Educación y formación docente en tiempos de negacionismo

Cada 24 de marzo, conmemoramos el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia; cada 24 de marzo salimos a la calle a defender la democracia, cada 24 de marzo gritamos de conjunto Nunca Más.

En las instituciones educativas de todos los niveles se realizan actividades y acciones destinadas a reflexionar sobre lo ocurrido durante la última dictadura militar y a consolidar la memoria colectiva. Desde el 2002 estas acciones están enmarcadas en la Ley Nacional 25.633, que establece la inclusión de acciones “que consoliden la memoria colectiva de la sociedad, generen sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspicien la defensa permanente del Estado de derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos”.

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Sabemos que las leyes no nacen con la misma velocidad que la sociedad expresa sus reclamos; sin embargo, a 23 años de la sanción de esa ley; la sociedad en su conjunto asiste a un escenario en el que el actual presidente desde antes de asumir sostiene que los crímenes de lesa humanidad fueron «excesos»; utilizando el mismo argumento que los genocidas Massera y Videla expresaron en su juicio por el accionar de las fuerzas armadas durante la última dictadura.

Las expresiones verbales de Milei se traducen en acciones concretas. Del mismo modo que nos llenan de espanto, no nos llaman la atención las trabas para acceder a archivos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Inteligencia; el decreto que cerró la Unidad Especial de Investigación de la CoNaDi. Tampoco llama la atención y también llena de espanto, la visita de diputados y diputadas de La Libertad Avanza a un grupo de condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza, el año pasado.

Los discursos negacionistas intentan legitimar este tipo de acciones como así también garantizar la impunidad de quienes cometieron delitos de lesa humanidad. No sólo se niegan los crímenes de Estado, sino que se reivindican y amenazan con repetirlos. Muestra de estos fueron las declaraciones de la ministra Bullrich en medios radiales, previo a la feroz represión en la marcha de jubilados, del pasado miércoles 12, “No nos busquen porque nos van a encontrar”.

Este tipo de declaraciones y acciones del gobierno nacional crean un escenario para habilitar y justificar modalidades represivas cargadas de violencia por parte de las fuerzas de seguridad del propio gobierno y que están dirigidas a personas jubiladas y ciudadanos que se suman a apoyar legítimos reclamos.

La situación en Río Negro: represión a docentes

No podemos dejar de vincular estas escenas con la que se vivió en nuestra provincia el 26 de septiembre pasado, donde el COER reprimió violentamente a docentes en la legislatura provincial. Esto sucedió cuando se debatía la esencialidad de la educación para convertirla en un “servicio” y los docentes se manifestaban preocupados por los sentidos y los cambios profundos frente a la pérdida de concepción de la educación como derecho.

Los jardines, escuelas, institutos y universidades son pilares de la construcción de la memoria, por esta razón el gobierno nacional desfinancia las universidades, recorta presupuestos educativos, elimina el fondo de incentivo docente. Esperamos que el gobierno provincial no actúe en consecuencia. Milei repite para quien quiera escuchar “el problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar”. Si el gobierno de Río Negro quiere transformar el derecho a la educación en un servicio, cabe decir que los servicios los pagan quienes pueden, el derecho a la educación debe garantizarlo el Estado y lo defendemos en comunidad. La educación es un derecho social.

La educación como derecho es constitutiva de la identidad de nuestro país. Es la garantía para un futuro de crecimiento y bien común, para la construcción de una ciudadanía respetuosa, solidaria, crítica, creativa y creadora de oportunidades, que pueda tener una perspectiva inclusiva para una nación plural y democrática. Es imposible no asociar las fechas cercanas al 24 de marzo con el futuro de nuestras escuelas y con la formación de docentes para ese futuro. Más que nunca debemos poner en valor una formación con profundo sentido democrático e histórico donde Memoria, Verdad y Justicia sean vectores de dirección hacia un horizonte compartido donde el “nunca más” sea el grito colectivo de todas las generaciones, las actuales y las que vendrán.

La memoria es enlazar la propia historia con eso que fue y que deja huellas colectivamente. Constituye una suerte de “nosotros” que entrama diferencias y lo común. ¿Cómo dejar de lado el derecho humano a la memoria? Las comunidades se construyen y proyectan desde la verdad y la justicia. Insistimos, la memoria es inherente a educar-nos, cuidar-nos, porque hace posible no volver a repetir errores.