Tras el caso Pike: Trump avaló la pena de muerte por fusilamiento al expsiquiatra condenado por la matanza en Texas

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El Gobierno de los Estados Unidos dispuso la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, un excomandante y psiquiatra del Ejército condenado por perpetrar el ataque más mortífero registrado en una base militar estadounidense fuera de un contexto de combate. El presidente Donald Trump impartió la aprobación final requerida por la legislación militar para aplicar la pena capital, avalando así el método propuesto por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El anuncio oficial fue realizado este lunes a través de la red social X por el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. “El día del juicio para Hasan finalmente ha llegado”, escribió el vocero. Mientras el Pentágono aún no ha pautado la fecha ni el lugar, Parnell aclaró que será el secretario del Ejército el encargado de determinarlos. En la actualidad, el exmilitar permanece en la prisión de Fort Leavenworth, en Kansas, siendo uno de los cuatro reclusos que integran el corredor de la muerte de las Fuerzas Armadas.

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Según consignaron medios como El País y BBC, si la medida se concreta, será la primera ejecución llevada a cabo por el Ejército estadounidense desde 1961, cuando el soldado John A. Bennett fue ahorcado tras ser condenado por violación e intento de asesinato. Además, de acuerdo con los registros del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), constituirá la primera ejecución militar por fusilamiento desde noviembre de 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial. Según la legislación, una ejecución de este tipo exige la aprobación del presidente, una revisión de apelación y una resolución definitiva sobre su legalidad.

Cómo fue la matanza de 2009

Los hechos que derivaron en la condena ocurrieron el 5 de noviembre de 2009 en la base militar de Fort Hood, Texas. Hasan, originario de Virginia, ingresó a un edificio médico que estaba abarrotado de soldados que esperaban revisiones y vacunas antes de ser desplegados. Tras gritar “Allahu akbar” (Dios es grande), abrió fuego con una pistola semiautomática con mira láser contra los militares desarmados. El ataque dejó 32 heridos y 13 muertos, de los cuales 12 eran militares en servicio activo y uno era un oficial retirado que trabajaba como civil.

Hasan había trabajado durante años en el hospital militar Walter Reed en Washington, donde atendía a veteranos de Irak y Afganistán con estrés postraumático. Según testimonios de familiares y compañeros, el oficial buscaba evitar a toda costa su despliegue a territorio afgano, motivo por el cual había sido trasladado a Texas pocos meses antes del tiroteo.

Durante su consejo de guerra en 2013, el expsiquiatra se representó a sí mismo, admitió ser el autor material de los disparos y pidió disculpas por «cualquier error». Sin embargo, justificó su accionar argumentando que se había «cambiado de bando» para proteger a los musulmanes y a los talibanes en Afganistán.

Tras agotar las vías de apelación, el Tribunal Supremo rechazó en marzo del año pasado la última petición para examinar el caso, dejando firme su condena a muerte.

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Políticas federales y el antecedente fallido de Pike

El marco legal que envuelve al caso ha tenido fluctuaciones históricas. El Tribunal de Apelaciones de las Fuerzas Armadas había declarado inconstitucional la pena de muerte militar en 1983, pero esta fue restablecida al año siguiente mediante una orden ejecutiva de Ronald Reagan. En 2008, el presidente George W. Bush llegó a aprobar la ejecución del militar Ronald Gray por asesinatos y violaciones, pero el proceso fue suspendido por un tribunal federal.

La actual decisión se enmarca en la fuerte defensa que la administración de Trump hace de la pena capital. En enero de 2025, durante su primer día de mandato, el mandatario firmó una orden ejecutiva que restableció la aplicación federal de la pena de muerte, revirtiendo la moratoria que había instaurado Joe Biden.

El documento describió este castigo como una «herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra ciudadanos estadounidenses». En abril, el Departamento de Justicia profundizó esta línea al ordenar ampliar los métodos de ejecución para el sistema civil, habilitando el uso del pentobarbital y del fusilamiento.

Este último punto cobró relevancia crítica, ya que el anuncio militar se produjo apenas unos días después de un intento fallido de ejecución civil en Tennessee que puso bajo la lupa la fiabilidad de la inyección letal. El 30 de septiembre, la reclusa Christa Pike (50 años) sobrevivió tras recibir dos dosis de pentobarbital y debió ser trasladada a un hospital. Pike, condenada a muerte por el asesinato en 1995 de una joven de 19 años cuando ella tenía 18, permanece con vida en estado crítico y conectada a un respirador luego de que, según expertos, la sustancia se filtrara a sus tejidos.

El caso de Pike estaba destinado a ser la primera ejecución de una mujer en Tennessee en más de dos siglos. Frente a estos contratiempos, el fusilamiento vuelve a emerger como opción, aunque es sumamente infrecuente a nivel civil. De los 27 estados que mantienen vigente la pena capital, solo cinco permiten el fusilamiento: Idaho, Misisipi, Oklahoma, Utah y Carolina del Sur. Desde 1976 solo se han registrado seis ejecuciones por esta vía en todo el país, tres de ellas el año pasado en Carolina del Sur, lo que marcó el primer uso de este método a nivel nacional en 15 años.