Ministro virtual

A Machinea le conviene dejarle a la Justicia asuntos como los precios de colectivos y subtes, porque ésta fallará en favor de la gente.

Lo más visto



José Luis Machinea cree que, por ser el ministro de Economía de la Nación, está facultado para firmar ciertos acuerdos, pero a esta altura entenderá que sólo le es dado tomar decisiones significantes si ningún juez se siente constreñido a sustituirlo. Caso contrario, le convendría dejar asuntos como los precios de los pasajes de los trenes, subtes y colectivos de la Capital Federal en manos de la Justicia, la cual, como sabemos, siempre fallará en favor de “la gente”. Así, pues, para alivio de muchos usuarios el juez federal Martín Silva Garretón acaba de frenar las subas tarifarias recién anunciadas del transporte ferroviario metropolitano, reeditando de este modo el golpe que ya había asestado contra las empresas de colectivos. Desde luego que los empresarios han protestado contra las medidas y es de suponer que reaccionarán invirtiendo todavía menos en el transporte e incluso, en algunos casos, despidiendo a miles de empleados o cayendo en bancarrota, agravando de este modo las penurias de los habitantes de una ciudad que a pesar de contar con un ingreso per cápita primermundista, parece condenada a un estilo de vida propio del Tercer Mundo, pero por ahora, el juez puede felicitarse por el éxito de su defensa de los bolsillos populares.

Puede que en esta ocasión el activismo judicial, a pedido de la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, se haya justificado -de quererlo, los juristas podrían entretenerse durante años debatiendo el tema- y que, como el juez supone, lo único que les interesa a los empresarios del sector es medrar a costillas de los porteños. Sin embargo, en términos generales, las periódicas incursiones judiciales de este tipo sólo sirven para trabar el funcionamiento de una economía que ya es sumamente ineficaz. Como es notorio, en nuestro país los jueces y los abogados cuyos argumentos escuchan raramente se limitan a cuestionar la interpretación oficial de un contrato de importancia relativa. A veces, algunos han aprovechado su poder para intentar impedir, en base a planteos jurídicos ambiciosos, que el gobierno de turno siga honrando la deuda externa y en un alarde surrealista uno, operando desde Río Gallegos, se las arregló para ordenar la detención del presidente del Banco Central. Asimismo, hasta el funcionario jerárquico más honesto puede caer en las redes tendidas por abogados de ideología distinta, al ser acusado de cometer irregularidades que, varios años después, resultarán ser meros productos de una imaginación legal feraz; riesgo que, huelga decirlo, pueden aprovechar los deseosos de castigar a un adversario político obligándolo a pasar buena parte de su tiempo en tribunales.

Esta situación no sería preocupante si la economía funcionara bien, el gobierno impresionara por su firmeza y todos los jueces locales fueran célebres por su eficacia, imparcialidad y resistencia a permitir que factores políticos o ideológicos incidan en su fallos; pero, por desgracia, la realidad es un tanto distinta. El estado de la economía es decididamente precario, el gobierno es considerado débil incluso por sus simpatizantes y el desprestigio de la Justicia difícilmente podría ser más patente. Por estos motivos, el espectáculo brindado por los enfrentamientos esporádicos de los gobernantes de turno con jueces que, para deleite de muchos que creen que lo económico debería subordinarse a lo jurídico, se las ingenian para erigirse en celebridades mediáticas trabando una medida oficial -buena o mala, da igual-, no contribuye en absoluto al bien común. Antes bien, estimula dudas en cuanto a la capacidad del país en su conjunto de superar los problemas económicos que lo están asfixiando. Por cierto, los inversores del exterior, los cuales, por razones comprensibles, están mirando con lupa la evolución del drama socioeconómico argentino, no podrán sentirse reconfortados por la facilidad con la cual el juez Silva Garretón ha desbaratado la política de transporte público del gobierno del presidente Fernando de la Rúa, Al fin y al cabo, si ni siquiera está en condiciones de permitir que aumenten las tarifas en un distrito supuestamente opulento, sería realmente sorprendente que lograra atenuar una crisis económica nacional de complejidad incomparablemente mayor.


Comentarios


Ministro virtual