El negocio inmobiliario detrás de una toma en Cipolletti
Habitantes del barrio La Cascada aseguran que existe un “perverso” sistema de compra y venta de lotes. Amenazas, robos y violencia extrema, algunas de las denuncias de los vecinos.
Los propios habitantes del barrio aseguran que hay un negocio inmobiliario que funciona como una “mafia organizada”. Foto: Florencia Salto
Cipolletti es una de las ciudades de Río Negro con mayor cantidad de asentamientos, pero La Cascada no es uno más. Sus excéntricas particularidades la presentan como el lado oscuro y más vulnerable de la falta de políticas públicas de acceso a la vivienda. Los propios habitantes del barrio aseguran que hay un negocio inmobiliario que funciona como una “mafia organizada” por parte de los “dueños” del lugar.
Cámaras de seguridad, un cónclave de vigilantes en el ingreso, y un perímetro de alambre con un portón cerrado forman parte de la fachada de este barrio ubicado en la zona noreste de Cipolletti donde viven más de 300 familias.
Claudia es una de las víctimas de este sistema que opera, según cuentan los testigos, de forma “salvaje”. La mujer compró un terreno en ese barrio en enero de 2020, en vísperas del inicio de la pandemia. Lo pagó 400 mil pesos y puso alrededor de 200 mil más para mantener el lote en condiciones.
A principios de este año no solo se lo arrebataron, sino que también la abusaron sexualmente cuando intentó resistir la usurpación. La fiscalía archivó la denuncia por abuso porque los peritajes no eran concluyentes y derivó el proceso a la unidad temática que se encarga de usurpaciones.
No es el único caso, otra mujer que dejó el barrio hace tiempo también sufrió un robo y posteriormente la desalojaron de la toma. “Es tremendo lo que sucede ahí adentro, cambian la cerradura del ingreso y les dan copia solo a algunos. Estuve tres meses encerradas sin poder trabajar porque me amenazaron con prenderme fuego la casa y a mí. Tenía que salir y entrar a escondidas”, contó la que mujer pidió reservar su identidad por miedo. “Mi hermano se tuvo que ir de Cipolletti por todas las amenazas que recibió”.
Cintia relató que por prestarle la vivienda una familia que no tenía donde dormir comenzó su“infierno”. Dijo que María Espinoza, señalada como la “dueña” del barrio, la golpeó con un fierro en la cabra y terminó en el hospital. “Son lotes que pueden ser accesibles para personas con pocos recursos entonces entran, después pasan estas cosas. A muchos se los sacan. Es tremendo porque tienen muchísimas denuncias y no pasa nada, la fiscalía no investiga”.
En 2020, el fiscal jefe Gustavo Herrara inició una investigación contra Espinoza, por varios delitos como coacción, amenazas, robo y extorsión. El combo delictivo configuraba una acusación muy grave que conlleva penas altas de prisión efectiva. Sin embargo, la causa se archivó porque se vencieron los plazos para investigar antes de que se avance en el proceso, sostuvieron desde la defensa.
El “infierno” de Claudia
Claudia habló con Río Negro y precisó que a primera hora del 12 de enero, un vecino del barrio La Cascada la llamó para decirle que le estaban usurpando el terreno, cuando llegó al barrio se encontró con una pareja que estaba poniendo postes.
Se inició una discusión que finalizó con un abuso sexual, según consta en la denuncia penal. “Ahora vás a saber lo que es un hombre”, le dijo el atacante antes de abusarla. Agregó que tanto el vecino que dio aviso -acusado de encubridor- como Espinoza fueron testigos del hecho y “no hicieron nada”. “Les pedía a gritos que ayuden”, relató.
Históricamente en La Cascada hay un negocio inmobiliario de los referentes. Venden, sacan y revenden los terrenos”.
Lila Calderón, referente barrial de Cipolletti.
Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que no pueden ser llamados como testigos para la denuncia de abuso sexual porque son sospechosos del delito de usurpación y no puede ser testigos y acusados en el mismo proceso, ya que se trató de una sola denuncia y la política del organismo fue avanzar sobre la usurpación y el robo.
La mujer había comprado una casa prefabricada por más de 1,5 millones de pesos. Tenía las bases para colocarla, pero no pudo hacerlo porque antes llegó la usurpación. El vecino que le vendió el terreno le entregó un certificado de vivienda del Renabap.
Después de lo que pasó, ella dejó su casa y se fue a vivir con una amiga porque tiene miedo que le pase algo. “No vuelvo más al barrio, no quiero saber nada con volver. Solo quiero que se sepa todo lo que está pasando adentro”, contó.
La mujer también relató que sufrió discriminación por parte de un efectivo de la comisaría Cuarta. “Cuando llegó al barrio -el día del abuso- me trató muy mal me dijo vos en tu país no hacés estas cosas”, indicó la mujer nacida en Colombia y que vive en Cipolletti hace más de 10 años.
La referente barrial y social de Cipolletti Lila Calderón aseguró que “históricamente en La Cascada hay un negocio inmobiliario de los referentes. Venden, sacan, acomodan y revenden los terrenos, habla muy mal de todo lo que nosotros venimos luchando por el acceso a la tierra y la vivienda”.
Un barrio popular con “cuota” mensual y acceso restringido
En pleno auge de las restricciones por la pandemia del coronavirus, a mediados de 2020, los referentes del barrio decidieron cerrarlo con un alambrado. Además colocaron un portón con llave que solo tenían copias los vecinos.
Los habitantes cuentan que el argumento fue controlar el ingreso y salida de personas para evitar un foco de contagios de coronavirus. Sin embargo, los vecinos aseguran que fue el inicio de un mecanismo para aumentar el poder sobre los terrenos.
“Tenían que llevarte bien con ellos para que no te pase nada, y si tenías algún problema no te daban copia de llaves y amenazaban al resto de los vecinos para que no lo hiciera”, contó una de las vecinas que vivía en el barrio.
También relatan, varios habitantes, que hay un sistema de cuotas mensuales, que hasta el año pasado eran de entre 600 y 1.000 pesos que tenían como finalidad hacer mejoras en el asentamiento: “Se quedaban con la plata porque nunca veías esas mejoras, y si preguntabas era para problemas”, contó otra mujer que aún vive en La Cascada.
En el sector también funcionó un merendero, pero duró apenas un suspiro. “Todas las donaciones en cuarentena o en temporal se lo dejaban ellos, incluso lo que llegaba para el merendero, como ropa y comida, lo repartían entre los referentes”, dijo una de las vecinas entrevistadas.
En 2018, unos meses después del asentamiento del barrio, la justicia dictó un desalojo que como ocurre en la mayoría de las tomas no se concreta. A comienzos de ese año el fiscal jefe Gustavo Herrera abrió una mesa de diálogo entre los vecinos y quien dice tener la posesión de las tierras. El objetivo era comprar los lotes para evitar el conflicto penal.
El lugar se encuentra a unos 1.000 metros pasando el paraje Lalor donde funcionó un galpón de empaque hace muchos años.
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