Militancia judicial

En opinión de algunos, el fallo de la Justicia según el cual el gobierno bonaerense, a pesar de no contar con el dinero necesario, tiene forzosamente que pagar en seguida el medio aguinaldo de los estatales provinciales, habrá sido motivado exclusivamente por factores políticos. En vista de la campaña rabiosa de hostigamiento que han emprendido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus operadores contra Daniel Scioli, la sospecha se basa en mucho más que la mala voluntad, pero así y todo es por lo menos factible que el juez en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata responsable del fallo sea un idealista reacio a dejarse impresionar por algo tan despreciable como la realidad económica. Por cierto, no sería el único magistrado convencido de que los números deberían someterse a la majestad de la ley. A través de los años, centenares de jueces han producido fallos que, de instrumentarse, hubieran significado la bancarrota inmediata de empresas importantes, reparticiones gubernamentales y, en ocasiones, cuando a uno se le ocurre que por ser ilegítima la deuda externa sería un delito seguir pagándola, el país en su conjunto. Asimismo, de quererlo, los jueces podrían poner en apuros a todos los gobernantes, desde la presidenta hasta el intendente más humilde, ordenándoles tomar al pie de la letra el artículo 14 bis de la Constitución nacional que consiste en una lista de derechos laborales, beneficios y garantías que acaso sean apropiados para un país escandinavo pero que, por desgracia, raramente se ven respetados en otros, como el nuestro, que son más pobres y están peor organizados. Bien que mal, las disquisiciones de los constitucionalistas no suelen incidir en la conducta de los gobernantes, y lo mismo podría decirse de muchos sesudos fallos judiciales. La razón por la que Scioli ha optado por fraccionar el pago del medio aguinaldo, medida que ya ha provocado las protestas previsibles, no es exactamente un misterio: como es notorio, el gobierno provincial no dispone de plata suficiente y Cristina no está dispuesta a ayudarlo. Según el sistema supuestamente vigente, le corresponde al gobierno nacional facilitarle mucho más dinero en el marco de la coparticipación –como acaba de recordarnos el exgobernador santafesino Hermes Binner, por ley la Nación, o sea Cristina, debería distribuir el 34,6% del dinero recaudado pero sólo reparte entre el 24 y el 28%–, lo que brindaría a los jueces interesados en hacer gala de su independencia del gobierno nacional una oportunidad para intervenir nuevamente en el manejo de la economía, aunque ya sabrán que sólo sería cuestión de un gesto testimonial. Parecería que el gobierno nacional tampoco tiene a mano el dinero que necesitaría para cumplir con todas sus obligaciones legales pero se resiste a confesarlo, de ahí los intentos de la presidenta y sus voceros de atribuir el vaciamiento de una caja hasta hace poco rebosante de dólares, pesos y otras monedas a la ineptitud administrativa de Scioli y otros mandatarios regionales. Si bien la clase política nacional está dominada desde hace más de un siglo por abogados y otros productos de las facultades de Derecho, nunca se ha destacado por el respeto por la ley de la mayoría de sus integrantes. En cierto modo, la propensión generalizada a pasar por alto los detalles jurídicos puede considerarse positiva, ya que a esta altura cualquier intento de reconciliar de golpe el país real con el formal imaginado por generaciones de juristas no podría sino tener consecuencias desafortunadas, pero convendría que los gobernantes, los legisladores y los jueces procuraran reducir poco a poco la brecha amplia que separa los dos mundos así supuestos. En esta empresa, no ayudan fallos como el recién producido por un juez decidido a obligar al gobierno bonaerense a hacer lo que le es imposible. Por el contrario, puesto que virtualmente todos, incluyendo a los que en teoría por lo menos estarían entre los beneficiados por la orden en tal sentido, dan por descontado que se trata de una maniobra política destinada a incomodar al gobernador provincial que encabeza la lista negra de los kirchneristas más vengativos, el fallo desacredita todavía más a aquellos jueces que, a ojos de muchos, están demasiado dispuestos a ponerse al servicio del Ejecutivo nacional por motivos que no tienen nada que ver con su eventual compromiso con la Justicia.