis Fuentes, ante una consulta de DeBariloche.

La empresa Amancay es de origen sanjuanino y accedió a la concesión del servicio a fines de 2016, por contratación directa, ya que antes hubo cuatro llamados a licitación y todos quedaron desiertos.

La nueva prestadora reemplazó a Transportes Las Grutas y a Autobuses Santa Fe, que se habían hecho cargo un par de años antes mediante permisos precarios.

La gestión del intendente Gustavo Gennuso destacó que Amancay llegaba con 100 unidades cero kilómetro y que el cambio representaría un importante salto de calidad.

El contrato exigió a la nueva concesionaria que asuma a todo el personal de las anteriores, con la antigüedad y los sueldos vigentes. El traspaso se iba a realizar el 1 de enero, pero se completó recién a mediados de febrero, cuando los colectivos blancos de Mi Bus quedaron a cargo de todos los recorridos.

Los trabajadores en principio se mostraron conformes, aunque ya en marzo paralizaron el servicio durante varias horas y sin aviso previo por una deuda antigua de Autobuses.

Maltrato y persecución

Ahora el reclamo apunta directamente contra Amancay. Según la denuncia de la UTA , los trabajadores absorbidos por Amancay enfrentan “una grave situación” derivada de “los excesos continuos en el ejercicio del poder disciplinario”, que se traduce en sanciones “irrazonables y arbitrarias”.

El gremio asegura que los empleados “han colaborado en todo” y se queja de que no hay una actitud recíproca de la empresa.

Señala que recibió numerosas denuncias de “mal trato y persecución”, además de “cambios injustificados en las condiciones de labor, que afectan la salud física y mental de los compañeros”.

La presentación también hace referencia a “la falta de pago en tiempo y forma de los salarios”, pero Fuentes no quiso precisar fechas. Sólo dijo que los haberes de junio fueron transferidos “el quinto día hábil”.

En la nota a Trabajo también aluden a “la falta de calefacción en el taller, falta de luminarias en la playa de estacionamiento y falta de entrega de indumentaria y de libretas de trabajo”.

En total Amancay incorporó 296 trabajadores de Las Grutas y Autobuses y sólo sumó unos pocos empleados más, para tareas de administración.

Al margen de los planteos gremiales, Fuentes dijo que el transporte de pasajeros enfrenta una situación crítica en todo el país, que tendría que ver con el retaceo de los subsidios.

Señaló que por esa razón UTA central citó esta semana a Buenos Aires a varios dirigentes de base, entre ellos el secretario general de Bariloche, Marcelo Iarlori.

Este medio intentó conocer la posición de la empresa Mi Bus, pero nadie respondió los llamados.

Una primera señal de alerta

Aunque cargó con culpas ajenas, la empresa Mi Bus se vio alcanzada por una primera medida de fuerza el pasado 15 de marzo, cuando todavía no llevaba dos meses a cargo del servicio.

Ese día la UTA paralizó el servicio y bloqueó el Centro Cívico con decenas de colectivos porque la anterior prestadora, Autobuses Bariloche, había liquidado mal los salarios de febrero (que fue un mes de transición), lo cual para algunos trabajadores significó descuentos de una quincena.

El municipio y la propia empresa Mi Bus debieron mediar en la búsqueda de una solución. La nueva prestadora no fue sancionada porque la autoridad de aplicación consideró que no tenía responsabilidad en el reclamo.