Neuquén sin seguridad

No hay seguridad en la provincia de Neuquén. Ahí están los casos de la docente de Centenario Susana Ruminot, del estudiante universitario Sergio Avalos y de la joven empleada judicial María Alejandra Zarza y su bebé, para certificar esta amarga constatación. Hay más, pero al menos tres de los crímenes más conmocionantes de los últimos tiempos están impunes. No sólo ocurrieron sin que nadie los pudiera evitar, tampoco han sido debidamente esclarecidos y aún siguen impunes. Ni el aparato de seguridad que administra el Poder Ejecutivo, ni la Justicia han cumplido con su cometido. Más allá de las campañas onerosas y las consignas politiqueras a que nos tienen acostumbrados los funcionarios provinciales, del gobernador Sobisch y el ministro de Seguridad Manganaro para abajo.

El caso de María Alejandra Zarza es el más perturbador para la sociedad neuquina. Es un crimen monstruoso, cometido contra una mujer joven y el hijo que llevaba en el vientre. Un caso en el que todos los indicios apuntan desde un comienzo con peso abrumador sobre el joven Nicolás Rinaldi y su entorno familiar.

No sólo el tribunal que juzgó el caso, que ni siquiera apeló al beneficio de la duda para absolver al imputado, el propio proceso de instrucción naufragó entre las vacilaciones. Hace dos años, cuando el crimen estaba todavía fresco, el juez Alfredo Velasco Copello rechazó una y otra vez los pedidos de la fiscalía para que se detuviera a Rinaldi, permitiendo acaso que se evaporaran valiosas pruebas. Tanta prudencia contrasta con la celeridad con que dispuso la detención de los gremialistas acusados de haber atacado al titular del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Una acción que supo crispar al partido gobernante.

Es la Justicia entera la que está en entredicho en esta causa. Esta Justicia cuyo máximo estamento se ha completado hace tan sólo cuatro meses con tres hombres avalados con empecinamiento por el gobierno contra la voluntad de todo el arco opositor y contra los vientos de transparencia que soplan en todo el país. Es ese estamento el que tendrá que laudar en el caso Zarza, de presentarse una apelación a la sentencia de ayer.

No sólo no hay seguridad en la provincia de Neuquén, tampoco puede haber confianza en la Justicia. Como lo señalan el caso de Axel Blumberg y una multitud de ejemplos previos, cuando no existen garantías institucionales, lo único que puede conjurar la impunidad es la movilización de la sociedad. Muchos políticos y jueces temen más al escarnio público que a sus lábiles conciencias.

 

Héctor Mauriño

Nota asociada: La absolución de Rinaldi dejó otro asesinato impune y provocó una manifestación de repudio  

Nota asociada: La absolución de Rinaldi dejó otro asesinato impune y provocó una manifestación de repudio  


No hay seguridad en la provincia de Neuquén. Ahí están los casos de la docente de Centenario Susana Ruminot, del estudiante universitario Sergio Avalos y de la joven empleada judicial María Alejandra Zarza y su bebé, para certificar esta amarga constatación. Hay más, pero al menos tres de los crímenes más conmocionantes de los últimos tiempos están impunes. No sólo ocurrieron sin que nadie los pudiera evitar, tampoco han sido debidamente esclarecidos y aún siguen impunes. Ni el aparato de seguridad que administra el Poder Ejecutivo, ni la Justicia han cumplido con su cometido. Más allá de las campañas onerosas y las consignas politiqueras a que nos tienen acostumbrados los funcionarios provinciales, del gobernador Sobisch y el ministro de Seguridad Manganaro para abajo.

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