No es sólo el Consejo de la Magistratura
Ana Pichon Rivière (*)
En los últimos meses la Justicia pasó a estar en el centro del debate público y mediático. Tras el fallo en el caso Marita Verón, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que impulsaría “la democratización de la Justicia”. Meses después, la democratización de la Justicia fue protagonista en tres discursos de suma relevancia: la inauguración del año judicial, la inauguración del encuentro abierto Justicia Legítima y el discurso de apertura de sesiones legislativas. Para que la Justicia sea democrática es necesario garantizar un verdadero acceso a justicia para las personas y, para ello, es indispensable contar con jueces capaces, independientes y responsables. Una de las reformas anunciadas, que implica modificar el Consejo de la Magistratura incorporando la elección popular de los consejeros, no necesariamente garantiza la selección de jueces capaces, independientes y responsables. Para promover este perfil de juez es necesario contar con sistemas de evaluación y selección de magistrados transparentes y eficaces que permitan la cobertura de las vacantes en tiempo razonable y por personas idóneas. Desde su creación en 1994, el Consejo de la Magistratura sufrió fuertes modificaciones que apuntaron a mejorar su funcionamiento. Sin embargo, lejos de lograrlo, los procesos de los concursos para cubrir vacantes del cuerpo duran demasiado tiempo y en la práctica se cubren temporalmente con jueces subrogantes que en realidad no han cumplido con los procedimientos constitucionales y legales para ocupar el cargo. Pero las fallas en la eficiencia del proceso de selección de magistrados recaen no sobre uno sino sobre varios organismos: el Consejo de la Magistratura como principal ejecutor de este proceso y el Poder Ejecutivo y el Legislativo como actores claves y esenciales para completarlo. La constante modificación de los organismos y la sanción de nuevas leyes no garantizan la efectividad en el cumplimiento de las funciones. En este contexto, la Justicia nacional atraviesa una situación anómala: según una investigación de ADC, uno de cada cinco jueces es subrogante. Las principales organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de justicia desde hace varios años alertan sobre la irregularidad de los jueces subrogantes y su relación con la prestación del servicio de justicia. Esto se debe en parte a la demora en la realización de los concursos, la confección de las ternas y el efectivo nombramiento. La sanción de una ley que modifique la regulación relativa al nombramiento de los consejeros del Consejo de la Magistratura no tendrá impacto directo sobre el acceso a la justicia, si no se garantiza previamente la transparencia y eficacia de los mecanismos y procesos de selección y nombramiento de los magistrados. Garantizar el efectivo acceso a justicia de las personas supone, primero, asegurar la resolución de los casos en tiempo razonable, por jueces idóneos, responsables, equitativos e independientes. (*) Coordinadora del Programa de Justicia de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)
