Milicos militantes

De todas las iniciativas recientes que ha emprendido el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la más alarmante no es la encaminada a sojuzgar la Justicia, “democratizándola” con la esperanza de que lo proteja contra los deseosos de obligar a rendir cuentas, como corresponde, a ciertos funcionarios por lo que han hecho en el transcurso de la década ganada. Aún más peligrosa, si cabe, es la supuesta por el intento apenas disimulado de la presidenta de politizar las Fuerzas Armadas, incorporándolas al movimiento que se ha aglutinado en torno a su persona. Al nombrar como jefe del Ejército al general César Milani, un especialista en inteligencia que se ve acusado de complicidad en la violación de los derechos humanos cuando el país estaba bajo la férula de la dictadura militar, la presidenta dio a entender que quiere que los uniformados se pongan al servicio de su “proyecto”. Por su parte, Milani no titubeó en subrayar su propio compromiso con “las políticas de transformación” que apuntan a la construcción de una nación “socialmente integrada y con igualdad de oportunidades para todos”, remedando así la retórica presidencial que, por desgracia, no tiene mucho que ver con las consecuencias concretas de su gestión ya que, lejos de reducirse las diferencias sociales y económicas, se han ampliado mucho en los años últimos. Por motivos políticos, el gobierno kirchnerista se ensañó tanto con las Fuerzas Armadas que dejaron hace mucho de estar en condiciones de cumplir su función específica que consiste en defender el territorio nacional contra eventuales agresores externos. Por fortuna, no hay señales de que vecinos como Chile y Brasil, o Bolivia y Paraguay, se hayan propuesto aprovechar lo que en otros tiempos hubieran tomado por una oportunidad histórica para hacer valer sus pretensiones más imaginativas, ya que en tal caso no tendrían demasiadas dificultades para derrotar a los defensores de un país en que los aviones militares no pueden volar, los barcos se hunden por sí mismos en puerto y, como nos recordó la experiencia desastrosa de los gendarmes que regresaban en micros de Cerro Dragón, transportar efectivos a zonas sensibles requeriría un esfuerzo sobrehumano. ¿Para qué, pues, servirían las Fuerzas Armadas que fueran depauperadas, y por lo tanto inutilizadas adrede por el gobierno cuando abundaban recursos financieros proporcionados por años de crecimiento “a tasas chinas”? A juicio de los kirchneristas, podrán desempeñar tareas asistencialistas –clientelistas, según los críticos de la política militar kirchnerista– en las villas miseria del conurbano bonaerense, además de ayudarlo a conseguir información acerca de las actividades de opositores, de ahí el nombramiento de un experto en inteligencia como el nuevo jefe del ejército. Durante décadas, la lucha entre profesionales apolíticos y los convencidos de que los uniformados deberían desempeñar un papel político, comprometiéndose con alguna que otra facción civil, mantuvo en vilo a la ciudadanía que comprendía muy bien que el destino del país dependería de las alternativas de la interna del llamado partido militar. Hasta hace poco, hubo motivos para creer que, aleccionados por el Proceso y por sus secuelas, los profesionales apolíticos por fin habían logrado imponer su criterio, pero parecería que sólo fue cuestión de un intervalo pasajero, ya que Cristina, es de suponer impresionada por el ejemplo brindado por sus compañeros “bolivarianos” en otras partes de la región, piensa que le convendría emular a los chavistas que, con la ayuda de asesores cubanos, han instalado un régimen semimilitar en Venezuela que, entre otras cosas, sirve para intimidar a los líderes opositores. Sea como fuere, a esta altura, los riesgos planteados por la politización de las Fuerzas Armadas deberían sernos evidentes. Puede que el excanciller radical Dante Caputo haya exagerado al advertir que el gobierno de Cristina acaba de abrir las puertas al infierno, pero no lo habrá hecho por mucho. En organizaciones armadas jerárquicas, forzosamente autoritarias, los jefes no pueden asumir posturas facciosas sin que subordinados de opiniones distintas se sientan con derecho a desobedecerles, de ahí los conflictos internos que son rutinarios en los ejércitos de países no democráticos y los esporádicos golpes de Estado que sufren.