Moción de censura a Manuel Adorni: qué necesita la oposición en el Congreso para remover al jefe de Gabinete

Manuel Adorni podría convertirse en el primer jefe de Gabinete de la historia argentina en ser removido de su cargo a través de una moción de censura, una herramienta de control parlamentario incorporada en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 que jamás fue utilizada hasta el momento. Tras la controversia generada por las recientes inconsistencias en sus declaraciones juradas, la oposición en el Congreso inició una fuerte ofensiva para activar este mecanismo, el cual exige un procedimiento extenso de doble sanción en la Cámara de Diputados y en el Senado.

En medio de esta avanzada legislativa, se desató un intenso debate político y jurídico sobre las implicancias reales de una destitución y el margen de maniobra que tendría el presidente Javier Milei para sostener a su ministro coordinador a pesar del rechazo parlamentario.

Este inédito proceso constitucional, contemplado en el artículo 101, consta de dos grandes etapas. El primer paso ineludible consiste en la aprobación de un pedido de interpelación, para lo cual cualquiera de las dos cámaras debe avalar la solicitud por mayoría absoluta.

Una vez cumplimentada esta instancia, el funcionario tiene la obligación de concurrir al recinto para dar explicaciones, momento en el que se habilita la fase de ejecución para el tratamiento de la moción de censura propiamente dicha. Su aprobación y la consecuente remoción inmediata del jefe de Gabinete requiere un consenso mayúsculo: tanto el Senado como la Cámara de Diputados deben votar favorablemente por la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros.

Frente a estas exigencias, los bloques opositores ya comenzaron a organizar sus estrategias. En la Cámara Baja, se convocó a una sesión especial para el martes 23 de junio que incluirá seis pedidos de interpelación en su temario, mientras que el Partido Justicialista apura una jugada similar en la Cámara Alta.

El diputado socialista Esteban Paulón justificó esta embestida argumentando que el funcionario dañó el vínculo institucional. “El Jefe de Gabinete es el funcionario que hace de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y para llevar adelante esa tarea se necesita que haya un vínculo de confianza. Cuando viene a una sesión informativa a brindar informe de gestión, miente abiertamente y semanas después lo reconoce en televisión nacional. No hay esa tal confianza del parlamento para con el Jefe de Gabinete por eso está prevista la moción”, denunció.

En la misma línea se expresó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, impulsor del primer proyecto formal de censura contra el vocero gubernamental. “Hace 100 días que el gobierno está enredado en esta novela del jefe de Gabinete. Vino al Congreso y todo lo que dijo fue desmentido por sus acciones anteriores. Le mintió al Congreso, la prensa y a los 47 millones de argentinos”, argumentó el legislador en diálogo con Infobae.

Además, reafirmó la voluntad de avanzar con la destitución: “No es un capricho ni un arrebato: que venga a dar explicaciones y para eso debe ser interpelado. Los aspectos penales deberá dilucidarlo la justicia. Desde el punto de vista político, Adorni no cuenta con la confianza del pueblo argentino y mucho menos de la Cámara de Diputados y del Senado”.

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La mirada de los constitucionalistas sobre la moción de censura

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Más allá del fuerte impulso político que tomó la medida, la aplicación práctica de esta herramienta genera diferencias entre los expertos debido a la falta total de antecedentes en la historia democrática del país. Distintos abogados constitucionalistas consultados por Infobae explicaron los detalles del mecanismo y coincidieron en que se trata de una vía válida pero de eficacia relativa.

Daniel Sabsay la definió como un recurso de «efectos limitados» y detalló: “Es una forma de control parlamentario. Se lo evalúa políticamente y se exige su remoción. Se activa cuando hay crisis política, pero es un procedimiento larguísimo”.

Sin embargo, el jurista remarcó que la sola habilitación de la interpelación conlleva “un costo político alto” para el Gobierno, más allá de que el Congreso logre o no reunir los votos para la destitución final.

Por su parte, el especialista en derecho constitucional Félix Lonigro fue sumamente crítico respecto a la redacción del texto oficial que rige el proceso.

“Es un mamarracho. El jefe de Gabinete es un cadete de lujo. Un rol burocratizado y el artículo está muy mal redactado”, sostuvo sin filtros. Ante la incertidumbre que genera su implementación inédita, el abogado advirtió que las reglas del juego “se van a ir haciendo camino al andar porque nunca se utilizó”.

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Moción de censura: Javier Milei aún puede mantener a Adorni

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El mayor punto de conflicto que abre la redacción del artículo 101 es la posibilidad concreta de que Javier Milei decida volver a nombrar al jefe de Gabinete inmediatamente después de que el Congreso apruebe su destitución, una potestad que, según la Secretaría Parlamentaria, no se encuentra expresamente prohibida por la normativa vigente.

El constitucionalista Gustavo Ferreyra aseguró que restituir al funcionario durante la misma gestión configuraría una “causal de destitución” por mal desempeño para el propio mandatario mediante un juicio político. “La decisión parlamentaria, en caso de que el Congreso logre su remoción, comporta el ejercicio de una competencia constitucional exclusiva, motivo por el cual, volver a designar al funcionario removido alteraría las bases propias del control ejercido y su desnaturalización”, sentenció.

Esta visión es compartida por Andrés Gil Domínguez, quien abona a la interpretación de que la designación no puede volver a darse hasta que cambie la composición del Congreso o termine el mandato del Presidente, dado que la censura supone “una pérdida de confianza del Congreso irreversible”.

Finalmente, Lonigro adhirió a esta limitación práctica a pesar de las falencias legales: “No hay nada escrito por eso la moción es variable a la interpretación. Aún cuando no está escrito, se debe aplicar la posibilidad de inhabilitarlo”.