La memoria no es un privilegio

Después de 47 años de la última dictadura militar, cívica-empresarial y eclesiástica, por primera vez en la historia argentina, la justicia le da la posibilidad a identidades travesti-transexuales-trans de contar las violencias padecidas durante el terrorismo de Estado. Juicio en el que se juzga a los genocidas por crímenes cometidos a personas que viven una sexualidad e identidad de género disidente a la impuesta.

Colectivos LGBTTTIQ+ vienen reclamando desde hace tiempo una revisión de esa memoria, verdad y justicia cis-heteronormada dominante, a partir de la consigna 30.400. La criminalización y represión a maricas, lesbianas y travestis- transexuales-trans fue sistemática en la Argentina hasta la promulgación de la Ley de Identidad de Género en 2012 (lo cual no significó que dejaran de existir violencias). Sin embargo, es ineludible que no estuvieron ajenas al terror producido en los años previos y durante el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

¿Por qué pasó tanto tiempo para que se juzguen estos crímenes? Más aún si tenemos en cuenta que muchas de estas personas ya no están y que el promedio de vida de las identidades travestis-transexuales-trans es de aproximadamente de 35 años.

Si bien existen registros muy tempranos de testimonios sobre las violencias padecidas durante el terrorismo de Estado (registros judiciales que narran detenciones, secuestros, crímenes sexuales por tener una sexualidad no heteronormada -en el marco de la recolección de testimonios del Nunca Más, en 1984-, registros de la prensa gráfica, el diario Clarín pública en 1989 sobre el exilio de una transexual por razones de persecución sexual) estos no han sido suficientes para ser incluidos en la construcción de memoria verdad y justicia dominante.

Hace tan solo dos años, en el 2021, la gubernamentalidad encargada de construir memoria en la Argentina publicó recomendaciones para el tratamiento mediático responsable sobre el terrorismo de Estado manifestando que “la construcción de memoria, verdad y justicia en el seno de la sociedad argentina no ha logrado, hasta la fecha, determinar si el plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio llevado a cabo por la última dictadura cívico-militar se dirigió específicamente contra las personas LGBTTTIQ+.

Esto se debe, en gran medida, a la falta de fuentes documentales” (Recomendaciones, 2021:11). Ante estos discursos, que provienen de un área de saber técnico y provisto de un saber específico, que construyen una memoria y verdad normalizada, me surgen algunas preguntas. ¿Qué investigaciones realizaron para llegar a esta conclusión? ¿Cuánto tiempo más deberán esperar estas identidades para que las instituciones que construyen memoria las incluyan?

Desde mi punto de vista, fue el juicio que permitió darle voz a un colectivo silenciado y que aún no ha sido reparado en ningún aspecto, ni siquiera en lo simbólico.

Profesora en Historia, trabajadora del Programa de Investigación y Sitios de Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria, investigadora CISH-IdIHCS/UNLP, maestranza en la Maestría de Historia y Memoria de la FaHCE/UNLP.