IA y neurotecnologías: ¿legislar o resignarse?

Hoy, sin darte cuenta, un algoritmo define qué noticias ves, qué productos te aparecen cuando querés comprar algo, qué series te recomiendan, cuánto vale tu tiempo, tu atención o tu historial crediticio. Una app de salud puede sugerirte un tratamiento sin médico. Un formulario digital puede decidir si accedés o no a un subsidio. Tu información emocional, tus datos biométricos, tus preferencias más íntimas ya están siendo recolectados, analizados y monetizados. Y todo eso ocurre sin control democrático.

No estamos hablando de entelequias ni de un futuro lejano: el avance tecnológico ya nos está pasando por encima, y si el derecho no actúa a tiempo, otros decidirán por nosotros. En este escenario global de inteligencia artificial, neurotecnologías y tratamiento masivo de datos personales, la falta de regulación no es neutral: beneficia a los más poderosos, consolida desigualdades y pone en jaque derechos fundamentales.

Por eso, legislar en estas materias no es un lujo ni una tarea técnica. Es una responsabilidad política urgente.

Estoy impulsando un conjunto de propuestas legislativas articuladas entre sí, con el objetivo de establecer una arquitectura jurídica sólida, moderna y situada frente a los desafíos del nuevo ecosistema digital.

En primer lugar, presenté un proyecto de Ley Nacional de Regulación de la Inteligencia Artificial (S-2573/2024), que propone un marco normativo para garantizar el desarrollo, la implementación y el uso ético, seguro y transparente de los sistemas de IA. Esta iniciativa se construye sobre los principios de explicabilidad, supervisión humana, certificación de compliance y análisis de riesgos, en consonancia con las recomendaciones de la UNESCO (2021), los principios de la OCDE (2019) y los estándares del AI Act europeo.

También promoví la creación de una Comisión Bicameral Especial para la Protección Integral de los Neuroderechos (S-2446/2023). El proyecto busca elaborar una regulación interdisciplinaria sobre libertad cognitiva, neuroprivacidad y los riesgos del inquietante fenómeno del “neurocapitalismo”. Se inspira en experiencias pioneras como la reforma constitucional chilena de 2021 —la primera en incorporar la protección de la integridad mental frente a los avances científicos— y en las recomendaciones del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO.

Además, presenté un proyecto de ley para la actualización integral de la Ley de Protección de Datos Personales, con el objetivo de modernizar la norma vigente (Ley 25.326, del año 2000). La nueva propuesta incorpora principios como la privacidad desde el diseño, las decisiones automatizadas, la portabilidad de datos, la supervisión algorítmica y la responsabilidad proactiva, en línea con el GDPR europeo, la Declaración Iberoamericana de Derechos Digitales y las recomendaciones del Comité Jurídico Interamericano de la OEA.

Estas tres propuestas conforman un marco normativo coherente para tecnologías que, por su propia naturaleza, son convergentes. También representan una invitación al diálogo democrático, al debate abierto, a la participación ciudadana y a la cooperación internacional. Porque regular la tecnología no es ponerle un freno al progreso, sino decidir colectivamente en qué términos queremos convivir con él.

Ya está en marcha un ciclo de jornadas de reflexión y debate público en el Congreso, con la participación de especialistas en ética, derecho, neurociencia, informática y ciberseguridad, que están enriqueciendo estas propuestas legislativas. Este proceso crece cada día con aportes de múltiples sectores sociales, académicos y profesionales.

Pero la urgencia no es solo técnica: es histórica. La velocidad con que avanzan la inteligencia artificial, la manipulación de datos y las neurotecnologías supera la capacidad regulatoria de los Estados y amenaza con desplazar al ser humano como sujeto de derecho.

Si no se actúa a tiempo, el riesgo es que la planificación de la vida común quede en manos de un puñado de actores globales que controlan infraestructuras tecnológicas, flujos de información y decisiones automatizadas. Así como supimos legislar contra la clonación humana en defensa de la dignidad, o sobre comercio electrónico y derechos del consumidor digital, hoy el desafío es aún más profundo: proteger la autonomía, la privacidad y la libertad personal frente a tecnologías que, sin regulación, pueden transformarnos en objetos de cálculo y manipulación.

La regulación de estas tecnologías aún es incipiente a nivel global. Y en ese contexto, Argentina tiene una oportunidad histórica para proyectarse como actor de referencia en América Latina, con capacidad para incidir en los debates internacionales sobre el rumbo ético, jurídico y democrático del desarrollo tecnológico.
Contamos con una comunidad científica, académica y profesional de enorme valor, que puede aportar seriamente a pensar este presente y construir un futuro soberano, justo y humanamente sustentable.
Pero para lograrlo, es imprescindible construir un consenso político, social y académico que comprenda que el futuro ya llegó.

Y que el derecho, sin un Estado que asuma el control democrático del rumbo tecnológico, deja el poder en manos de algoritmos y corporaciones. Eso está lejos de ser democracia. Y mucho más lejos aún, de ser libertad.

*Senador Nacional de la provincia de Río Negro, UXP