Municipios y desarrollo local

ANGEL HORACIO VILLEGAS (*)

Especial para «Río Negro»

La forma federal de Estado, que descentraliza la autoridad de manera territorial, acepta la existencia de tres porciones de poder en nuestro país: la Nación, las provincias, pre- existentes a aquella y los municipios. De origen romano, la institución municipal se desarrolló en España a través de las «comunas» –llamadas así porque sus autoridades eran elegidas por el común de la gente– y se trasladó a América con la conquista y colonización de las nuevas tierras. Al fundar una ciudad, el conquistador español dotaba a aquella de las parcelas correspondientes a la iglesia católica y a los colonizadores y erigía en el nuevo poblado un cabildo.

El Cabildo, con múltiples funciones, se transformó en una de las instituciones más importantes del poder colonial en América. Para ocupar alguno de los distintos cargos (alcaldes, regidores, etc.), había que ser «vecino», o sea habitante de la ciudad y español. Fue el epicentro del ascenso del poder virreinal, pero también de su caída. Recordemos que fue en los llamados «cabildos abiertos» de México, Lima, Buenos Aires y otras, donde comenzó a gestarse la emancipación de estas tierras.

Con la sanción de la Constitución de la Nación Argentina en 1853, se afirmó el nombre de municipio a la organización jurídico-política de una ciudad. En el art. 5 de la misma, que no sufrió reforma desde 1860, se determina que las constituciones provinciales, para ser aceptadas como tales, deben prever, entre otras cuestiones, que aseguren «… su régimen municipal…» (al interior de las provincias).

Durante el período que va desde la creación de la Carta Magna hasta la reforma de 1994 (incluida la provincialización de los últimos territorios nacionales), la institución municipal se caracteriza por la fuerte centralización, sea al gobierno nacional (por la Capital Federal) o a las provincias (por los partidos y municipios de cada una); la importancia de los municipios radicaba en el rol de ABL (alumbrado, barrido y limpieza). La redacción del art. 123, determinando que: «Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 asegurando la autonomía municipal…», más el art. 129, instituyendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires (o Capital Federal) producen un cambio de paradigma. La autonomía municipal significa ahora nuevos derechos, pero también nuevos desafíos y responsabilidades.

La última década del siglo XX posiciona a nuestro país en el liberalismo económico más ortodoxo cumpliendo las recetas del FMI, y hacia el centro del sistema político institucional se produce una reforma del Estado, que permite la privatización de empresas públicas, la descentralización y la tercerización de servicios que antes se encontraban bajo la órbita estatal. También se produce un fuerte ajuste en las cuentas públicas, que permita hacer frente a las obligaciones impuestas por la pago de la deuda externa, ocasionando en el seno de la sociedad el aumento de las tasas de desempleo y subocupación, pobreza, marginalidad y exclusión y el desprestigio de la clase dirigente por los altos niveles de corrupción. Es el ámbito municipal el nuevo depositario de las demandas sociales: trabajo, ayuda social, salud, seguridad, educación, con el agravante de que las nuevas funciones no vienen acompañadas de las partidas presupuestarias correspondientes. Un nuevo vocabulario comienza a escucharse en las dependencias municipales: gestión, management, planificación estratégica, solicitud de préstamos nacionales e internacionales, consultoría, auditoría, etc. Es el tiempo de los consultores que aparecen con sus «portafolios salvadores», provenientes de Washington o desde Buenos Aires, y se hacen cargo de la asistencia técnica y financiera de los programas y proyectos que ofrecen.

Así como hay municipios en los que la autonomía se desdibuja en virtud de obras «atadas» a requerimientos inter

nacionales o nacionales, como con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), manejados discrecionalmente por el ministerio del Interior de la Nación, hay otros que, imbuidos de la lógica del desarrollo local, alcanzan logros económicos y sociales importantes. Estos municipios (nombramos algunos como Rosario, Rafaela, San Nicolás) entienden que el desarrollo no es, como se decía a fines de la segunda guerra mundial, una metáfora del «derrame», sino una construcción democrática y social que necesita de una fuerte carga de trabajo comunitario con los actores sociales, solidaridad, confianza, sustentabilidad, adecuado manejo de la información para crear conocimientos y un consensuado proyecto político que perdure en el tiempo, independientemente del color político de turno. Esta lógica sistémica y compleja de construir el desarrollo constituye una alternativa viable para los municipios y regiones ante el avance de la globalización.

La debacle de fines de 2001 y comienzos de 2002 despertó diversas inquietudes en la comunidad, como alternativa ante la grave crisis desatada por el fin de un sistema económico imperante durante 25 años. Fue así que surgieron emprendedores, micropymes y pymes, clubes de trueque, empresas ocupadas por sus trabajadores que buscaban encauzar las fuerzas del trabajo y del capital hacia una economía con rasgos más humanos, hacia un desarrollo local y regional que devuelva un poco de esperanzas a la castigada población. Pero fue un espejismo, ya que la recuperación de la economía (segunda mitad de 2002 hasta la fecha), a partir del aumento en el precio internacional de los commodities (soja, petróleo) y la competitividad en la balanza comercial producida por la devaluación monetaria, hizo ingresar dinero a las arcas públicas, con el cual pudo incrementarse el clientelismo político en sus diversas manifestaciones, sea nacional, provincial o municipal. La gente, olvidado ya el «que se vayan todos», dejó de hacer lo que estaba haciendo y se conformó con el subsidio social que se le entregaba. Aunque muchos soportaron el embate, hasta los clubes de trueque desnaturalizaron su objetivo.

A la luz de un contexto mundial unificado y globalizado, pero también «contenedor» de las diferencias, pueden plantearse correcciones. Libres por ahora de las imposiciones del FMI debiera redefinirse el actual sistema de coparticipación federal de impuestos, tratando de que sean los municipios, o las regiones conformadas por éstos, quienes recauden los tributos, transfieran las partidas para los distintos servicios que deben prestar y luego coparticipen al resto a las provincias y finalmente éstas a la Nación. Hace falta un sistema tributario que tenga en cuenta las necesidades de la gente y la gente vive en municipios o partidos, que deben ser la unidad de medida del sistema.

Pero este cambio de lógica debe ir acompañado de una profundización en el ejercicio de la democracia, que convierta al ciudadano de espectador en actor social, de cliente político en hacedor de su destino. Debe reorientarse el gasto hacia la construcción de un sistema educativo unificado que priorice el conocimiento y la creación de tecnología para la innovación productiva en bienes y servicios. Pero, además, debe dejarse en claro que los municipios son autónomos y que esto les permite la búsqueda del proyecto político que mejor los acerque al desarrollo económico y social de los ciudadanos. Porque en última instancia, el desarrollo está en el interior de la gente y no de los mercados ni de los despachos gubernamentales.

(*) Especialista en Municipio y Desarrollo Territorial – UNCo. 2001

ahvillegas@yahoo.com.ar