Otra investigación por delitos ambientales que afectan al Nahuel Huapi

La fiscalía inició actuaciones por el vertido programado que durante tres días realizó la CEB. Por ese caso hubo un amparo que llegó tarde y una causa federal que lleva 8 años y no se resuelve.



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El 10 de diciembre se iniciaron tres días de vertidos crudos.(Foto: Archivo )

Otra investigación por delitos ambientales que afectan al Nahuel Huapi

La salud ambiental del lago Nahuel Huapi sumó una nueva investigación judicial, esta vez por un tema puntual y por posibles delitos penales ante el vertido de crudos programado por tres días que realizó la CEB a mediados de diciembre y que autorizó el Departamento Provincial de Aguas (DPA).

El vertido de líquidos sin tratar en dos puntos de la zona este fue informado por la CEB, prestataria del servicio de saneamiento, apenas unas horas antes de iniciarse. Se realizó con la autorización del DPA por tareas de mantenimiento que debían realizarse en la estación de bombeo.

La asociación Árbol de Pie y la senadora Magdalena Odarda impulsaron un recurso de amparo y medida cautelar para que se frene el vertido, pero el fallo favorable llegó tarde, justo el día en que terminaron las tareas. De todos modos, el juez del amparo, Rubén Marigo, remitió las actuaciones a la Fiscalía para pedir que se inicie una investigación penal por posibles delitos ambientales y la jefatura de fiscalía local decdió iniciar las actuaciones.

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Ayer el Ministerio Público informó que “la atención está centrada” en la CEB desde dónde se originó el vertido.

Entre otras medidas se requirieron informes a ambos organismos, solicitando datos relativos a los últimos seis meses y a la CEB especialmente se consultó acerca de “fechas, cantidad y motivos de los vertidos y la existencia de informes de impacto ambiental con la totalidad de datos técnicos de los mismos, entre ellos qué entidad los realizó y los resultados obtenidos”.

La investigación preliminar la inició el fiscal jefe Martín Lozada y Guillermo Lista.

De manera paralela, existe una causa en el Juzgado Federal que hace 8 años inició la Defensoría del Pueblo de Río Negro, por entonces a cargo de Ana Piccinini. A ese expediente luego se sumó otra denuncia de la senadora Odarda, pero la resolución hasta el momento no se emitió.

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