Negocian menor poda para los cargos políticos

NEUQUEN (AN).- La oposición legislativa le dio una semana más de vida a la planta política de Jorge Sobisch con un acuerdo alcanzado a último momento entre los diputados del PJ y del bloque del Movimiento Popular Neuquino. La poda será mucho menor que el 50% propuesto sobre los 647 funcionarios que nombró el gobierno desde diciembre de 1999.

Ayer, la Cámara no trató la reformulación de las designaciones de funcionarios de Sobisch, que tenía «moción de preferencia» y automáticamente quedó para la sesión del miércoles próximo. El acuerdo se forjó el martes por la noche entre Gabriel Tom Romero, presidente de la bancada del PJ y operadores del sobischismo que pidieron una tregua hasta la llegada de su jefe del viaje por Francia y Portugal. Sin el vicepresidente primero Federico Brollo ni el vicegobernador Jorge Sapag en la Legislatura, el diputado Julio Falleti «queda muy solo para negociar, y quieren evitar el veto», aseguró una fuente.

Desde Lisboa, Brollo dijo que la planta actual se había diseñado según un «enfoque político» del gobierno sobre la base de «un exceso» de personal en la administración pública, y descalificó como «chicanas» las posturas de la oposición.

La versión oficial que recorrió los pasillos de la Legislatura ayer señala que en la reunión de labor parlamentaria del lunes la Alianza -a través del vicepresidente segundo de la Legislatura, Ricardo Villar- resignó el tratamiento de la extensión del período de sesiones que requiere una reforma de la Constitución Provincial. Como devolución de gentilezas -explicó un vocero-, el diputado Carlos Asaad en representación del PJ, aceptó la postergación del tratamiento del recorte en la planta política. Así las cosas, ayer en la tarde los diputados se dedicaron a discutir sobre las responsabilidades de los sucesivos gobiernos en la administración de la caja de jubilaciones provincial que forma parte del Instituto de Seguridad Social.

Por el oficialismo, Falleti, Osvaldo Ferreyra -que condujo el ISSN en el anterior gobierno de Sobisch- y, en menor medida, Adriana Rivas, tuvieron el protagonismo. Rivas y Falleti intentaron minimizar los argumentos opositores y los encuadraron en un intento de «politizar» la discusión o «judicializar» el decreto de Sobisch que subió los aportes.

Ferreyra se encargó en demostrar que el grueso del esfuerzo será del Estado, porque 8.200 empleados que cobran 500 pesos mensuales no sufrirán descuentos, es decir, que incremento de un punto en sus aportes será compensado automáticamente, y en el caso de los que perciben entre ese monto y 560 pesos mensuales «el recorte será mínimo». Defendió también su administración porque en ese período -1993- se hizo el único informe actuarial anterior al que utilizó el gobierno para decidir las subas.

Desde la oposición justicialista, Romero -cuyo pedido de leer una nota del secretario general de ANEL, Héctor Stagnaro, en repudio a las declaraciones del vicegobernador Sapag por el ISSN desató la discusión- y Aldo Duzdevich fueron los voceros. Por la Alianza hablaron Raúl Radonich, Carlos Moraña y Eduardo Fuentes que intentaron demoler los cuestionamientos de Falleti, basados fundamentalmente en los resultados electorales de octubre de 1999.

Se viene otra pulseada con el gobierno

NEUQUEN (AN).- El diputado justicialista Gabriel Romero arrancó ayer el aplauso de la barra constituida por trabajadores del EPEN cuando logró el consenso para tratar en la primera sesión de agosto su proyecto de reformulación del ente de energía eléctrica que traba la municipalización impulsada por el gobierno de Jorge Sobisch.

La votación fue positiva por 17 a 14 -la Alianza en pleno aprobó la iniciativa- y despertó las críticas de Adriana Rivas, del oficialismo, por el resurgimiento de «la nueva alianza».

La discusión comenzó antes del cuarto intermedio. Julio Falleti atribuyó la propuesta de Romero -una «moción de preferencia»- a un «artilugio» por la campaña electoral del justicialista que va como candidato a diputado nacional en la lista que lleva a Sergio Gallia a disputar una banca en el Senado. La actitud de Romero es una «ruptura de códigos políticos», dijo.

Eduardo Correa -Alianza- apoyó la reforma del ente, que se traducirá en un directorio con dos representantes del Ejecutivo, uno por la primera minoría legislativa, otro por la segunda y un quinto por los trabajadores -ATE-.