Oyarbide pide otra pericia caligráfica sobre la firma de Hebe de Bonafini

BUENOS AIRES (DyN) – El juez federal Norberto Oyarbide convocó a una pericia caligráfica en el marco de la investigación por supuesta defraudación de la empresa Meldorek contra la Fundación Madres de Plaza de Mayo para determinar si una firma atribuida a Hebe de Bonafini es falsa. Fuentes judiciales dijeron que la pericia se realizará el jueves de la próxima semana en la sede del juzgado, con la presencia de peritos oficiales y también de expertos que podrán presentar todas las partes involucradas en el expediente. La experticia se realizará sobre un contrato suscripto entre Meldorek y la Fundación Madres de Plaza de Mayo en diciembre de 2010, que según una primera pericia ordenada por el juzgado contendría una firma atribuida a Hebe de Bonafini que sería apócrifa. Pero Sergio Schoklender pidió que se realizara una nueva pericia porque aseguraba que la firma de Bonafini era legítima. Las fuentes no pudieron precisar si será necesaria la concurrencia personal de Bonafini a la pericia, o si bastará con el aporte de material indubitable con su firma, que ya está aportada a la causa. El fiscal Jorge Di Lello, en un dictamen en el que a fin del año pasado pidió 70 indagatorias, recomendó la realización de la nueva medida de prueba para despejar dudas sobre la autenticidad de la firma. Según notificó Oyarbide a las partes, “en atención a las manifestaciones vertidas por el Agente Fiscal en su presentación del 27 de diciembre, fíjese fecha de realización del estudio pericial para el día 23 de febrero del año 2012”. El magistrado se encuentra en Chaco junto al secretario judicial de la causa, Carlos Leiva, y peritos a donde viajaron para inspeccionar obras que las Madres realizaron en esa provincia. En la causa se investiga el desvío de fondos de las Madres destinados a la construcción de viviendas para la compra de bienes, como autos, yates, y casas, a través de empresas y sociedades. En esas compañías aparecían como socios los Schoklender y otras personas vinculadas a la fundación, a las que el fiscal Di Lello pidió que sean indagados por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de dinero.