Justicia, mérito y legitimidad
La ronda inicial de tratamiento en el Senado de más de medio centenar de nominaciones para la Justicia Federal confirmó que, lejos de ser una expresión irónica de los pasillos tribunalicios, el concepto de “familia judicial” designa uno de los problemas institucionales más sensibles de la democracia argentina: la existencia de una trama de vínculos familiares, políticos y corporativos que condiciona el ingreso, ascensos y la permanencia dentro de este poder del Estado.
El jueves pasado, el pleno de la Cámara Alta ratificó a Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, en la Cámara de Federal Casación Penal, a pesar de estar en edad de jubilarse. Poco después, obtuvo dictamen la nominación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, como juez de Santa Fe. Fueron solo los casos más salientes y polémicos. Un informe de las asociaciones civiles ACIJ, INECIP, Amnistía Internacional, CELS, ELA y Poder Ciudadano sobre 67 postulaciones detectó al menos cinco casos de estrechos vínculos familiares con magistrados o exmagistrados, tres con fuertes lazos político-partidarios y 12 casos de alteraciones en los órdenes de mérito en las ternas sin relación con méritos del postulante, entre otras anomalías.
En la selección de magistrados y funcionarios federales intervienen los tres poderes del Estado: el Consejo de la Magistratura, que realiza concursos públicos y elabora ternas vinculantes de candidatos y candidatas; el Poder Ejecutivo, que debe elegir a una persona de esas ternas aplicando criterios objetivos de idoneidad e independencia; y el Senado, que los examina en comisión y presta su acuerdo en sesión plenaria. Esta interacción busca reducir el margen de arbitrariedad.
El objetivo no se está logrando. Investigaciones de Chequeado y Connectas ayudan a dimensionar el fenómeno. En Córdoba y la Rioja, por ejemplo, el 60% de los magistrados federales tienen familiares directos en la estructura judicial. Santa Fe (57%), Jujuy (41%) Mendoza (23%) muestran patrones similares.
En otras jurisdicciones, 6 de cada 10 jueces de tribunales superiores poseían vínculos políticos directos previos con el gobernador que los designó.
A la presencia de parientes y “apellidos ilustres” que se repiten en tribunales y fiscalías se suma la existencia de mecanismos discrecionales de contrataciones en cargos administrativos y técnicos, favorecidos por la falta de sistemas abiertos y transparentes de ingreso.
A este complejo entramado se suma la sombra de los servicios de inteligencia. El uso de “enlaces” y el armado de “carpetas” para extorsionar, seleccionar o desplazar candidatos según su lealtad, en especial en lo que se conoce como “Comodoro Py” (la Justicia Federal encargada de investigar los casos de corrupción, narcotráfico y delitos contra el Estado), genera una cultura de relaciones promiscuas que a menudo garantiza impunidad a cambio de ascensos.
Lo verdaderamente preocupante es que se consolida una lógica endogámica que amenaza con transformar a la justicia en un sistema cada vez más encerrado en sí mismo, donde las relaciones personales y los intereses corporativos y partidarios pesan más que los concursos, antecedentes o la capacidad profesional de los candidatos.
Frente a este escenario, se han planteado alternativas. La Corte Suprema impulsa una reforma a los concursos judiciales que introduce cambios relevantes: anonimato en las evaluaciones escritas, plazos estrictos para resolver rápidamente los concursos y límites al peso de antecedentes burocráticos. Sin embargo, mantiene como central un aspecto cuestionado: la entrevista personal, que permite a postulantes con vínculos de “confianza” escalar artificialmente en los órdenes de mérito, desplazando a otros más calificados.
Otras propuestas añaden auditorías sobre los fondos reservados de la SIDE, prohibición estricta de vínculos informales entre agentes de inteligencia y jueces federales y la publicidad obligatoria de las reuniones, entre otros.
Sin embargo, ninguna reforma técnica será suficiente si no se modifica la cultura de opacidad del sistema judicial federal argentino. Cuando el nepotismo y la lógica corporativa desplazan al mérito, el daño institucional no se limita a la administración de justicia.
La democracia y el Estado de derecho necesitan jueces idóneos e independientes, pero también una sociedad que crea en esa independencia. Y la confianza no se construye con discursos sino con instituciones abiertas, controles efectivos y mecanismos de selección que demuestren que el mérito vale más que el apellido o los “padrinos”.
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