Nadie responde por las casas del gremio vial

César Izza

VIEDMA (AV).- La indignación y el desconcierto ganaron las calles de la ciudad ayer por la mañana, frente a la Fiscalía de Estado. Los damnificados por el Sindicato de Viales y por el IPPV, que reclaman sus viviendas desde hace más de dos años luego de quedar fuera de las nóminas elaboradas por esos organismos, reclamaron ayer respuestas por parte del Estado que hace 14 meses se comprometió a construir sus casas, en un terreno que se adquiriría para tal efecto.

Una veintena de personas estuvo durante más de una hora en plena calle Álvaro Barros pegando carteles de cuestionamientos al gobierno provincial y al sindicato que conduce Carlos Sansuerro por sus incumplimientos. Sin embargo, vía una comunicación telefónica con una de las manifestantes, el titular de la Fiscalía de Estado, Alberto Carosio, se habría desligado de la situación y -según la mujer- los derivó a entablar contactos con el futuro Ejecutivo Provincial.

En una llamativa conversación de la que los medios fueron testigos, la mujer le solicitó a Carosio que les diera respuestas. “Váyanse bien, no así”, decía Norma Ortiz, al representante del Estado que por teléfono rechazaba atender personalmente a los damnificados.

Minutos antes, Vanessa Mussarella, con lágrimas en sus ojos recordó que fue ella quien el año pasado ocupó con sus hijos una de las viviendas que se entregarían, y de cuyo listado habían quedado fuera, a pesar de haber sido los primeros en comprar los lotes al Sindicato de Viales. “Nos sentimos delincuentes, rodeados por la policía”, recordó.

En aquella ocasión, intervino la Justicia y la Fiscalía de Estado y las familias damnificadas arribaron al compromiso de que se les construirían las viviendas en un terreno lindero, lo que finalmente no ocurrió. “Solamente nos están pagando 500 pesos en concepto de alquiler, que no representan nada ahora, con lo que aumentaron los alquileres”, dijo Vanessa.

Por su parte, el abogado de algunas de las familias, Ricardo Montanari, informó por medios radiales que ya ejecutaron días atrás las resoluciones judiciales para que el Estado dé cumplimiento a sus obligaciones. “A fines de diciembre se cumplirían los plazos que otorgó la Justicia para que se entreguen las 24 viviendas que se reclaman”, sostuvo el letrado.

Los perjudicados por esta situación compraron sus terrenos en 2005 y 2006 al Sindicato de Viales, representado por Sansuerro. El IPPV debería construir allí sus casas. Se levantaron 54 viviendas, pero 24 familias quedaron afuera de las listas.