Paridad política en Argentina: algunos avances y mucho por hacer

Iniciativa Atenea*


Argentina obtuvo 55,6 puntos sobre 100 en el índice de Paridad Política 2021, 12 puntos por encima de la medición de 2016. Sin embargo, no obtuvo el máximo puntaje en ninguna de las dimensiones del índice, sobre todo en “Poder Judicial” y “Partidos políticos”.


La segunda aplicación del Índice de Paridad Política de ATENEA en Argentina demostró que el país ha realizado importantes avances, especialmente con la sanción de la Ley de Paridad en el ámbito legislativo nacional en 2017, su primera implementación en las elecciones de 2019 y la sanción de 14 nuevas leyes de paridad en las provincias desde la última medición del índice en 2016.

Si bien la ley de cuotas pionera de los noventa había logrado importantes avances, la evidencia ya había demostrado el amesetamiento del ingreso de las mujeres al parlamento nacional y las legislaturas provinciales (Archenti y Tula, 2013 y 2017; Jones et al., 2012).

Sin embargo, estos avances resultan insuficientes y aún quedan por resolver desafíos persistentes en los distintos poderes del Estado (y sus niveles) y en el ámbito de los partidos políticos.

Por un lado, en el caso del Poder Legislativo (en todos sus niveles) se han producido avances notables al garantizar legalmente el acceso paritario, pero aún quedan cuestiones por resolver respecto de los encabezamientos de listas (paridad horizontal) o reemplazos por género en caso de vacancias.

Más aún, una vez que las mujeres acceden a los parlamentos enfrentan otros desafíos y obstáculos para el ejercicio del poder y la participación en condiciones de igualdad que permitan garantizar el avance hacia una representación sustantiva.

Por otro lado, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial y los partidos políticos aún queda un gran camino por recorrer para alcanzar un acceso igualitario y, en consecuencia, la plena participación de las mujeres y la igualdad real en la toma de decisiones. Es decir, en contraste con el Poder Legislativo (en todos sus niveles), existen mayores y persistentes desafíos en los ámbitos donde no rigen cuotas ni medidas de paridad de género para promover el acceso de las mujeres -como el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo Nacional y la Administración Pública- o no se evidencian compromisos firmes con la igualdad sustantiva, como en el caso de los partidos políticos, a pesar de que ya rige la paridad para estos últimos.

En términos globales, Argentina obtuvo 55,6 puntos sobre 100 en el IPP 2021, 12 puntos por encima de la medición de 2016. Sin embargo, no obtuvo el máximo puntaje en ninguna de las dimensiones del índice, aunque en algunas se encuentra mucho mejor posicionada que en otras.

El mayor puntaje se registró en la dimensión 3 sobre las normativas de “Cuota/paridad” (86,9 puntos) y le sigue la del “Ejercicio del derecho al sufragio” -que no había sido medida por falta de datos en el IPP 2016- con 82,8 puntos. En tercer lugar, la dimensión sobre el “Poder Ejecutivo y Administración Nacional” que alcanzó 66,2 puntos y la mayor distancia con la medición anterior, con 20 puntos de diferencia, debido a la jerarquización de la institucionalidad de género en el país con la creación del Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La dimensión del Poder Legislativo se mantuvo, con unos puntos menos, como en el 2016.

La primera dimensión sobre los compromisos nacionales con la igualdad de género se mantuvo igual que la medición anterior. Y, en las dos dimensiones con el puntaje más bajo, la del Poder Judicial y Electoral y la de los Partidos Políticos se observa un leve descenso. En el caso de la última dimensión sobre el Poder Local, no es posible realizar la comparación porque se midieron todos los municipios del país mientras que en la anterior se realizó el cálculo sólo sobre los municipios de la provincia de Buenos Aires.

En síntesis, a pesar de los avances normativos sobre paridad de los años recientes, aún quedan pendientes la eliminación de otras barreras legales y también obstáculos informales y (casi) invisibles basados en los estereotipos y roles tradicionales de género y arraigados en la cultura política machista y patriarcal (Archenti y Tula, 2007).

Algunas de estas barreras invisibles y culturales están vinculadas a nudos estructurales del sistema patriarcal: por un lado, las desigualdades de los trabajos domésticos y de cuidados y por el otro, la violencia y discriminación que sufren las mujeres por razones de género. Así las injusta y desigual distribución de los cuidados en perjuicio de las mujeres condiciona y limita el ejercicio de sus derechos políticos (Rulli, 2020) y la violencia contra las mujeres en la política obstaculiza y condiciona las posibilidades e acceso a cargos de decisión y ejercicio pleno una vez que accede (Albaine, 2018, 2015, 2014).

* Alianza que impulsa el ejercicio político de las mujeres, desarrollado por el PNUD Argentina, ONU mujeres Argentina e IDEA internacional para América Latina y el Caribe. (Extracto de las conclusiones del informe 2021)


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