No a la re-re
Como acaba de señalar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “la historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que –con menor o mayor envergadura y éxito– intentaron forzar, en algunos casos hasta hacerlos desaparecer, los principios republicanos que establece nuestra Constitución”. Lo es porque una proporción muy significante de la población del país se ha acostumbrado a confiar mucho más en personajes determinados que en las leyes, con el resultado de que es frecuente que mandatarios coyunturalmente populares se atribuyan el derecho a pisotear las normas, sobre todo en distritos de tradiciones feudales como Santiago del Estero. Según las encuestas de opinión, una mayoría sustancial de los santiagueños se preparaba para cohonestar el domingo la violación flagrante de la Constitución provincial por el gobernador radical Gerardo Zamora que, como tantos otros políticos en circunstancias similares, se suponía facultado para perpetuarse en el poder, saltando por encima de las molestas barreras jurídicas, porque contaba con el respaldo de sus comprovincianos. Por fortuna, la Corte Suprema intervino para suspender la elección a gobernador provincial que iba a celebrarse con las legislativas. Lo hizo sobre la base de lo que llamó una interpretación “literal” de la carta magna local, descartando de tal modo las interpretaciones más imaginativas, que podrían calificarse de metafóricas, que tanto fascinan a los populistas. Santiago del Estero es una provincia paupérrima, con índices socioeconómicos y culturales que serían más apropiados para las zonas más deprimidas del norte de África que para un país “emergente” de las características de la Argentina, de suerte que no es sorprendente que a través de los años sus dirigentes nos hayan brindado una serie al parecer interminable de aberraciones políticas, como las protagonizadas por el longevo caudillo peronista Carlos Juárez. Pero la mentalidad feudal de quienes anteponen “la lealtad” interesada hacia un jefe y sus familiares no se limita a las jurisdicciones más atrasadas. Acompañada siempre por la pobreza, se ha propagado por buena parte del país, con consecuencias nefastas para todos salvo una minoría de privilegiados que han sabido aprovechar su relación personal con políticos poderosos. Lo entiendan o no, tales individuos han contribuido más a la decadencia nacional que todos los presuntos enemigos extranjeros habidos y por haber que figuran en los discursos políticos. Que en esta oportunidad la Corte Suprema haya actuado con rapidez para frustrar los planes claramente anticonstitucionales de Zamora es muy positivo. Envía un mensaje lapidario a otros políticos deseosos de eternizarse en el poder derribando todos los obstáculos legales que se encuentren en el camino. De haberse producido la medida cautelar hace un año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus partidarios más vehementes la hubieran tomado por una advertencia dirigida contra ellos, pero últimamente el sueño de una reforma constitucional destinada a prolongar la hegemonía kirchnerista se ha visto desbaratado no por los juristas sino por la oposición creciente de la ciudadanía. Mal que les pese a los oficialistas irremediables, en la actualidad la mayoría no comparte la actitud del grueso de los santiagueños que, por motivos acaso comprensibles por tratarse de personas muy pobres que se sienten dependientes de la benevolencia del caudillo local de turno, quisiera aferrarse al statu quo. Por el contrario, ha llegado a la conclusión de que al país le convendría abandonar el “modelo” reivindicado por Cristina antes de que se vaya a pique. Con todo, el repudio al populismo explícitamente anticonstitucional así manifestado no necesariamente significa que, por fin, una mayoría abrumadora de la ciudadanía se haya convencido de que siempre hay que subordinar las ambiciones personales de líderes supuestamente carismáticos a la institucionalidad. Hasta hace relativamente poco muchos, que tal vez conformaban una mayoría, parecían más que dispuestos a respetar el principio perverso que se ve resumido en la consigna nada burlona “roban pero hacen”, apoyando en las urnas a un gobierno que ni siquiera procuraba ocultar su desprecio por las normas legales propias de la democracia republicana.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Sábado 26 de octubre de 2013
Como acaba de señalar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “la historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que –con menor o mayor envergadura y éxito– intentaron forzar, en algunos casos hasta hacerlos desaparecer, los principios republicanos que establece nuestra Constitución”. Lo es porque una proporción muy significante de la población del país se ha acostumbrado a confiar mucho más en personajes determinados que en las leyes, con el resultado de que es frecuente que mandatarios coyunturalmente populares se atribuyan el derecho a pisotear las normas, sobre todo en distritos de tradiciones feudales como Santiago del Estero. Según las encuestas de opinión, una mayoría sustancial de los santiagueños se preparaba para cohonestar el domingo la violación flagrante de la Constitución provincial por el gobernador radical Gerardo Zamora que, como tantos otros políticos en circunstancias similares, se suponía facultado para perpetuarse en el poder, saltando por encima de las molestas barreras jurídicas, porque contaba con el respaldo de sus comprovincianos. Por fortuna, la Corte Suprema intervino para suspender la elección a gobernador provincial que iba a celebrarse con las legislativas. Lo hizo sobre la base de lo que llamó una interpretación “literal” de la carta magna local, descartando de tal modo las interpretaciones más imaginativas, que podrían calificarse de metafóricas, que tanto fascinan a los populistas. Santiago del Estero es una provincia paupérrima, con índices socioeconómicos y culturales que serían más apropiados para las zonas más deprimidas del norte de África que para un país “emergente” de las características de la Argentina, de suerte que no es sorprendente que a través de los años sus dirigentes nos hayan brindado una serie al parecer interminable de aberraciones políticas, como las protagonizadas por el longevo caudillo peronista Carlos Juárez. Pero la mentalidad feudal de quienes anteponen “la lealtad” interesada hacia un jefe y sus familiares no se limita a las jurisdicciones más atrasadas. Acompañada siempre por la pobreza, se ha propagado por buena parte del país, con consecuencias nefastas para todos salvo una minoría de privilegiados que han sabido aprovechar su relación personal con políticos poderosos. Lo entiendan o no, tales individuos han contribuido más a la decadencia nacional que todos los presuntos enemigos extranjeros habidos y por haber que figuran en los discursos políticos. Que en esta oportunidad la Corte Suprema haya actuado con rapidez para frustrar los planes claramente anticonstitucionales de Zamora es muy positivo. Envía un mensaje lapidario a otros políticos deseosos de eternizarse en el poder derribando todos los obstáculos legales que se encuentren en el camino. De haberse producido la medida cautelar hace un año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus partidarios más vehementes la hubieran tomado por una advertencia dirigida contra ellos, pero últimamente el sueño de una reforma constitucional destinada a prolongar la hegemonía kirchnerista se ha visto desbaratado no por los juristas sino por la oposición creciente de la ciudadanía. Mal que les pese a los oficialistas irremediables, en la actualidad la mayoría no comparte la actitud del grueso de los santiagueños que, por motivos acaso comprensibles por tratarse de personas muy pobres que se sienten dependientes de la benevolencia del caudillo local de turno, quisiera aferrarse al statu quo. Por el contrario, ha llegado a la conclusión de que al país le convendría abandonar el “modelo” reivindicado por Cristina antes de que se vaya a pique. Con todo, el repudio al populismo explícitamente anticonstitucional así manifestado no necesariamente significa que, por fin, una mayoría abrumadora de la ciudadanía se haya convencido de que siempre hay que subordinar las ambiciones personales de líderes supuestamente carismáticos a la institucionalidad. Hasta hace relativamente poco muchos, que tal vez conformaban una mayoría, parecían más que dispuestos a respetar el principio perverso que se ve resumido en la consigna nada burlona “roban pero hacen”, apoyando en las urnas a un gobierno que ni siquiera procuraba ocultar su desprecio por las normas legales propias de la democracia republicana.
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