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Cárceles inhumanas y un comité que no se pone en marcha
¿Por qué el Gobierno provincial no cumple con la ley? ¿Considerará que no es necesario? Las cárceles de Neuquén están sobrepobladas y las condiciones son inhumanas.
El 20 de noviembre de 2019 se creó en Neuquén el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CPPT) mediante la ley 3213. Se trata de un organismo relativamente novedoso -en línea con los convenios internacionales a los cuales adhirió nuestro país hace ya varias décadas- que tiene entre sus responsabilidades el monitoreo de los espacios de detención, la elaboración de propuestas y recomendaciones sobre políticas públicas que tiendan a mejorar la situación de las personas privadas de libertad, la capacitación, la formación, la divulgación y la concientización sobre las problemáticas vinculadas a las situaciones de encierro.
Sin embargo, pasan los años y el organismo no comienza a funcionar, porque la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén no cumple con la ley que ella misma sancionó. La reglamentación de dicha norma se produjo recién el 9 de diciembre de 2021, dos años más tarde, y el proceso de selección de sus integrantes se inició ya avanzado el 2022. En agosto las organizaciones de Derechos Humanos propusieron a sus representantes para que integren el organismo, y esas personas fueron evaluadas y seleccionadas antes de finalizar ese período legislativo.
Pero sería recién en marzo de este año cuando la cámara aprobaría finalmente y por unanimidad la designación de las comisionadas y los comisionados. No obstante, luego de este trabajoso proceso no hubo más definiciones. Solo silencio; y la imposibilidad incluso por parte de los/as integrantes del Comité de reunirse con el presidente de la Legislatura, quien tiene en su firma la responsabilidad de que este mecanismo de prevención comience a funcionar, ya que de su rúbrica depende la creación de los cargos y la asignación del presupuesto y del espacio físico para comenzar a hacerlo.
¿Por qué el Gobierno provincial no cumple con la ley? ¿Considerará que no es necesario? Claramente esa no sería una respuesta sensata ya que actualmente las cárceles de nuestra provincia están sobrepobladas y son inhumanas las condiciones en las que allí viven las personas privadas de su libertad. En la mayoría no se ejerce el derecho al trabajo y los espacios educativos son precarios y prácticamente inexistentes.
Las principales unidades de detención de la provincia fueron cerradas por orden judicial y se han comenzado a sobrepoblar las comisarías, las cuales no están preparadas para la habitabilidad de personas detenidas de manera permanente.
Condiciones muy lejanas a las que ordena nuestra Constitución Nacional en su artículo Nº 18, donde establece que las cárceles deberán ser para seguridad y no para el castigo de las personas que las habitan.
Según el último informe publicado por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena existe una sobrepoblación del 5,6% en Neuquén. Con situaciones alarmantes como la Unidad de Detención N° 41 de Junín de los Andes, que llegó a una sobrepoblación del 192,3% y la del Centro de Alojamiento de detenidos de San Martín de los Andes con una sobrepoblación del 100%.
Es necesario subrayar que la Ley Nacional 24660 de Ejecución de la Pena, sancionada en 1996, establece que toda persona privada de su libertad tiene derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a la vinculación afectiva. Y si hay un dato de esta realidad que está harto comprobado, es que el ejercicio de esos derechos generalmente negados reduce significativamente los niveles de reincidencia, dado que las personas detenidas que logran ejercerlos cuentan con más y muy valiosas herramientas para sentirse incluidos -y efectivamente lograr incluirse- a la hora de recuperar su libertad.
No está de más subrayar que el único derecho que pierde una persona condenada por un delito es el de la libertad ambulatoria, nada más. Ni nada menos. Claro que puede resultar poco para las miradas punitivistas y estigmatizantes que sin dudas existen en nuestra sociedad, y que legitiman la ausencia de políticas públicas que garanticen los derechos humanos de quienes se encuentran privados de su libertad deseando que “se pudran en la cárcel”.
Muletilla que suele escucharse más de lo deseado y que da cuenta de otro de los problemas donde debería estar actuando el Comité, desarrollando estrategias de sensibilización, divulgación y capacitación sobre esta problemática.
Como sostuvo Nelson Mandela, “una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”.
Si trasladamos esa reflexión a la provincia de Neuquén y al letargo de su gobierno en la puesta en funcionamiento de su mecanismo de prevención de la tortura, ese juicio no puede resultad positivo.
* Historiador. Profesor e investigador de la Universidad Nacional del Comahue. Seleccionado para integrar el Comité Provincial contra la tortura de Neuquén
* Licenciado en Comunicación Social UNLZ. Especialista en Comunicación y Culturas UNCO. Profesor de la UNRN. Seleccionado para integrar el Comité Provincial contra la tortura de Neuquén.
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