Órdenes de arriba

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

Que la Argentina ya no es el país federal que soñaron los constituyentes –los de 1853 y de 1994, Cristina Fernández incluida– de más está decirlo. Por la ambición desmedida de poder de los sucesivos gobernantes y por la obsecuencia o la incapacidad de los diputados, senadores, gobernadores y jueces que debieron actuar en custodia del orden federal, el país es, en la práctica, una organización unitaria. Es fácil verlo cuando se analiza la proporción del dinero de la recaudación de impuestos que concentra la Nación y el modo discrecional en que lo distribuye a las provincias y municipios. Desde la última reforma constitucional de 1994, el Congreso tiene el mandato de elaborar una ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que parece cada vez más remota. Hay un hilo conductor entre lo que sucede en Bariloche, la crisis del federalismo y el modo en que se usan los dineros públicos. Como sucede con los fenómenos complejos, hay varias aristas que conviene analizar en forma separada: • ¿Es Goye responsable de los saqueos? Depende de si se evalúa su responsabilidad política o penal. Una cosa es decir que actuó en forma imprudente al invocar lo que, evidentemente, se cocinaba. O cuestionar su visión de las políticas sociales o su estilo de gobierno. Y otra cosa distinta es atribuirle “culpa”, lo que requeriría probar un vínculo de autoría material o intelectual sobre delitos. Para eso, la Justicia investiga y convendría esperar sus resultados. El gobernador Alberto Weretilneck le adjudica responsabilidad a Goye por sus vínculos previos con dirigentes de la Cooperativa 1º de Mayo, sin traer a cuento la reunión que, tras los saqueos, mantuvo con ellos el ministro Ernesto Paillalef. Por lo pronto, a la presidenta parece molestarle más, políticamente, la relación de Goye con sindicalistas alineados con Hugo Moyano. • La “invitación” a que Goye renuncie es una presión ilegítima. No hay manera de otorgarle una “pátina” que convierta en queso lo que a todas luces es jabón. Un intendente es elegido por los habitantes de una ciudad. Las constituciones nacional y de Río Negro consagran la autonomía municipal en reconocimiento a que son la célula básica de la organización republicana. Y la Carta Orgánica de Bariloche prevé mecanismos para casos de renuncia y revocatoria de mandato que, en ningún caso, incluyen la opinión de autoridades provinciales o nacionales. • La presión de Weretilneck y Pichetto fracasó. Si la finalidad de la presidenta de la Nación al pedirles que alejaran a Goye de su cargo fue, en el mejor de los casos, garantizar la paz social en Bariloche y evitar un nuevo efecto “contagio”, sólo cabría temer nuevos estallidos. Porque la misión que los dirigentes recibieron de tan alta investidura ha resultado inconducente. En principio, convocaron a Goye a Viedma pero los dejó plantados. Fueron a su ciudad, le pidieron que renuncie y, hasta el momento, él se negó. • Lejos de debilitarlo, la presión ha fortalecido a Goye. Lo que, visto de otro modo, debilita a los dos principales dirigentes del oficialismo. El viernes, envalentonado, el intendente retrucó pidiendo la renuncia de tres ministros provinciales. Y aun quienes tienen una crítica valoración de su gestión municipal expresan su malestar por la desprolija gestión de Weretilneck y Pichetto. Viendo sólo desmesura en el pretendido remedio, la exintendenta peronista “Chiche” Costa lo cuestionó como intento de “golpe”. • ¿Es el kirchnerismo la medida de la legitimidad de los cargos? Hasta la reunión con la presidenta, Pichetto se mostraba con Goye y colaboraba con él. Weretilneck, aunque aludía a diferencias políticas, se reunió con el intendente en Bariloche el 23 de diciembre y anticipó que, en lo institucional, colaboraría para garantizar la seguridad. “Nunca voy a lesionar la relación Provincia-municipio”, dijo. Tras el encuentro en la Casa Rosada, ambos pasaron a la posición extrema de pedir la renuncia al jefe comunal. A la obsecuencia de ambos, Goye respondió con más kirchnerismo: se mostró junto a fotos de la presidenta y le reclamó ser garante de la institucionalidad. • ¿Está Bariloche en crisis social, política e institucional por los saqueos o precisamente por el intento de invocarlos como razón para destituir al intendente? En lo social, no es nuevo que la ciudad vive desde hace años una problemática compleja, por la amplia brecha de desigualdades económicas. Pero eso se resuelve con políticas públicas y no con un cambio de intendente. Además, el gobernador se ha cansado de decir que la pobreza no fue la causa de los saqueos, que adjudica al accionar de grupos políticos y sindicales organizados. En lo político, es cierto que Goye está aislado, pero parte de ese aislamiento obedece a la presión ejercida por el gobernador y el senador para que la dirigencia barilochense no acepte ocupar lugares en el gabinete, lo que vuelve a ubicarlos entre las causas. En cuanto a la crisis institucional, la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Martini, tomó distancia de cualquier intento “golpista”. El único que ha hablado en favor de una “salida ordenada de la crisis” –eufemismo que en estos días podría considerarse sinónimo de “renuncia de Goye”– es Carlos Valeri, delfín del gobernador en Bariloche y seguro candidato a reemplazar al intendente en caso de vacancia y convocatoria a elecciones anticipadas. Sea como fuere, hasta el momento tanto el gobernador como el senador han demostrado actuar con un alto grado de torpeza, además del ya aludido atropello por las normas republicanas. Parece que, buscando el favor de la presidenta, no estarían logrando más que aumentar el enojo de ésta. Aun así, es probable que el deseo que los tres han manifestado finalmente se cumpla, por dimisión o remoción. Es que resulta sumamente difícil que una autoridad local pueda resistir si el malestar político se traduce en asfixia financiera conjunta por parte de Nación y Provincia. Como ejemplo, vale recordar las dificultades que vive el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, desde que se distanció de los Kirchner hace más de dos años. Y Goye no conduce, como aquél, una provincia con muchas riquezas y pocos habitantes sino un municipio endeudado y con un arrastre de años de desorden administrativo. Si es cierto que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia –y no con manotazos destituyentes– la lección que debería dejar este episodio a la ciudadanía es aprender a elegir. Tomar conciencia del valor de la participación en los partidos políticos –y no sólo del propio voto– contribuiría a estar allí, en la reunión indicada, justo cuando se deciden las candidaturas. Y permitiría que, además de los acuerdos sectoriales, se tomaran en cuenta los antecedentes personales, las capacidades profesionales y la aptitud republicana de los dirigentes, antes de nominarlos para cargos ejecutivos y legislativos, locales y de instancias superiores. El concepto de calidad de gestión es todavía un terreno poco explorado en la política institucional del país.

DE DOMINGO A domingo