Obligado cambio de agenda de la Defensoría de San Martín de los Andes

El organismo que conduce Fernando Bravo debió adaptarse a una nueva demanda, relacionada con la pandemia de coronavirus. En un principio, los que quedaron fuera de su hogar por la cuarentena.

A pesar de la suspensión de la atención presencial y de las complicaciones derivadas de la crisis sanitaria, la Defensoría del Pueblo municipal experimentó en el último año un notorio aumento en las demandas y denuncias que plantean los habitantes de la ciudad, con una mudanza de los temas habituales a los relacionados con la pandemia.

Según el último informe estadístico, a lo largo de 2020 el organismo inició en total 472 actuaciones, casi un 20% más que el año anterior. Y esa tendencia se mantuvo en los primeros meses de este año, según indicó el Defensor del Pueblo, Fernando Bravo.

Lo que cambió en forma visible fueron los temas que concentran la preocupación de la ciudadanía. Bravo dijo que en los primeros meses de la cuarentena, desde marzo de 2020 hasta pasado el invierno, “una parte importante de las actuaciones habían tenido que ver con lo inédito y absolutamente sorprendente del confinamiento”.

Dijo, por ejemplo, que la Defensoría fue requerida por “decenas y decenas de personas que quedaron aisladas y no podían volver a su hogar”: tanto sanmartinenses que estaban en sitios alejados, como personas con domicilio en otras localidades que quedaron atrapados en San Martín por las medidas de aislamiento, sin transporte a su lugar de origen.

También hubo varias inquietudes canalizadas por la Defensoría por “la falta de información Covid”, que se atenuaron cuando el municipio inauguró un sitio web y comenzó a difundir partes diarios.

Otros requerimientos tuvieron que ver con la provisión de servicios públicos (el agua en primer lugar, seguido por la electricidad) y también conflictos con el transporte.

Hacia fines de 2020, buena parte del trabajo de la Defensoría se concentró en asesoramiento jurídico para personas endeudadas y complicadas con sus contratos de alquiler.

Bravo sostuvo que también este año el contexto de pandemia condiciona buena parte del trabajo de la repartición a su cargo, pero “el eje se corrió claramente. Ya no pesan tanto las derivaciones del aislamiento sino la contradicción entre los que quieren que esté todo abierto y funcionando y quienes se oponen a la apertura por razones de riesgo sanitario”.

Lo que pesa este año es la contradicción entre los que quieren que esté todo abierto y quienes se oponen a la apertura por razones de riesgo sanitario”.

Fernando Bravo, defensor.

Dijo que en la Defensoría no pueden intervenir pero si trasladar cada reclamo a las autoridades de aplicación y ofrecer servicios de mediación.

Sobre el servicio de salud, recibió inquietudes puntuales de personas que se anotaron para la vacunación y no recibían citación alguna. “Hubo mucha impaciencia con eso, muchas confusiones por información incompleta”, afirmó.

La Defensoría de San Martín trabajó en forma muy puntual con las presentaciones de ciudadanos preocupados por la presencialidad educativa. Bravo dijo que ante la ola de planteos similares puso el foco en “las flaquezas en materia de conectividad para educación”, que a pesar de todas la s gestiones “es un problema que se mantiene y que acentúa la desigualdad”.


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