Por las «condiciones indignas» de la comisaría, un juez de Neuquén ordenó prisión domiciliaria de un hombre
La resolución es diametralmente opuesta a la que tomó una jueza la semana pasada, quien ante un pedido similar dijo que la crisis carcelaria es un problema del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial.
En la Unidad 11 se construye un pabellón para 26 personas que estaría listo recién en 2025. (Archivo/Matías Subat)
«De ningún modo, ninguna resolución de un juez puede consentir condiciones indignas de detención», afirmó Gustavo Ravizzoli en un fallo mediante el cual dispuso la prisión domiciliaria de un hombre que estaba detenido en una comisaría hacinado, sin medios de higiene ni salubridad, en contra de lo que marcan la Constitución y los pactos internacionales.
Crisis carcelaria en Neuquén: reabren la investigación por la muerte de dos presos
El juez señaló que tenía en cuenta la situación de la víctima del presunto robo que se le atribuye al acusado, pero también destacó el estado de inocencia hasta que una sentencia firme diga lo contrario.
«No podemos concluir que es necesario que pase algo grave para hacer lugar a una morigeración de una preventiva, o que tenemos que esperar una manifestación, un incendio, que muchas veces responde a una manera de reclamar por las condiciones dignas de detención», agregó Ravizzoli.
Los muertos en la Unidad 11
Fue sin dudas una alusión a la protesta e incendio que provocó la muerte de los detenidos Víctor Herrera y Maximiliano Mérgola en la Unidad 11 el 30 de agosto del 2022. La investigación para determinar responsabilidades fue reabierta, como informó Diario RÍO NEGRO.
En la misma sintonía puede interpretarse otra frase de la resolución de Ravizzoli: «Nuestro Código Procesal dice en su artículo 16 que está prohibido alojar a personas privadas de libertad en lugares no habilitados, o en sitios que no reúnan las mínimas condiciones de salubridad o más allá del cupo autorizado», y «hace responsable al juez que la autorice o consienta».
El texto tiene jerarquía constitucional, ya que en su artículo 70 la Constitución de la provincia de Neuquén dice algo muy similar como también informó este medio hace ya tiempo.
«Condiciones dignas sí o no»
El hombre estaba detenido en una celda de 10 metros cuadrados con otras tres personas. El defensor público José María Maitini argumentó ante el juez Ravizzoli que «no venimos a discutir prisión preventiva sí o no. Venimos a discutir condiciones dignas de detención sí o no. Y ante esto, cuál es la resolución que debe tomar el Estado, o un juez de garantías».
Maitini es el defensor que en marzo pasado recibió una carta de puño y letra del papa Francisco, en la cual le expresó su preocupación por la situación carcelaria.
«Es un tema del Poder Ejecutivo»
El asistente letrado de la fiscalía Gastón Medina retrucó que «es la situación carcelaria que se vive en la provincia y que incluye a las comisarías. Hay un cuestionamiento a las condiciones higiénicas, faltante de algunos elementos, infraestructura. Pero éste (una audiencia judicial) no es el ámbito para discutirlo, son temas del Poder Ejecutivo, del poder administrador».
Es el mismo argumento que utilizó en un caso similar la jueza Estefanía Sauli. Cuando la defensora pública Laura Giuliani le pidió la prisión domiciliaria de un hombre enfermo que vivía en una celda en situación de indignidad, o por lo menos su traslado a un lugar en condiciones aceptables, la magistrada respondió que estaba fuera de su alcance resolverlo. «Peticionan al Poder Judicial cuestiones que hay que peticionar al Poder Ejecutivo«, argumentó Sauli.
El defensor público Maitini confrontó ese argumento: «¿El Poder Judicial no es parte del Estado, no tiene nada que ver? Tenemos dos juezas de Ejecución Penal que ordenaron cerrar todas las cárceles de la provincia. Ellas hicieron algo».
La sentencia como acto de gobierno
El juez Ravizzoli coincidió. «Estamos ante una emergencia carcelaria» pero «no podemos afirmar que debe ser resuelto por el Poder Ejecutivo. En el caso concreto, a través de un acto de gobierno como es una resolución o una sentencia, también debe dársele respuesta lo más justa posible».
«Es cierto que frente a las víctimas, hay un ejercicio de un derecho. También es cierto que el Estado es responsable por el ejercicio de los derechos de las personas privadas de su libertad», añadió.
En definitiva, dispuso que de manera inmediata trasladen al imputado a la vivienda fijada para cumplir prisión domiciliaria, con rondines policiales sorpresivos y prohibición de acercamiento con las víctimas del robo que le atribuyen.
La situación del hombre es particular porque había obtenido la libertad condicional el 17 de mayo (cumplía condena de 3 años por encubrimiento), y el 6 de junio intentó el asalto que le imputan junto con un cómplice que escapó. Fue en un almacén, y los dueños lo redujeron a golpes.
Radiografía actual de las Unidades de Detención
La superpoblación carcelaria y las condiciones indignas de detención están en debate desde hace por lo menos un año en Neuquén. En noviembre del 2022, las diez Unidades de Detención de la provincia fueron cerradas por orden judicial: no hay nuevos ingresos si no se producen egresos.
Como consecuencia, la Policía -que depende del Poder Ejecutivo- empezó a amontonar personas en celdas de comisarías, originalmente previstas para contraventores o autores de hechos de poca importancia. Es decir, sin condiciones de seguridad, higiene, ni personal de custodia entrenado.
El último informe, elaborado el 21 de junio pasado, revela que hay 532 personas en Unidades de Detención (7 con preventiva, el resto condenados); 25 condenados en comisarías (lo cual está prohibido); y 27 con preventiva en comisarías.
Si bien hay 532 personas en Unidades de Detención, la disponibilidad es para 499.
Las más superpobladas
La U11 de Neuquén, la más grande de la provincia, está al límite: 255 detenidos, una sola vacante.
Las peores situaciones son las de Junín de los Andes: 27 personas alojadas en un espacio para 13; San Martín de los Andes: 20 donde hay lugar para 12; la UD31 de Zapala, con 34 hombres en 22 espacios; Chos Malal, donde están detenidas 17 personas y el espacio es para 12, y la UD 21 de Cutral Co, con 54 internos para una capacidad de 42.
Malas noticias desde San Luis
Una posible salida que pensó el gobierno de Neuquén es la firma de un convenio con la provincia de San Luis para derivar personas que, por su propia voluntad, quieran ser trasladadas al complejo penitenciario Pampa de las Salinas.
Hubo una especie de experiencia piloto que no salió muy bien. Un detenido de la Unidad 11 pasó unos días en esa moderna cárcel por razones de acercamiento familiar, pero hay informes preliminares que indican que los guardias lo recibieron con una paliza, y que el contacto con su familia se dificultó porque la prisión está alejada de todos los centros urbanos y es costoso llegar hasta allí.
Comentarios