Las elecciones y su impacto en las estructuras judiciales
El paso del tiempo y las elecciones mejoran las chances del gobierno de rediseñar la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa.
Más allá de la letra de la Constitución.
1. La justicia en las próximas elecciones
La Corte ya determinó el proceso electoral que ampliará las bancas del oficialismo y también impactará en el mundo judicial. Lo hizo bloqueando su principal estrategia electoral, polarizar con Cristina, pero beneficiando con un falso capital simbólico “anticorrupción” al gobierno de Milei de forma simultánea. Le marcó la cancha excluyendo a su principal competidora y le hizo un guiño nada sutil.
El mileísmo puede no solo ganar las próximas elecciones nacionales sino, de seguir su conexión con parte de la sociedad, ser la fuerza que en 2027 derrote -o absorba- al PRO en la CABA y al peronismo en la Provincia de Buenos Aires. Ese fallo parece destinado a debilitar la proyección de “las fuerzas del cielo” en un teatro electoral que era propicio para crecer con esa polarización.
El fallo fue la excepción que confirma la regla de los silencios supremos. La Corte forzó así un rediseño del año electoral. Todas las inconstitucionalidades del gobierno siguen firmes. Es lo opuesto que hizo la Corte de EEUU el pasado año cuando le otorgó una peligrosa inmunidad parcial a Donald Trump y despejó sus amenazas judiciales.
En momentos de ebullición geopolítica y preocupación económica, el oficialismo puede ampliar su presencia legislativa tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores.
Tarde o temprano, pero también quizás nunca, el gobierno pueda conseguir mayorías en el Senado para nombrar a un Procurador/a General, el Jefe de los Fiscales, a un Defensor/a General de la Nación y a nuevas/os miembros para la incompleta Corte Suprema. Postular es fácil, acordar en el Senado es difícil. Veremos si la tentación de decretar está superada.
2. Ministerio Público y reforma de 1994
La sintonía entre el Gobierno y las estructuras judiciales es clara. La calidad institucional y los frenos republicanos están paralizados. La aceptación de renuncias a jueces próximos a ser enjuiciados demuestra que la sintonía es fina.
Aunque no tenga presencia institucional ni mediática existe una Defensoría General de la Nación. La jefa de los defensores, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez está por cumplir sus 75 años el 1 de Febrero del 2026. Comparte cumpleaños con el mayor representante de la longevidad judicial: el Juez Fayt quien se jubiló con 98 jóvenes años de la Corte en 2015.
Seguramente la Defensoría General quede vacante como quedó la Procuración después de la renuncia de Gils Carbó en 2017. Así la puja por ascensos, nombramientos y recursos se vuelve más salvaje hacia el interior. Su tribu judicial hegemónica negociará con un Gobierno concentrado en la Procuración. La tendencia de renuncia y/o fragilidad institucional de muchos defensores continuará.
En ese escenario quedaría una Corte de tres miembros, con los dos Ministerios Públicos descabezados gobernados por sus caciques y tribus internas. A esa fragilidad se le debe sumar que ni el Ministerio Público Fiscal ni el de la Defensa tienen un órgano de gobierno plural. El artículo 120 de la Constitución se redactó mal y a las apuradas. Todo el esfuerzo realizado con el artículo del Consejo de la Magistratura (Art. 114) no se realizó con el Ministerio Público. Improvisación más que mala fe pero igualmente irresponsable.
Aquellos asesores que trabajaron en la reforma de los ministerios públicos confiaron en la “mágica” independencia de sus fiscales/defensores sin instituciones de gobierno plurales. Su proceso de designación y el acuerdo senatorial en el caso de ambos no se puede equiparar al Consejo de la Magistratura Nacional ni a los mejores Consejos de la Magistraturas provinciales.
A la defensa oficial se la menosprecia pero es vital para los tiempos oscuros que vienen. Su debilidad contrasta con un cinismo judicial y fiscal cada vez más fuerte.
Bajo diferentes gobiernos ambos Ministerios no cumplieron su función y hasta aportaron decisivas medidas para que los desbordes punitivos, entre demagogia penal y populismo acusatorio, se descontrolen con linchamientos judiciales y prácticas culturales autolesivas. Si la Constitución fuese un edificio hace tiempo estaría bajo peligro de derrumbe y sin defensa alguna.
* Abogado y profesor de derecho constitucional.
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